Ordenan la demolición del edificio de la finca Los Pinos

A los 18 años de su construcción y múltiples y azarosos avatares.

La Teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, ha ordenado a la empresa Construcciones y construcciones Chiclana 2000 SL, propietaria del edificio construido ilegalmente en la Finca Los Pinos, “La demolición de las obras sin finalizar consistente en edificio de dos plantas realizados con estructura de hormigón y fábrica de ladrillo de aproximadamente 654 m2 en Ctra. El Puerto –Rota, Finca Los Pinos”. La responsable de Urbanismo da un plazo de dos meses para proceder la demolición del edificio, pasado los cuales sin que se haya realizado “se procederá al ejecución subsidiaria de las obras demolición”.

La construcción de este edificio data de 1998, cuando esta empresa constructora adquiere la finca Los Pinos, declarada por entonces no urbanizable por su interés forestal, yab que en su mayoría estaba cubierta por un bosque de pinos y un denso matorral conformado por sabinas, lentiscos, sanguinos… Los responsables de la empresa procedieron a desbrozar todo el matorral, dejando el bosque muy deteriorado, e iniciaron la construcción de un gran edificio de más de 600 m2. Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sancionó a la empresa con 10 millones de pesetas (60.000 €) y la obligación de repoblar la finca, cosa que nunca se hizo.

El ayuntamiento no sólo se negó a abrir el correspondiente expediente sancionador, sino que firmó en 2003 un convenio -con el apoyo de IP y PSOE- con la empresa propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial. Las denuncias y alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción al nuevo PGOU del municipio consiguieron que la Junta desestimara esta actuación urbanística y prescribiera en la Declaración de Impacto Ambiental que todo el pinar como suelo protegido, aunque el PGOU excluyó al edificio ilegal de la zona protegida declarándola como suelo urbanizable.

El ayuntamiento se vio también obligado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, aunque de tan malas ganas, que todo el proceso ha sido, adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces la caduque el expediente por negligencia en las actuaciones e, incluso, a que el TSJA anulara la primera orden de demolición por haber sido firmada por la anterior Teniente de alcalde de Urbanismo, Patricia Ybarra, sin tener competencia para ello, ya que tenía que haberla firmado el alcalde. No sabemos si estamos ante una repetición de la jugada.

La última vez que se dejó caducar el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo fue a instancia de Ecologistas en Acción que se volvió a reabrir. Ecologistas en Acción se dirigió al alcalde, sr. Candón, exigiendo se procediera de forma inmediata a la apertura de nuevo expediente de protección de la legalidad sobre las obras denunciadas dado que, como se señala en el decreto de inicio del expediente caducado, las obras no se encontraban finalizadas, y por tanto no está prescrita la acción sancionadora. Así mismo solicitamos al alcalde que se exigieran las responsabilidades correspondientes por permitirse la caducidad del expediente. El expediente se reabrió y ahora culmina con una nueva orden de demolición, que esperemos se cumpla lo antes posible. A la exigencia de responsabilidades, nunca nos contestó.

Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la permisividad de las administraciones públicas con el urbanismo ilegal, que normalmente no se denuncia, y cuando se hace, no se tramitan correctamente los correspondientes expedientes, que se dejan caducar, y cuando se culminan y se ordena el derribo, nunca se lleva a cabo.

¡Hay que acabar con el imperio de la ilegalidad en el urbanismo!.