El contrato da todas las facilidades a la constructora en contra de las poblaciones locales y el medio ambiente.

Concepción García Herrera, Área de Antiglobalización, Paz y Solidaridad de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 84.

Las cifras de la obra son apabullantes: un canal de 278 km de largo y hasta 500 m de ancho. Pero más abrumadores son sus impactos: destrozará la principal reserva de agua dulce de Centroamérica, el lago Cocibolca, afectará a muchos espacios y especies protegidos, arrasará con la forma de vida de numerosas comunidades locales. Y todo ello, con unas condiciones a la empresa promotora, de capital chino, que le permitirán una impunidad y discrecionalidad casi absoluta.

La construcción de un canal navegable que comunicara el Océano Pacífico con el Atlántico y el Mar Caribe sobre el trazado del río San Juan y el lago Cocibolca (o de Nicaragua) en el territorio de la actual Nicaragua ha sido un mito constante en la historia e identidad del país y de la región.

La idea ya fue concebida en la época colonial. Más tarde, en el siglo XIX, el príncipe Luis Napoleón de Francia y otros visionarios franceses elaboraron varios anteproyectos, posteriormente los ingleses, y hasta los filibusteros de William Walker, de la mano del naviero Cornelius Vanderbilt estuvieron, y estudiaron, interesados, el proyecto. En épocas posteriores, y durante todo el siglo XX, incluso después de que en 1904 Estados Unidos comprara y explotara el canal de Panamá, el mito del canal ha venido formando parte de los planes de desarrollo de los sucesivos gobiernos nicaragüenses.

Pero el sueño del canal no solo ha estado presente en libros de viajes, bitácoras, informes y estudios de viabilidad y anteproyectos, sino que también poemas épicos, fábulas, cuentos y novelas han recogido este mito nacional, conformándolo, explotándolo, alimentándolo o distorsionándolo, pero siempre amplificándolo.

En 2006 llega al gobierno Daniel Ortega, candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, si bien no al principio, sí posteriormente, el mito, otra vez, sobrevuela la realidad nicaragüense. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y el más pobre de la región centroamericana [1] y el proyecto es presentado como una oportunidad para la creación de empleo (desde el Gobierno se habla de 1,2 millones de empleos nuevos) y para el crecimiento (se preveía un incremento en el 4,5% en el PIB desde que se iniciaran las obras del canal, y achacables de manera exclusiva al mismo). El mito, se alimenta, además, desde la justificación, no demostrada ni fundada, de que la obra se iniciaría en el mejor de los contextos económicos por el incremento del transporte marítimo y la saturación del Canal de Panamá.

El mito y el dragón

El gobierno de Ortega concreta la puesta en marcha del megaproyecto a través de dos reformas legislativas [2]. En la primera, de 2012, se fijaba que el proyecto sería abordado por una empresa mixta público-privada con el 51% de las acciones de titularidad estatal y bajo una cierta protección ambiental, entre otras cosas. Pero de manera paralela a un opaco proceso de adjudicación de la obra y explotación del canal, en 2013 se blinda el mismo con la ley 840, adjudicando el megaproyecto por 50.000 millones de dólares a un entramado empresarial de reciente creación, con poca o nada experiencia en estos proyectos, poco transparente y que genera dudas sobre su solvencia económica y con capital chino. La empresa HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development) cuyo presidente es Wang Jing, es la empresa principal. Así, el mito tiene ya también su dragón.

Condiciones draconianas
La ley 840 establece unos nuevos criterios para el Canal obscenamente favorables a la empresa adjudicataria:

  • Nicaragua solo recibirá anualmente el 1% de las acciones por parte de las adjudicatarias, tras la entrada en operaciones del canal.
  • La concesión a las empresas será de hasta 100 años.
  • La empresa tiene entera discreción para definir qué terrenos expropiar y cuándo.
  • Desde el Gobierno no se aplicarán sanciones administrativas, económicas, civiles ni penales al adjudicatario como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por este, ya sea por acción u omisión.
  • No se establece claramente la necesidad de un Estudio de Impacto Social y Ambiental.

No solo por el contenido, sino también por su forma irregular de tramitación esta ley tiene interpuestos más de 30 recursos de anticonstitucionalidad [3].

A la construcción del Canal se suman además toda una serie de proyectos adyacentes: dos puertos, uno a cada lado del mismo, una zona de libre comercio –que tendrá un área comercial, otra de procesamiento para exportación, una de oficinas financieras así como otra urbana para 140.000 habitantes–, un gran complejo turístico, un nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, un canal seco mediante ferrocarril, y otros previstos como complementarios, como un oleoducto, una planta hidroeléctrica o un lago artificial.

La dura realidad

El trazado seleccionado finalmente para el Canal, de entre los cuatro posibles, será de 278 kilómetros (el de Panamá es de 80 km) y partirá desde la desembocadura del río Brito en el Pacífico hasta la desembocadura del río Punta Gorda en el Mar Caribe, en el sureste del país, atravesando el Gran Lago de Nicaragua a lo largo de 105 kilómetros. El ancho del canal será de entre 230 metros y 520 metros, con una profundidad de hasta 30 metros, de acuerdo con el plan oficial.

El lago de Nicaragua, con más de 8.000 km2, es el segundo más grande de América Latina y la más importante reserva de agua dulce de la región centroamericana. Desde el punto de vista geológico y geográfico es un enclave de enorme importancia ya que el lago forma parte del arco volcánico centroamericano, y entre sus más de 400 islas, en la de Ometepe, está todavía activo el volcán Concepción. Además de su importancia ecológica, con especies tan particulares como el tiburón toro y el pez sierra, en agua dulce.

La empresa adjudicataria, HKND, encargó un estudio de impacto ambiental a la británica Environmental Resources Management (ERM) pero empezó las obras antes de que el estudio concluyera. Además, este estudio, de más de 500 páginas y que fue aprobado por el Gobierno en un solo día, ha despertado fuertes críticas sobre la seriedad, calidad y la complacencia de las conclusiones de esta evaluación, especialmente vertidas por la organización nicaragüense Centro Humboldt [4], que ha realizado un estudio alternativo.

El informe del Centro Humboldt detalla una serie de consecuencias e impactos de la construcción del Canal transoceánico y todos sus proyectos adyacentes en diferentes ámbitos:

  • En lo social, el canal supondría la ruptura del territorio y por tanto de las relaciones y comunicaciones entre distintas comunidades hasta ahora vecinas y para lo que de momento no hay establecidas alternativas, así como también la expropiación de sus terrenos de vivienda y modo de vida agrícola y por tanto de su desplazamiento. Además, el trazado del canal atraviesa el territorio de poblaciones indígenas, a las que no se ha dado la opción de consulta y participación de una “manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan” recogido en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo y ratificado por Nicaragua.
  • Desde el punto de vista ambiental, las obras partirían en dos el Corredor Biológico Mesoamericano diseñado por los gobiernos de la región, afectando a unos 4.000 km2 de superficie de bosques, costa y humedales que incluyen espacios protegidos y reservas de gran valor ecológico [5], que configuran el hábitat de al menos 22 especies vulnerables y en peligro de extinción (incluyendo tapires, jaguares, tortugas marinas y corales) y una variedad de ecosistemas cada vez más escasos en Centroamérica.
  • Además, desde el punto de vista hídrico el Canal causaría impactos sustanciales en la calidad del agua y su distribución en el país y en la región. Tanto el proceso de construcción del canal como los derrames accidentales de petróleo de buques oceánicos que utilizarían la ruta del Canal, perjudicarían de manera muy significativa el uso del agua del lago para beber, la pesca, el riego y la seguridad alimentaria y el turismo. El Cocibolca dada su poca profundidad debería ser, además, dragado.

La resistencia al Canal Transoceánico ha venido calando en Nicaragua, especialmente en parte de la comunidad científica, poblaciones y comunidades afectadas y organizaciones sociales, especialmente ecologistas, agrupadas en el llamado Grupo de Cocibolca. En los últimos meses se han sucedido comunicados, actos y marchas que han sido duramente reprimidas por el Gobierno nicaragüense. La desmitificación del Canal se enfrenta a fuertes intereses por mantenerlo.

Notas

[1] El 74,1% de la población nicaragüense se encuentra en situación de pobreza, bajo el concepto de pobreza multidimensional. CEPAL (2014): Panorama social de América Latina.

[2] – Ley 800: “Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”.
- Ley 840: “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal. Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

[5] El sistema de humedales de San Miguelito (área protegida por la Convención Ramsar), la Reserva Natural Cerro Silva, la Reserva de la Biosfera de Río San Juan, que comprende siete áreas protegidas, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre los Guatuzos, la Reserva Biológica Indio Maíz, y el Archipiélago de Solentiname.