El hecho principal de la querella es que todos los denunciados, actuando como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera o de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, han omitido, a sabiendas de su injusticia, la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el actual PGOU de Morón, vigente desde abril de 2012, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera Sierra de Morón.
Esta explotación minera, que lleva produciendo graves daños ambientales y al paisaje desde hace más de 30 años, quedó paralizada en diciembre de 2012, al cumplir su primer periodo de concesión minera, pero la connivencia entre el Ayuntamiento de Morón y la Junta de Andalucía ha permitido una prórroga por otros 30 años más.
Y ello, a pesar de que todos los querellados conocen que el suelo donde se ubica está calificado, por sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística (SNU-PU), en su gran mayoría de Conservación Prioritaria, según consta en un Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, realizado a instancias del propio Alcalde de Morón de la Frontera, donde se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos.
El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez, una vez conocido el contenido del informe urbanístico, se negó expresamente a remitirlo a las autoridades ambientales, con la evidente intención de que no fuera tenido en cuenta dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se había iniciado. En su defecto, para dar apariencia de legalidad, el Alcalde remitió un informe diferente del Jefe del Departamento municipal de Medio Ambiente, que omitía la legalidad urbanística municipal.
Exactamente igual hizo este mismo funcionario municipal en el expediente del Crematorio de Morón -de los mismos propietarios que la cantera de la Sierra de Morón-, donde después de más tres años funcionando ilegalmente, finalmente fueron anuladas judicialmente todas las licencias municipales, a pesar de la falsedad de los informes municipales, gracias al contundente trabajo de los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción.
En el caso de la cantera Sierra de Morón, la gravedad de los hechos y los daños ambientales y paisajísticos que se están produciendo, nos obligan a iniciar acciones judiciales en vía penal, por posibles delitos de prevaricación de los artículos 320, 329 y 404 del Código Penal, que debería resolverse con mucha más rapidez que el caso del Crematorio.
Esta actuación arbitraria, antijurídica e injusta, y presumiblemente delictiva, se extiende también a las autoridades ambientales provinciales, porque aunque el Ayuntamiento no les remitió el referido Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, Ecologistas en Acción se lo hizo llegar en mayo de 2013, dentro del periodo de consultas e información pública, y sin embargo, igualmente lo han obviado completamente, a sabiendas de que sus conclusiones son determinantes y conllevan la inviabilidad ambiental de la explotación minera.
En particular, el Secretario Provincial, Salvador Camacho Lucena, omitió la comprobación de la veracidad del Informe urbanístico, a pesar de disponer del Servicio de Urbanismo dentro de la misma Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a pesar de las múltiples reiteraciones realizadas por Ecologistas en Acción. En vez de eso se limitaron a aceptar las justificaciones falsas del promotor de la cantera. También este Secretario Provincial fue responsable de las autorizaciones ilegales que la Junta de Andalucía otorgó al Crematorio de Morón y que fueron anuladas posteriormente.
Hasta tal punto es determinante la información urbanística contenida en el Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, que recientemente el Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado Resolución de 24 de febrero de 2015 en la Queja Q14/174 interpuesta por Ecologistas en Acción, donde considera que se debe revisar la Declaración de Impacto Ambiental que permite la explotación minera, ya que ambos organismos, Ayuntamiento de Morón y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, han ocultado y omitido la información urbanística determinante destinada a proteger el suelo de usos y actividades contrarias a sus valores ambientales, ecológicos y paisajísticos.
