Los controles de población de lobos que se ejecutan actualmente en Asturias no tienen cobertura legal y carecen de justificación técnica o científica. Así lo advierten Ecologistas en Acción, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico y la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies en un escrito enviado a la Dirección General de Recursos Naturales del Principado de Asturias. Se refieren a la prórroga concedida para la realización de estos controles indiscriminados, que amenaza a la especie en época de reproducción.

El Principado de Asturias aprobó el pasado 19 de marzo una resolución por la que prorrogaba los controles de población de lobos durante tres meses más, hasta finales de junio. Se trata de una medida indiscriminada, ya que se dirige al azar hacia cualquier ejemplar, al margen de su sexo o edad y de que haya sido o no causante de daños a la ganadería.

No hay motivo real para extender estos controles en el tiempo, como denuncian las organizaciones en el escrito. Con la resolución se permite de facto la captura de ejemplares en plena época de reproducción de la especie. Además, consideran que la resolución ha quedado derogada por el Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias.

Por lo tanto, las entidades conservacionistas consideran que la captura de cualquier ejemplar de lobo al amparo de la Resolución de 19 de marzo de 2015 carece de cobertura legal alguna y supondrá la vulneración de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Diversidad, Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y la Directiva 92/43/CEE.

En el escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Naturales se advierte de que la autoridad o funcionario que autorice la captura de ejemplares al amparo de dicha resolución, podría incurrir en un delito de prevaricación tipificado en el art. 404 del Código Penal.

Si el Principado de Asturias continúa con estas autorizaciones las organizaciones conservacionistas advierten que pondrán en marcha diversas iniciativas legales para detener estos controles de población ilegales.