Un juzgado de Navalcarnero cita a declarar como imputado a Miguel Allue- Andrade Camacho, exdirector General del Medio Natural, por un presunto delito de prevaricación, relacionado con las funciones que desempeñaba en 2005 cuando informó favorablemente la ejecución de la variante de la carretera M-501 a su paso por Pelayos de la Presa. Ya son cinco los cargos de la Consejería de Medio Ambiente que han tenido que declarar como imputados. Los hechos fueron denunciados por la asociación Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, colaboradora de Ecologistas en Acción.

Miguel Allue-Andrade Camacho ejerció de Director General del Medio Natural desde 2004 a 2008, en el primer gobierno de Esperanza Aguirre. Actualmente forma parte del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Debido a su cargo, Miguel Allué-Andrade tenía que informar sobre el impacto en la fauna y flora de la ejecución de la variante de la carretera M-501. Las obras de esta carretera que bordea por el sur el casco urbano de Pelayos de la Presa, se iniciaron en 2005 y afectaron gravemente a hábitats y especies protegidas de un espacio Red Natura. Una de las especies más afectadas fue el topillo de Cabrera, un pequeño roedor que tenía en esta zona sus mejores poblaciones (hoy destruidas en parte).

Los hechos fueron denunciados por Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, pero las personas ahora imputadas obviaron las denuncias y permitieron el inicio de las obras. Ahora es el Ministerio Fiscal quien está investigando lo sucedido y solicitando, al juzgado número 3 de Navalcarnero, la citación como imputados de altos cargos y técnicos implicados.

En junio tendrá que declarar como imputado Miguel Allue-Andrade. En enero y marzo ya lo hicieron, en la misma calidad de imputados, Mariano Zabía Lasala, Exconsejero de Medio Ambiente, Mª Jesús Villamediana Exdirectora General de Evaluación Ambiental, Alicia Izquierdo actual Subdirectora General de Impacto Ambiental y José Luis García Martín técnico de apoyo de informes ambientales y actualmente jubilado.

Las asociaciones Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible y Ecologistas en Acción consideran que estas imputaciones refuerzan sus denuncias. Las obras sólo buscaban favorecer intereses urbanísticos, para ello no se dudó en dañar una de las zonas de mayor valor ambiental de la Comunidad de Madrid. Esta es la forma de gestionar el medio natural que debe ser desterrada y por la que se deberían asumir responsabilidades políticas, al margen de las judiciales.