Apuesta por una política urgente hacia las energías renovables y la minería no contaminante en Andalucía

Necesidad de una apuesta política urgente por las energías renovables y la minería no contaminante en Andalucía [1]

Globalmente, no existe una apuesta política decidida por las energías renovables no contaminantes y pobremente desarrolladas (solar, eólica, mareomotriz, undimotriz, biomásica, etc.) por parte de los dirigentes andaluces. Por el contrario, en los últimos años, han proliferado en esta Comunidad los permisos de investigación y/o explotación destinados a las clásicas energías fósiles no renovables (petróleo, gas natural y carbón) y a la minería metálica a gran escala (sulfuros, cobre, etc.) que son altamente contaminantes, malgastan muchos millones de metros cúbicos de un recurso escaso (el agua), representan un serio riesgo para el conjunto del Patrimonio de la Comunidad (cultural, paisajístico, arqueológico, biológico, etc.), alteran la estabilidad sísmica de la corteza, perturban el ecosistema marino y suponen un revulsivo para la principal fuente de ingresos de Andalucía (el turismo de las costas).

Energías renovables en Andalucía.

Aunque nuestro objetivo no sea analizar las energías renovables que deben ser una alternativa futura a las no renovables en Andalucía, por desgracia, las primeras tienen un desarrollo pobre o inadecuado en la actualidad. A pesar de que la energía solar haya tenido éxito puntualmente en una central termosolar andaluza (Sanlucar la Mayor), es bien sabido que los materiales que componen las placas fotovoltáicas son altamente contaminantes y tardan muchos años en reciclarse. La energía mareomotriz no tiene muchas posibilidades en las costas del S de España porque genera un gran impacto ambiental en estas zonas turísticas y su aplicación es difícil al carecer de espacios estuarinos o bahías confinadas que soporten proyectos de este tipo. La energía eólica es la que más se aplica en esta Comunidad pero su impacto ambiental/paisajístico es tremendo. La energía unimotriz puede tener un gran futuro en los muchos kilómetros de costas de Andalucía pero las investigaciones al respecto se encuentran todavía en un estadio muy precario. La energía biomásica sigue siendo la eterna olvidada y aunque presenta muchas posibilidades en residuos silvícolas y olivareros y en el aprovechamiento del biogás, su productividad es limitada (solo produce un 60% de metano y el resto es dióxido de carbono).

Energías fósiles no renovables:

Basta analizar un mapa de la Comunidad de Andalucía para comprobar que existen más de 40 permisos autonómicos o estatales para hidrocarburos que han invadido en estos últimos años su principal arteria hídrica desde Jaén hasta Huelva (el valle del Guadalquivir), así como amplios sectores marítimos costeros de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada (ver mapa ).

Lo primero que debemos señalar es que todos los permisos existentes en un amplio sector meridional (S de Sevilla, S y SO de Cádiz, Golfo de Cádiz y mar de Alborán) se localizan en una zona sísmicamente activa y estas explotaciones antrópicas representan un riesgo real de inducir terremotos potencialmente catastróficos. Según los modelos geodinámicos más recientes, en el Golfo de Cádiz existe una zona de subducción oceánica que se hunde hacia el E por debajo del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán y por lo tanto estamos en un dominio interplaca altamente activo sísmicamente (parecido al de la Placa Caribe). Recordemos que en el sector marítimo Atlántico del Golfo de Cádiz se produjeron los dos terremotos más importantes de la península Ibérica: el de Lisboa en 1755 (Magnitud 8; 60.000 muertos) y el de Cabo San Vicente en 1969 (Magnitud 7.3). La mayoría de las víctimas del gran terremoto de Lisboa se debieron al tsunami que asoló las costas aplanadas del SO. En este sentido, y aunque no se suele mencionar este tema preocupante, es innegable que la estabilidad sísmica del SO y S de la península está seriamente amenazada por estos permisos para hidrocarburos, algunos de los cuales llevan años funcionando “off-shore” en el Golfo de Cádiz en una amplia franja costera entre Cádiz y el Algarve portugués.

A continuación describimos someramente los cuatro tipos de permisos existentes y comentaremos brevemente los casos más problemáticos:

- Once permisos estatales se encuentran hoy en día en plena actividad (desde hace varios años) y sorprendentemente nadie parece preocuparse por estas explotaciones en Córdoba, Sevilla y Huelva a lo largo del río Guadalquivir (permisos El Ruedo, El Romeral, Las Barreras, Marismas) y en el sísmogenético Golfo de Cádiz (permisos Poseidón N & S, Cyre, Calypso). Las actividades desarrolladas en todos estos permisos constituyen un absoluto misterio debido al hermetismo impuesto por las administraciones.

- Cinco permisos estatales han sido concedidos en Sevilla, Huelva y Cádiz, cuatro de los cuales presentan un alto riesgo sísmico (Ruedalabola, Tesorillo, Calderín, Horquilla). Asimismo, el Estado aprobó ocho gigantescas concesiones en el sismogenético mar de Alborán entre Málaga y Granada, amenazando gravemente el turismo y el ecosistema marino de la Costa del Sol (las últimas noticias indican que algunos de ellos podrían ser abandonados por las empresas, como ocurrió en Canarias).

- Cuatro permisos autonómicos han sido concedidos en Jaén, Sevilla y Cádiz. Los permisos Ulises 2 & 3 (Jaén) se encuentran en una zona especialmente conflictiva (Loma de Úbeda y borde N de Sierra Mágina) que lleva sufriendo varios enjambres sísmicos ininterrumpidos desde el año 2010 hasta la actualidad y que se pueden relacionar con un mecanismo de hidrosismicidad causado por las variaciones del ciclo hidrológico: la serie sísmica de Torreperogil-Sabiote 2012/2013 alcanzó la cifra record de más de 8000 terremotos (leves en su mayoría). El permiso Penélope en Sevilla también se encuentra en una zona sismogenéticamente peligrosa ya que linda con la mayor falla de la península Ibérica (la falla OSO-ENE del Guadalquivir) y con el epicentro del gran terremoto de Carmona de 1504 (Magnitud > 6.8) relacionado con dicha falla. En un último acto de desvarío institucional, el Gobierno Andaluz en funciones acaba de aprobar varios de los proyectos de inyección subterránea de hidrocarburos solicitados por la empresa Gas Natural en el borde N del Parque Nacional Doñana: se han concedido 8 pozos en Aznalcázar (Sevilla) y 4 en las Marismas Occidentales (Huelva). Sin embargo, los medios de comunicación únicamente resaltan el supuesto posicionamiento “ecológico” de la JA que veta los almacenamientos en el Parque Doñana, sin mencionar el grave riesgo sísmico que representan los otros pozos de inyección de gas natural que acaban de ser concedidos. Debemos resaltar el hecho de que los almacenamientos subterráneos de gas natural previstos en Doñana son muy parecidos (sino idénticos) a los de la plataforma Castor en la zona marítima costera de Castellón (que causó una grave crisis sísmica y tuvo que ser finalmente clausurada por el Gobierno), pero en el caso del SO de Andalucía conllevan muchísimos más riesgos sísmicos ya que este sector (S de Huelva, S y SO de Cádiz, Golfo de Cádiz) es un auténtico polvorín sísmico como ya hemos visto. Por ello, estas inyecciones “estratégicas” son inviables en esta zona particularmente sismogenética del S de la Península. Muchos argumentan que este tipo de instalaciones son seguras porque en el mundo existen más de 700 almacenes subterráneos de gas con una capacidad de casi 400 billones de metros cúbicos (2013) que, aparentemente, no han generado problemas (la corteza terrestre tiene tiempos de reacción muy diferentes a los nuestros).

- Catorce permisos han sido solicitados en Jaén, Córdoba y Sevilla a lo largo del valle del Guadalquivir y están pendientes de su aprobación por las administraciones correspondientes. Los permisos jiennenses Himilce 1,2,3 se encuentran en la misma zona sismogenética reseñada anteriormente (Loma de Úbeda) y cortan de lleno la directriz NE-SO sísmicamente activa de Andújar, Bailén, Linares donde se produjeron tres seísmos importantes en 1169 y 1951 (Magnitudes de 4, 4.8 y 6.2). Los permisos Lola 1 & 2 en Córdoba son los que tienen las mayores probabilidades de que se aplique la fracturación hidráulica al haberse detectado abundantes capas de carbón a profundidades bastante someras (750 a 1000 m). Las actividades petrolíferas previstas en los mismos representan un riesgo enorme para la integridad de la monumental capital, Patrimonio de la Humanidad, que se encuentra a pocos kilómetros al N de estos permisos. El permiso Penélope E (Sevilla) implica también un riesgo sísmico ya que se encuentra localizado sobre la gran falla OSO-ENE del Guadalquivir.

Por desgracia, el oscurantismo y hermetismo de las administraciones implicadas es absoluto ya que se niegan a desvelar las características de los permisos de investigación/exploración (incluyendo los informes técnicos que se actualizan regularmente), amparándose en las famosas cláusulas de confidencialidad de las empresas que parecen prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos. Oficialmente, en el BOE (u otros boletines de las Comunidades Autónomas) solo aparecen las coordenadas y el nombre de los permisos junto con el nombre de la empresa adjudicataria y únicamente se indica que se trata de un permiso de investigación/explotación “para hidrocarburos”. Esto es como no decir nada ya que en el mundo del “oro negro” hay muchísimas variedades de hidrocarburos y de técnicas para extraerlos o inyectarlos y este secretismo resulta intolerable ya que las tierras pertenecen al pueblo y se trata de actividades industriales a gran escala altamente arriesgadas para los habitantes y su medioambiente.

Tanto la Junta de Andalucía como las empresas petrolíferas hablan invariablemente de “hidrocarburos convencionales” para estos permisos andaluces (bolsadas de petróleo y gas extraídos de sus trampas geológicas por simple diferencia de presión y bombeo) ya que esta técnica es supuestamente inocua y no genera alarma social. Sin embargo, y aunque no lo reconozcan oficialmente, existe abundante documentación (medios de comunicación, congresos, cursos, etc.) y muchos datos geológicos fiables que indican que la mayoría de los permisos andaluces tienen como objetivo prioritario los “hidrocarburos no convencionales” (el gas natural que se encuentra atrapado en los minúsculos poros de ciertas rocas sedimentarias bituminosas, en particular el famoso gas de esquisto o de pizarra) para lo cual es necesario emplear la controvertida técnica de la fracturación hidráulica (“fracking”): se inyectan enormes cantidades de agua a grandes presiones (mezclada con arena y compuestos químicos tóxicos) en sondeos horizontales profundos para conseguir desmenuzar la roca y liberar el gas. El “fracking” genera un enorme rechazo social en todo el mundo (y en España también ante la previsible aplicación de esta técnica en los próximos años) debido a sus múltiples y nefastas consecuencias: contaminación de acuíferos, suelos, aire; acaparamiento masivo de terrenos y recursos hídricos; sismicidad inducida; degradación del paisaje; accidentes y vertidos de líquidos residuales tóxicos; explosiones o incendios; etc. Por esta razón, las empresas petrolíferas (debidamente respaldadas por la Junta de Andalucía) evitan a toda costa reconocer que sus objetivos de explotación en los permisos andaluces implican la utilización del “fracking” y jamás mencionarán términos políticamente incorrectos como “no convencional” y “gas de esquisto”. La controversia sobre los hidrocarburos no convencionales parece centrarse exclusivamente en este “fracking” clásico en esquistos”/pizarras pero existen otros tipos de “fracking” menos publicitados (cuando el gas está impregnando arenas compactas y carbones) que son tanto o más peligrosos porque se llevan a cabo a profundidades menores, con el consiguiente riesgo para los acuíferos: este tipo de “fracking” es el que tiene las mayores posibilidades de aplicarse en Andalucía. Además, no se suele mencionar que las explotaciones de hidrocarburos convencionales en todo el mundo llevan más de siglo y medio utilizando técnicas secundarias y terciarias altamente contaminantes para mejorar el rendimiento de sus pozos, entre las cuales se encuentra el “fracking”: al principio verticalmente (“explotaban los pozos” en profundidad mediante torpedos, nitroglicerina o napalm) y después horizontalmente con el objetivo de fracturar hidráulicamente los estratos de rocas bituminosas y concentrar los hidrocarburos hacia el pozo de bombeo que ha bajado su producción (utilizando agua, C02, polímeros, solventes, vapor, combustión in situ, explosiones, etc.).

En este sentido, la explotación de hidrocarburos (tanto convencionales como no convencionales) es absolutamente desaconsejable en la cuenca del Guadalquivir porque ambas técnicas emplean el “fracking”, porque las capas de arenas, carbones o pizarras se encuentran a profundidades muy someras (entre 500 y 1000 m) cercanas a los acuíferos que pueden contaminar (la fracturación hidraúlica se suele efectuar a profundidades de entre 1500 y 3500 m) y porque esta técnica podría inducir sismicidad en una corteza sismogenéticamente activa.

Todos los permisos para hidrocarburos de la cuenca del Guadalquivir representan una evidente amenaza para un bien tan preciado como es el agua en esta región árida. El “oro líquido” (que constituye un derecho humano fundamental y que es el origen de la vida) se va a utilizar y/o contaminar masivamente en un futuro cercano para extraer el “oro negro” (mediante fracturación hidráulica) que es el principal factor que ha contribuido al cambio climático del planeta en proceso de calentamiento global.

Finalmente, queremos señalar que la Junta de Andalucía sigue apostando también por otra energía no renovable, fósil, contaminante y obsoleta: el carbón de las minas de Guadiato en (Córdoba).

Minería metálica.

Por otra parte, la minería metálica altamente contaminante sigue siendo una apuesta firme de los dirigentes de la Comunidad de Andalucía que parecen querer reactivarla a toda costa, cuando en realidad no es más que una falsa “burbuja minera” insostenible ecológicamente. Entre los ejemplos más destacables están las minas de cobre de Rio Tinto (Huelva) y de Las Cruces (Sevilla), el distrito de plomo de Linares/La Carolina (Cerbero; Jaén), las minas de sulfuros de Aguas Teñidas y Lomero Poyatos (Huelva), la mina de sulfuros de Aznalcollar (Sevilla), etc. Recientemente, han salido a la luz las irregularidades en la concesión de esta última mina, pero la administración no parece plantearse la terrible amenaza que representa Aznalcollar por su alto poder contaminante de los sistemas hidrológicos de la zona (ej., acuíferos), sobre todo después del vertido masivo de 4.5 millones de hectómetros cúbicos de lodos tóxicos ocurrido en 1998 y que provocó el mayor desastre ecológico de Andalucía (la empresa no ha pagado todavía los 90 millones de euros que le reclama la Junta de Andalucía). La mina Las Cruces está contaminando continuamente el acuífero con arsénico y que ha extraído ilegalmente más de un millón de metros cúbicos de agua. El antiguo distrito minero de Linares/La Carolina lleva más de medio siglo contaminando el río Guadalquivir con metales pesados mediante un canalón general de desagüe localizado a 200 metros de profundidad.

Conclusión

Nos parece indecente que el beneficio pecuniario de unas empresas petrolíferas o mineras prevalezca sobre el bienestar y la salud de la población y del medioambiente de Andalucía.

Por desgracia, las diferentes administraciones implicadas se han posicionado sistemáticamente a favor de las empresas petrolíferas y mineras con la excusa de que sus actividades pueden resultar beneficiosas para la economía andaluza. Además, el absoluto hermetismo y oscurantismo con que se llevan a cabo estas explotaciones no se puede seguir consintiendo y es necesario que las administraciones públicas realicen un control exhaustivo de las mismas y aseguren una transparencia total de la información en beneficio de todos los ciudadanos.

Ahora es el momento oportuno para intentar paralizar los permisos de hidrocarburos que amenazan la integridad del subsuelo de Andalucía ya que la mayoría de ellos están todavía pendientes de aprobación o se encuentran en su fase inicial de exploración (31 de ellos). En relación a los once permisos que funcionan hoy en día es imperativo exigirles la documentación completa para analizar las extracciones/inyecciones que han realizado y, con un poco de suerte, derogarlos ya que actúan a su libre albedrío y la población desconoce las actividades altamente contaminantes que han podido perpetrar en su territorio.

Los dirigentes políticos y la población deben tomar conciencia de la necesidad urgente de apostar por las energías renovables no contaminantes que por naturaleza son tan generosas en Andalucía (sol, viento, mareas, olas, biomasa, etc.), aunque de momento su aplicación práctica y sostenible presente numerosos problemas. En este sentido, pensamos que la sociedad debería posicionarse en contra de los permisos para energías fósiles no renovables y la minería metálica a gran escala por el simple principio de precaución. Estas actividades antrópicas son altamente contaminantes para los habitantes y el medioambiente, acaparan un bien común fundamental como es el agua de la cuenca del Guadalquivir, implican un riesgo para el conjunto del Patrimonio de la Comunidad (arqueológico, paleontológico, cultural, paisajístico, biológico, etc.), alteran la estabilidad sísmica de la corteza, constituyen una seria amenaza para la integridad del ecosistema marino y representan un importante revulsivo para el turismo de las costas. Se puede afirmar que estas actividades industriales ponen en grave riesgo el futuro medioambiental del conjunto de la Comunidad de Andalucía.