El elevado coste de las inspecciones y la incertidumbre política han provocado que Nuclenor se plantee paralizar las operaciones ordenadas por el Consejo de Seguridad Nuclear hasta después de las elecciones generales. Es una excelente noticia para la ciudadanía y el medio ambiente, como subraya Ecologistas en Acción.

Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y al 50% por ENDESA) parece haber decidido paralizar el programa de inspecciones de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ordenado por el consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Este programa incluía, entre otros procesos, las inspecciones de las penetraciones de la parte inferior de la vasija de Garoña y a la búsqueda de defectos en el acero de la vasija, similares a los hallados en las centrales belgas de Doel y Thianje. El CSN dictaminó que se inspeccionaran todas las vías por las que penetran las barras de control, que son los verdaderos frenos de la central, dada la enorme importancia de estas piezas. Asimismo, es clave saber si el acero de la vasija de Garoña sufrió los mismos problemas de fabricación que el de las centrales belgas, pues fue forjado por la misma empresa. Las dos centrales belgas están paradas cautelarmente hasta que se entienda el crecimiento de los miles de defectos y fisuras que han aparecido en sus vasijas.

Este paquete de inspecciones requiere el alquiler de aparatos especiales y la participación de equipos de expertos procedentes de Bélgica y EEUU. Algunas estimaciones cifran en cerca de 10 millones de euros el coste total de la inspección. Además, la realización e las inspecciones no garantiza el voto favorable del CSN, puesto que estas podrían dar resultados negativos y Garoña podría enfrentarse a un cierre cautelar. Si el informe fuera positivo, los gastos requeridos para realizar las reparaciones alcanzarían los 150 millones de euros.

Además de los elevados costes de estas operaciones, hay que tener en cuenta la enorme incertidumbre política a la que se enfrenta Nuclenor con las próximas elecciones generales en el horizonte. El PP y UPyD son los únicos partidos del espectro político que no se han opuesto al cierre de Garoña. Un posible cambio de gobierno supondría el cierre definitivo de la central y el haber tirado a la basura los gastos en las inspecciones y las dosis radiactivas sufridas por los trabajadores que las realizan.

El Gobierno de Mariano Rajoy apostó de forma decidida por la continuidad de Garoña poniendo todas las facilidades legales posibles a Nuclenor. Se llegó incluso a modificar el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas a la medida de Garoña. En la actualidad se da la paradógica situación de que el CSN está trabajando a la vez en el Cese de Explotación Definitivo y en el programa de inspecciones con vistas a la reapertura.

Por su parte, Nuclenor solicitó 17 años de vida para la central, lo que abría la puerta de que el periodo de funcionamiento de las centrales nucleares españolas fuera de 60 años. Por tanto, Garoña habría sentado precedente y la industria nuclear española se habría garantizado un periodo de explotación de 60 años para todas las centrales. La paralización de las inspecciones de Garoña, siupone pues una excelente noticia para el medio ambiente y para los ciudadanos y nos acerca un paso más hacia el cierre definitivo de la central, que ya debería haberse producido.