A pesar de que la actual revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) se ha redactado con escasa diferencia de tiempo, respecto a la redacción del propio Plan (aparece en BOE solo 3 días después de la publicación del PHG), para Ecologistas en Acción, el proyecto de revisión del PHG es un paso atrás respecto al vigente. No solo no hay mejoras significativas, sino que supone una involución con la vuelta a la vieja gestión tradicional de satisfacción de las demandas y el fomento de la obra pública.
El aspecto más destacado de la revisión del PHG es la nueva caracterización de las masas de agua, especialmente de las subterráneas. Resulta sorprendente que la aplicación de nuevos criterios, tras trabajos realizados en colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), haya dado como resultado una alteración en la identificación y la delimitación de las aguas subterráneas que en unos meses o días han pasado de ser 60 a 86, e igualmente, en este tiempo el recurso disponible de aguas subterráneas ha aumentado en 177 Hm3/año.
Pero es más, debido a esa redefinición de los límites de las aguas subterráneas, las aportaciones en régimen natural para el conjunto de la cuenca han aumentado respecto al primer ciclo. Y lo hacen de una forma que no está suficientemente explicada en el documento, ya que se ha pasado de 7.043 Hm3/año (serie larga) en el PHG vigente, a 8.260 Hm3/año en el borrador de propuesta de revisión del PHG. En una operación que calificamos de “zahorí de despacho”, la aparición de unos 1.200 Hm3/año de agua de más, supone una variación de 117%, una cifra cuanto menos insólita en la historia de la Demarcación, que además de injustificada, es claramente perjudicial para la concienciación social sobre la escasez y necesidad de ahorro del recurso, y es incompatible con las previsiones del cambio climático y su necesaria adaptación de las demandas.
Precisamente este aumento de agua en régimen natural es el argumento de la CHG para justificar, nada más ni nada menos, la propuesta de hasta 21 nuevas infraestructuras en la cuenca para ampliar la capacidad de regulación, y esto según la CHG con “la finalidad de hacerlas compatibles con la mejora del estado ecológico de las masas de agua y la explotación sostenible de los acuíferos de los sistemas más afectados”. Entre estas nuevas infraestructuras están el recrecimiento del embalse del Agrio, presas en varios ríos (Anzur, río Cabra, río Bembézar, Guadajoz, Fardes, Guadalbullón, Guadalén,…), embalses, etc.
Mucho nos tememos que esta nueva caracterización también sirva para justificar nuevas concesiones para el regadío, sobre todo en zonas conflictivas como el Entono de Doñana. Por ejemplo la antigua MASb 05.51 Almonte-Marismas, que debería estar declarada como sobreexplotada, ahora se subdivide en 5 masas distintas, resultando dos de ellas casualmente mejoradas cuantitativa y químicamente. Lo mismo ocurre con la antigua MASb 05.49 Gerena-Posadas que, al subdividirse posibilitará las futuras demandas de las industrias mineras, fundamentalmente las de la mina de Aznalcóllar.
Hay otros aspectos preocupantes como la disminución significativa de “presiones” (según DMA, toda actividad humana que incida sobre el estado de las aguas) justificada “por la aportación de nuevos datos y trabajos de digitalización”; así se ha pasado de 922 presiones por vertidos urbanos a solo 300, de 644 por vertidos industriales a 283, y de 106 vertederos a 20. Verdaderamente milagroso.
También resulta preocupante:
la ausencia de definición de caudales ambientales en todas las masas de agua, el escaso número de reservas naturales fluviales propuestas y
la falta de objetivos cuantitativos y específicos en relación a especies o hábitats que dependen del agua en los espacios Red Natura 2000 identificados en la Demarcación.
La CHG considera que la coyuntura económica y los cambios competenciales han originado un retraso en la explotación de las redes de control de calidad de las aguas subterráneas y superficiales, y por ello valoran la situación actual de las masas de agua con los datos correspondientes al año 2009 y 2010. Con una información tan poco actualizada, resulta arriesgado afirmar frases como “la eficacia de las medidas básicas de depuración”. Además siguen excluyendo a los peces como los mejores indicadores de la calidad del agua y abusando del “criterio de experto”.
La situación de las masas de agua que se refleja en la documentación no es la que realmente existe, como es el caso de algunas masas de agua subterránea en la provincia de Almería. Por ello, ni el Programa de Medidas ni los Objetivos Medioambientales están en consonancia con la realidad. Se abusa de las excepciones al cumplimiento de los citados Objetivos con demasiada frecuencia y sin la suficiente justificación que, cuando existe, es de carácter económico.
El ejemplo más claro de la falta de justificación lo ha puesto en evidencia el Tribunal Supremo al anular el dragado de profundización del Guadalquivir por tratarse de una obra que no cumple con los Objetivos Ambientales del PHG (sentencia del TS publicada el pasado 9 de marzo).
En cuanto al Programa de Medidas, una buena parte de las básicas no se han ejecutado, entre ellas las destinadas a controlar las extracciones, que son las de mejor relación coste-eficacia, las más baratas. No se han iniciado el 16% de las medidas para reducir la contaminación puntual ni el 20% para reducir la presión por extracción de agua. El grueso de la inversión, un 57%, se destina a satisfacer demandas y un 33% a saneamiento y depuración. Las inversiones en tratamiento y depuración, para Ecologistas en Acción, son fundamentales para cumplir con la DMA ya que son muchas las infraestructuras de depuración que aún faltan por ejecutar, por no mencionar que gran parte de las construidas no funcionan correctamente. Tan solo se destina un 7% a recuperación ambiental y la inversión en reducir la contaminación difusa provocada por la agricultura, una de las principales presiones de la cuenca, es muy baja. Tampoco se ha evaluado la eficacia de las medidas del Plan vigente ni se han analizado alternativas; no se analiza lo que pueda estar ocurriendo con la modernización de regadíos y con el deseado ahorro efectivo de agua.
Se renuncia, en gran medida, a la recuperación de los costes ambientales, hecho que solo se decide llevar a cabo en los usuarios urbanos, descargando en otros organismos o colectivos la recuperación de usos agrícolas.
En cuanto a la participación pública también ha habido una vuelta atrás respecto a trámites anteriores, siendo poco transparente la información puesta a disposición del público. También se han reducido de forma drástica los eventos e iniciativas para fomentar la participación, llevándose a cabo solo cuatro presentaciones del nuevo proyecto de la revisión del PHG y la edición de una edición resumida del Plan a finales de abril.
En definitiva, que lo que plantea la CHG en esta Revisión del PHG es un despropósito y una grave irresponsabilidad, volviendo a gestionar el recurso únicamente como un bien económico, olvidando el papel esencial en el mantenimiento de ecosistemas de gran valor ambiental, y olvidando otros usos del agua como los culturales, paisajísticos, ambientales o recreativos.
Es fundamental abordar el principal problema en la cuenca: la excesiva presión de los sectores productivos sobre los ecosistemas acuáticos que está condicionando la consecución de los objetivos ambientales. Igualmente es necesario determinar con claridad qué usos pueden considerarse ambientalmente sostenibles.
Ecologistas en Acción rechaza la revisión del PHG para el ciclo 2016-2021, exigiendo al Organismo de cuenca que garantice la transparencia en las actuaciones y la defensa del interés general, la neutralidad respecto a los intereses privados, el compromiso con los objetivos y el respeto por las aportaciones de las partes interesadas y del público en general. Solo de esta manera se podrá gestionar de manera eficaz y eficiente un bien tan escaso como el agua.
