La empresa Fernández Rosillo ha decidido acatar las sentencias y las tres órdenes judiciales de desmantelamiento de la planta de hormigón en la localidad de Penilla de Toranzo.

El pasado 25 de junio la empresa ha solicitado al ayuntamiento de Santiurde de Toranzo la licencia para el desmantelamiento de la citada planta y ha solicitado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Cantabria desistir de las apelaciones que había iniciado contra los tres Autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Dos, que ordenaban el derribo de la planta.

Desde el 21 de diciembre de 2012, en que se anuló la licencia de actividad y de obra de la planta de hormigón, como consecuencia de la sentencia del TSJ del 22 de enero de 2009, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo, el alcalde ha permitido su funcionamiento a sabiendas de que carecía de licencia, es decir, que se ha producido una clara inactividad municipal, y es un hecho que, además, no ha realizado las actuaciones tendentes a su desmontaje, como ordenaba la sentencia.

La empresa Fernández Rosillo llevaba dos años explotando su planta de hormigón sin licencia, sin control ambiental, sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y sin que el Ayuntamiento, ni Medio Ambiente, ejerza control alguno sobre su funcionamiento, emisiones, polvo, ruido, etc.

A pesar de las diversas sentencias que daban la razón a un vecino denunciante, José Manuel González Urquijo, el ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, en sesión celebrada el 27 de abril de 2015, acordó por mayoría absoluta, otorgar autorización provisional a la planta de hormigón contra cuyo acuerdo Ecologistas en Acción de Cantabria iniciamos un recurso de reposición.

La actuación de las dos anteriores corporaciones locales, con sus alcaldes al frente, ha estado plagadas de irregularidades y sólo la intervención de los tribunales ha impuesto la justicia.

En el Juzgado de Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo están abiertas unas diligencias penales en las que se encuentran imputados tanto el empresario como el alcalde anterior.

Además de la Sala de lo Contencioso de Cantabria y el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia en febrero de 2014 contraria a la empresa, que ratificó la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica y la orden de desmantelamiento de las instalaciones propiedad de Fernández Rosillo, que se encuentran en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Red Natura.

El Jefe de Personal de la empresa Fdez. Rosillo es concejal de este Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo desde hace 28 años, desde 1987, y ha sido concejal del equipo de Gobierno hasta mayo de 2011, quien como tal ha aprobado adjudicaciones de obras a la empresa para quien trabaja. Este hecho puede explicar en parte el comportamiento de las sucesivas corporaciones locales que han favorecido a la citada empresa durante muchos años.

Llama la atención la persistencia del empresario en mantener en funcionamiento una planta ilegal, pero, si cabe, resulta más sorprendente que dos alcaldes hayan permitido dicha ilegalidad, hasta tal punto de ser imputado penalmente uno de ellos por desobedecer las órdenes de los tribunales de justicia para desmantelar las instalaciones ilegales.