El nuevo vertedero de residuos industriales se localizaría junto al municipio de Cabezón de Pisuerga y a 800 metros del propio río, sobre un acuífero conectado hidrológicamente a él. Otro vertedero de la constructora ACS vuelve a ser blindado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, en una ubicación que su Consejería de Medio Ambiente descartó en el año 2009.

En el BOCyL de hoy, se publica el inicio del procedimiento de aprobación del Proyecto Regional del Centro Integral de Tratamiento de Residuos Industriales No Peligrosos en San Martín de Valvení (Valladolid), promovido por Sertego, la filial medioambiental de la constructora ACS, que una vez más pretende ser blindado por la Junta de Castilla y León con su declaración como Proyecto Regional.

Para Ecologistas en Acción, dicho proyecto constituye en realidad el recambio del vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga, que se encuentra a apenas 7 kilómetros de distancia, y cuya regularización por una Ley de las Cortes de Castilla y León fue declarada inconstitucional en junio de 2013, estando recurrido judicialmente el Proyecto Regional que la Junta de Castilla y León aprobó posteriormente para intentar mantenerlo abierto hasta que culmine su capacidad, en fechas próximas.

Hay que recordar que Sertego y ACS son a su vez propietarias del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y del vertedero de residuos industriales de Fresno de la Ribera (Zamora), ambos rescatados en su día por Ley de las Cortes de Castilla y León para saltar por encima de las resoluciones judiciales que paralizaron su actividad. Se trata por lo tanto de la tercera ocasión en que el Gobierno de Juan Vicente Herrera intenta rescatar los intereses de la constructora ACS en Castilla y León, otorgando a esta empresa el monopolio «de facto» de la eliminación de los residuos industriales en la región.

El nuevo vertedero de residuos industriales se proyecta con una capacidad de 2,5 millones de toneladas de residuos, en una vaguada del páramo de Bárcena situada junto al municipio de Cabezón de Pisuerga y a 800 metros de este río. Según los estudios hidrogeológicos aportados por el promotor, el nivel de las aguas subterráneas se ha localizado a 6 metros por debajo del vaso del vertedero proyectado, que se ubicaría sobre terrenos que en varios de sus tramos tienen permeabilidades más de 1.000 veces superiores a la máxima establecida legalmente, por la presencia de calizas y yesos afectados por procesos de disolución cárstica. Por otro lado, el proyecto es colindante con el túnel de la línea ferroviaria de Alta Velocidad Valladolid-Burgos, una de cuyas salidas de emergencia se encuentra junto a la balsa de lixiviados proyectada.

Se trata por lo tanto de un emplazamiento inaceptable desde el punto de vista de la seguridad ambiental, con los mismos problemas que el del vertedero tóxico de Santovenia, encontrándose el nuevo vertedero de ACS mucho más próximo al río Pisuerga, aguas arriba de las poblaciones de Cabezón y Santovenia y de la ciudad de Valladolid. Además, en este tramo el río Pisuerga está declarado Zona de Especial Conservación dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por lo que el proyecto de ACS en un completo despropósito.

De hecho, como señala la documentación del proyecto, este emplazamiento fue desestimado en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en el concurso que convocó para seleccionar la ubicación más adecuada para un vertedero de residuos industriales en el eje Valladolid-Palencia. El motivo por el que al parecer ahora se retoma un proyecto descartado previamente por la Administración es el fracaso de la propuesta entonces seleccionada, en el municipio palentino de Ampudia, que no ha llegado a arrancar.

Los ecologistas pedirán la próxima semana la paralización de la tramitación del proyecto, por haberse saltado las consultas ambientales previas a las Administraciones afectadas y a las personas interesadas, entre ellas de forma evidente los Ayuntamientos de Cabezón de Pisuerga, Corcos, Santovenia de Pisuerga, San Martín de Valvení y Valladolid, así como las asociaciones vecinales y ambientales de estos municipios, a las que se ha intentado ocultar el proyecto hasta que el mismo estuviera completamente definido y blindado por la Junta.