Acabar con la sobrepesca

Pese a algunos avances, el Estado español sigue incumpliendo los objetivos de limitación de capturas en 2015.

Lydia Chaparro, Fundación ENT. Revista El Ecologista nº 86.

La Política Pesquera Común establece el año 2015 como objetivo para cumplir con la tasa de explotación idónea para obtener el máximo rendimiento sostenible de los bancos pesqueros, aplicándola como muy tarde en 2020 para todas las poblaciones de peces. Sin embargo, hoy por hoy, la mayor parte de los ‘stocks’ pesqueros del Mediterráneo y la mitad del Atlántico están sobreexplotados, sin que se haya cumplido este objetivo. Los estudios demuestran que recuperar las poblaciones de peces generaría más empleo, riqueza y pescado que continuar con la sobrepesca actual.

Como cada año, la Comisión Europea ha iniciado el proceso de establecimiento de los límites de captura para el año siguiente publicando su Comunicación de la Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2016 [1]. En este informe anual, que incluye una evaluación del estado de salud de las poblaciones de peces de la Unión Europea, figuran como sobrepescadas numerosas de las especies más consumidas en nuestros hogares.

Así mismo, se observa un empeoramiento de la conservación de las poblaciones de peces en el Atlántico y Mediterráneo. Un hecho grave, puesto que va en la dirección opuesta a la legislación comunitaria, cuyo objetivo primordial es restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles.

En concreto, la Política Pesquera Común (PPC) [2] indica que los stocks pesqueros deben recuperarse y mantenerse por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir, un nivel de pesca que permita obtener el máximo alimento posible sin poner en riesgo la situación del stock. Con el fin de conseguirlo, la PPC establece el año 2015 como objetivo para cumplir con la tasa de explotación idónea para obtener el RMS, allí donde sea posible, y, como muy tarde, deberá haberse cumplido de forma progresiva y gradual para todas las poblaciones de peces en 2020.

Sin duda, el cumplimiento de esta normativa ayudaría a garantizar la consecución del buen estado ecológico de nuestros mares, puesto que actualmente el 93% de los stocks pesqueros del Mediterráneo y el 48% del Atlántico se encuentran sobrepescados, incumpliendo este objetivo.

Los progresos se están frenando

De hecho, los datos muestran que en los últimos dos años el progreso hacia el fin de la sobrepesca se ha ralentizado y, en promedio, la cantidad de sobrepesca incluso ha aumentado. Así pues, con el plazo de 2015 superado, es necesario que no se retarde más el cumplimiento y la aplicación de la normativa (en vigor desde el 1 de enero de 2014), y que se realicen esfuerzos adicionales para establecer límites de captura que aseguren la recuperación de las poblaciones de peces.

Entre las especies que figuran como sobrepescadas en algunas zonas del Atlántico nororiental y aguas adyacentes se encuentran el bacalao, la sardina, el lenguado y la merluza. En el Mediterráneo, concretamente en el levante peninsular, donde la gran mayoría de las poblaciones evaluadas hasta la fecha sufren sobrepesca, figuran entre otras la merluza, el pez espada, la bacaladilla, la sardina, el besugo, el lenguado, el rodaballo, el salmonete de fango, el rape, así como la gamba roja y la cigala [3]. Si bien es cierto que se observan mejoras en poblaciones de interés pesquero del Atlántico, en el Mediterráneo en cambio la situación sigue empeorando, repercutiendo sobre el estado de salud de los ecosistemas marinos y la rentabilidad del sector.

Por otro lado, aunque la comunicación expone que la Comisión Europea propondrá para 2016 unos límites de captura que permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible para todas las poblaciones para las que existan dictámenes biológicos –lo que se significaría un gran paso para poner fin de la sobrepesca en la UE–, no incluye información sobre los niveles de biomasa (un indicador del estado de salud de las poblaciones de peces), lo cual podría ayudar a medir los progresos de cara al restablecimiento de las poblaciones, uno de los objetivos fundamentales de la política pesquera europea.

Durante el transcurso de los próximos meses, la Comisión propondrá límites de captura para 2016 específicos para cada población. Los 28 Estados miembros de la UE los valorarán antes de que sus titulares de los ministerios de pesca se reúnan en el Consejo (que tendrá lugar en octubre y diciembre) para fijar los límites definitivos. Este es precisamente un componente fundamental de la PPC y la prueba más clara para demostrar si tienen la intención de acabar con la sobrepesca en la UE sin más demora, mostrando así a la ciudadanía si pueden cumplir con el compromiso que adquirieron al aprobar la nueva Política Pesquera Común.

Pero desgraciadamente, el grado de credibilidad de los ministros de pesca europeos es actualmente bajo. Esto se debe, entre otros motivos, a que en diciembre de 2014 establecieron unos límites de captura que en el 58% de los casos superaban las recomendaciones científicas que se establecían en la legislación como vía para conseguir el rendimiento máximo sostenible. En las negociaciones referentes a las pesquerías de las aguas del Atlántico nororiental, por ejemplo, se excedieron en 61 de los 97 límites de captura que disponían de recomendaciones científicas.

Si regresamos a la comunicación actualmente en discusión sobre límites de pesca para 2016, es más que probable que durante los próximos Consejos, el Estado español negocie para determinadas especies topes de capturas que de nuevo excedan las recomendaciones científicas, alegando, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años, necesidad de flexibilidad por motivos socioeconómicos, sin proporcionar justificaciones ni planes a largo plazo como requiere la nueva PPC. Una postura que retardará aún más el logro de los objetivos de la PPC y la consecución de unas pesquerías ambiental, social y económicamente sostenibles.

La reducción de capturas es beneficiosa

Ahora bien, se podría llegar a pensar que estos incumplimientos de la normativa son inevitables, debido a las potenciales consecuencias económicas que causaría una disminución de las posibilidades de pesca (cuotas). Pero la realidad, es que una reducción de las capturas hasta conseguir la recuperación de las poblaciones de peces a niveles sostenibles conllevaría por el contrario beneficios a medio y largo plazo.

Un estudio realizado por la New Economics Foundation [4] demuestra que la recuperación de las poblaciones europeas de peces podría proporcionar hasta 2.052.639 toneladas más de pescado (suficiente para satisfacer la demanda anual de la UE), producir ganancias de hasta 842 millones de euros por año y crear hasta 64.000 puestos de trabajo. Así pues, la recuperación del mar no solo significaría más pescado y un mejor estado ambiental, sino también más empleo, más beneficios y salarios más altos.

Por otro lado, uno de los temas que suscita más preocupación dentro del ecologismo social, es cómo se distribuyen las cuotas entre la flota dentro de un mismo país. La PPC establece que los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente o la contribución a la economía local.

Este es un tema de gran trascendencia, porque la flota de menor impacto ambiental y mayor beneficio social (la flota artesanal o de artes menores, entre otras modalidades de bajo impacto ambiental) aparece por fin apoyada por la normativa europea. Pero en cambio, el Gobierno español no tiene la intención, al menos para el ejercicio 2016, de aplicarla ni hacer un reparto de cuotas empleando criterios ambientales. Otro hecho preocupante y de gran trascendencia, puesto que de nuevo se retrasa el apoyo real a las modalidades de pesca más selectivas y sostenibles de nuestro litoral.

Además de todo lo anterior, frecuentemente se ignoran también otros principios fundamentales para la consecución del buen estado ambiental marino, y que a su vez figuran en la normativa europea, como son el principio de precaución y la gestión ecosistémica. Por ello es importante insistir en la necesidad de aplicar correctamente la legislación e incluir el enfoque del ecosistema en los planes plurianuales de gestión. Factores que a su vez permitirían avanzar hacia la recuperación de la salud de nuestros mares y la reducción del impacto de la actividad pesquera sobre el ecosistema marino. A ello cabe añadir el reto de minimizar el impacto sobre las especies no objetivo y de abordar adecuadamente el problema de las pesquerías no selectivas.

Acabar con la sobrepesca en las aguas noroccidentales de Europa

Por estos motivos a través de la campaña “Acabar con la sobrepesca en las aguas noroccidentales de Europa”, se está a su vez siguiendo de cerca las negociaciones sobre el Plan de gestión del mar Báltico. Este será el primer plan plurianual que se proponga desde que entró en vigor la Política Pesquera Común, por lo que podría servir de modelo para los futuros planes de gestión que se vayan desarrollando en Europa. Motivo de peso para asegurar que en él se reflejan las medidas para conseguir unas prácticas pesqueras sostenibles y se cumplen los objetivos de la PPC.

Los Estados miembros –entre ellos España que cuenta con un rol destacado dentro de la UE en esta materia– tienen la responsabilidad de gestionar correctamente los ecosistemas marinos en beneficio de la sociedad, a través de mejores planes de gestión y una distribución justa y equitativa de los recursos pesqueros. La falta de voluntad política, no es solo una actitud que compromete el estado de conservación de los recursos, sino que imposibilita la ciudadanía, especialmente en el caso del Mediterráneo, poder consumir pescado procedente de fuentes sostenibles.

Mucho por hacer

Actualmente, más de dos terceras partes de los productos de la pesca que consumimos proceden de aguas extracomunitarias, y aunque nuestros mares están cada vez más vacíos, España continúa siendo uno de los países del mundo que más pescado consume, por lo que exportamos la sobreexplotación a zonas cada vez más alejadas. Lo que convierte a nuestro modelo de producción y de consumo en altamente insostenibles. Si a todo esto añadimos además la falta de etiquetaje en los productos de la pesca, la cosa se complica.

Así pues, si bien es cierto que algunas cosas se están haciendo bien, como son los avances del Gobierno español en la lucha contra la pesca ilegal, en muchos otros temas relativos a la trazabilidad, comercialización y gestión pesquera queda mucho por avanzar.

El cambio de rumbo no es fácil, los cambios generan miedo y reticencia, pero restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles lo antes posible no solo es un compromiso legal que se debe cumplir, sino una opción ética que conllevaría mayores beneficios a los pescadores y a todas las personas, como usuarias de este patrimonio común que es el mar. De no cumplirlo, se estará simplemente favoreciendo la pérdida de biodiversidad, y prolongado la insostenibilidad ambiental y económica del sector. Así pues, los primeros pasos para erradicar la sobrepesca en aguas europeas pasan por una mayor voluntad política, el desarrollo de la investigación y la aplicación efectiva de la Política Pesquera Común de la UE.

Por último, no debemos olvidar que la actividad pesquera no es la única responsable del mal estado marino. La artificialización de la costa, la ampliación de puertos y los dragados, la contaminación, la proliferación de las especies invasoras o el aumento de la temperatura del agua son algunos de los factores que han propiciado también la regresión de los recursos marinos. Numerosas otras reglamentaciones y compromisos adquiridos a nivel internacional, europeo, estatal o autonómico entran en juego, y su cumplimiento y aplicación son a su vez necesarias si queremos conseguir unos mares saludables y una pesca con futuro.

Información mínima obligatoria
En 2014, entró en vigor el Reglamento de la Organización Común de Mercados [5] sobre la información mínima obligatoria que debe mostrarse al consumidor final. Esta nueva normativa, de obligado cumplimiento, representa un gran paso en cuanto al derecho a la información se refiere, pues las personas que quieran contribuir a la sostenibilidad de la pesca a través de un consumo responsable podrían saber, entre otra información, el arte de pesca utilizado [6]. El problema radica en que casi ningún comercio cumple con esta normativa, y frecuentemente la información facilitada en los mostradores no solo es escasa, sino que en ocasiones también resulta ser fraudulenta.



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