El convenio para la creación de la licencia interautonómica de caza solo se plantea como objetivo dar facilidades administrativas a los cazadores para obtener la licencia en las comunidades autónomas, pero se olvida de garantizar que el desarrollo de la actividad cinegética se realice asegurando los necesarios conocimientos y formación a los cazadores.
La licencia interautonómica obvia que la normativa cinegética, así como la sectorial en materia de protección de la naturaleza, bienestar animal y uso público del medio natural, es distinta en cada comunidad autónoma. Por este motivo, se instauró el examen del cazador, una herramienta para asegurar unos conocimientos mínimos en quienes practican la caza en cada territorio.
La llamada licencia única no establece mecanismos que obliguen a realizar el examen del cazador en las diferentes comunidades autónomas y se limita a facilitar, sin más, un trámite administrativo que también es requerido para otras muchas actividades (turismo en la naturaleza, recreativas, de estudio científico, etcétera).
En estas condiciones, los cazadores que cacen en una comunidad autónoma que no es la de su origen no acreditarán conocimientos esenciales como, por ejemplo, conocer el listado específico de especies cazables.
La licencia interautonómica, en este sentido, es una muestra más de los privilegios que el Gobierno y determinadas comunidades autónomas están dispuestos a conceder al lobby cinético. No les importa una adecuada regulación de la caza, sino arañar unos pocos votos con una medida de marcado carácter electoralista.
