No existen dos tipos de imputados entre los cargos públicos

Para Ecologistas en Acción no existen distintos tipos de políticos imputados. Todos deben dimitir o ser cesados fulminantemente.

Ecologistas en Acción manifiesta su rechazo a la actitud de Ciudadanos que considera distintas categorías entre las imputaciones judiciales a políticos.

Carece de sentido lo manifestado por Juan Marín (C´s) en relación con los 5 cargos de la Junta de Andalucía imputados indicando que “exigirá su destitución si se trata de imputaciones por casos de corrupción política, tal y como se refleja en el acuerdo de investidura". La pretendida distinción que hace C’s entre corrupción política y administrativa es una falacia indefendible, como bien se demuestra en el caso EREs, Gurtel o el fraude en los cursos de formación. Las causas de los 5 cargos imputados judicialmente por permitir actos ilegales o conscientemente ampararlos, también es corrupción de la función pública y de la política.

Por lo visto para Ciudadanos solo hay corrupción política cuando alguien se lleva el dinero descaradamente (casos no nos faltan), pero los delitos medioambientales, la prevaricación, la no aplicación de normas legales o el amaño en adjudicaciones son tan dignos de rechazo como el robar directamente. A los que la justicia impute por alguna de estas causas hay que apartarlos de responsabilidades políticas y publicas si lo que se pretende es una administración honesta y limpia, como decían pretender Ciudadanos, un partido que está siendo la muletilla perfecta para sostener un gobierno de supuesto cambio que en nada ha cambiado.

Las causas por las que se imputan a estos 5 cargos son:

  • José Manuel Ortiz Bono, delegado de la Consejería de Agricultura en Almería, imputado por presuntas irregularidades cometidas en el cambio de uso de suelo forestal a agrícola en Tabernas, a beneficio de la empresa Gespater.
  • Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada y Sandra García, delegada del Gobierno en Granada por su presunta implicación en vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, a una finca cercana.
  • Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva por un presunto delito contra el medio ambiente. Se le denuncia por no realizar evaluaciones ambientales al objeto de agilizar trámites para poder obtener financiación europea, y además de vulnerar conscientemente dos normas generales protectoras del medio ambiente, las Directivas de la Red Natura 2000 y el R.D.L. 1/2008, de 11 de enero.
  • Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta, imputado por prevaricación al no aplicar la Directiva europea 2009/147 de Aves, en lo relativo al silvestrismo o caza de pajaritos con red, permitiendo cazas elevadísimas en Andalucía, contra los estudios de la propia Junta de Andalucía.

Para Ecologistas en Acción, estos imputados, todos relacionados con delitos contra el medio ambiente, deberían dejar inmediatamente sus cargos, hecho que debería ser ejemplar para el resto de la clase política.




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