Advierten de la ilegalidad de una amnistía urbanística

El Tribunal Supremo ha dejado claro que el planeamiento no puede legalizar lo que se ha construido ilegalmente.

Ecologistas en Acción ha traslado al alcalde un informe sobre la propuesta que vienen promoviendo los constructores y propietarios de viviendas ilegales para que se paralicen los expedientes sancionadores y se suspendan las multas.

Ante esta insensata insistencia en que se paralicen las multas y expedientes urbanísticos, hay que resaltar que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) diferencia claramente dos procedimientos en relación al urbanismo ilegal:

1. Por un lado está “El restablecimiento del orden jurídico perturbado y la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior”. En este caso está prevista la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento y la demolición de lo ilegalmente construido. Sólo en caso de desobediencia a estas órdenes de paralización o demolición, el ayuntamiento debe proceder a la imposición de multas coercitivas.

2. En paralelo, el Ayuntamiento debe iniciar un procedimiento sancionador que daría lugar a la imposición de una sanción económica por construir sin licencia.

La propuesta de moción al Pleno de la “Plataforma de afectados por los expedientes urbanísticos y multas coercitivas” y por COAVE pretende que se decrete la suspensión cautelar de los expedientes, ordenes de demolición municipales y multas coercitivas impuestos a edificaciones que el nuevo PGOU proponer regularizar.

Desde Ecologistas en Acción hemos advertido reiteradamente que las leyes están para que se cumplan, y que el Ayuntamiento no puede dejar de aplicar lo establecido en la LOUA y, por tanto, no puede suspender las órdenes de demolición ni la imposición de multas coercitivas o sanciones urbanísticas. De lo contrario, los responsables de esa decisión podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación.

No debemos perder de vista que se imponen multas y órdenes de demolición porque el constructor/propietario de una vivienda ilegal está infringiendo una ley, edificando donde no debe hacerlo, y que posteriormente desobedece una orden de paralización o demolición, por lo que se le imponen las correspondientes multas. Por tanto, no deja de ser paradójico que se constituyan en Plataforma de afectados por unas normas aquellos que las han incumplido con perfecto conocimiento de causa. Esta amnistía –imposible por ilegal- provocaría, además, un efecto llamada, promoviendo la impunidad ante las infracciones urbanísticas. De hecho, la sola perspectiva de esta amnistía y la respuesta permisiva del equipo de gobierno ha provocado el incremento de nuevas construcciones ilegales. Durante la presente legislatura nuestra asociación lleva presentada cerca de una veintena de denuncias por nuevas construcciones ilegales, por lo que el problema se incrementa. Nadie, fuera de este colectivo de infractores/delincuentes urbanísticos, entendería una amnistía por incumplir normas urbanísticas, y que no se aplique otra amnistía, por ejemplo, a los infractores de código de circulación o los evasores fiscales.

La reciente sentencia del TS que ha anulado el PGOU de Marbella deja claro que el planeamiento urbanístico no puede legalizar lo ilegalmente construido, por lo que a las viviendas ilegales hay que aplicarles la disciplina urbanística, incluido su demolición, aunque estén en zonas de regularización del PGOU.

Es importante resaltar que la LOUA determina que el importe de estas sanciones tiene carácter finalista y deben incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). No es por tanto sólo una medida coercitiva para hacer cumplir a los infractores las normas urbanísticas, sino también una forma de compensar a la ciudadanía el daño causado por estas construcciones en suelos no urbanizables. En concreto, la LOUA dispone que ese fondo debe destinarse “especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada”. Por tanto, el Ayuntamiento dispone de un importante fondo destinado a construir y mejorar equipamientos y a mantener, mejorar y crear nuevas zonas verdes.

Por todo ello hemos propuesto al equipo de gobierno que no se apruebe dicha moción de amnistía de las viviendas ilegales, y se adopte un plan de inversiones, con la más amplia participación ciudadana, de los importes provenientes de las sanciones urbanísticas para mejorar la ciudad consolidada, o sea, en la que vivimos los ciudadanos que hemos respetado las normas y leyes urbanísticas.