SOS Almería

¿Para quién estamos destruyendo el territorio?

Almería es una de las diez provincias españolas con más bandas criminales organizadas (más de cincuenta), según declaraciones de altos cargos de la Administración del Estado, que se dedican a blanquear el dinero negro procedente del narcotráfico, la prostitución, el contrabando de armas e, incluso, de asesinatos, a través del “ladrillo”, aprovechando el furor urbanístico que padece la provincia.

Estas bandas, parece que están de vacaciones en Almería, puesto que vienen actuando con casi total impunidad. No se oye hablar de ellas y menos de sus actividades. Tenemos el ejemplo de la Costa del Sol y, en lugar de aprender de los errores cometidos, los estamos repitiendo aumentados.

A ello hay que añadir las empresas que, aún dedicándose realmente a la actividad de construcción y promoción, lo hacen desde un único punto de vista especulativo, de obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible, sin parar en mientes de los daños que con su actividad a veces causan al medio, construyendo en terrenos protegidos, inundables, de dominio público...

Frente a todas estas tropelías en esta provincia no se alzan otras voces distintas a las de los conservacionistas, encuadradas principalmente en las asociaciones ecologistas, que han dicho “basta ya”.

Políticos y empresarios, al alimón con las diferentes administraciones y poderes públicos, están ejecutando la estrategia de tratar de eliminar aquellas voces que se levantan en contra de la destrucción del territorio almeriense. Destrucción que se está materializando de diversas formas especulativas, tales como construcción de macro urbanizaciones, campos de golf, polígonos, invernaderos, granjas de cerdos, canteras, etc.

Para ello vienen desarrollando varias tácticas, entre otras:

1º.- Evitar que las fuerzas de seguridad que tienen competencia en medio ambiente, urbanismo, etc., dispongan de medios humanos y materiales para poder desarrollar su trabajo con la eficacia que exigen su propia profesionalidad, el interés general y la fragilidad del medio natural. En esta tesitura se encuentran el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

2º.- La inadmisión o archivo de las denuncias que se formulan por el movimiento ecologista y, en el mejor de los casos, la paralización y ralentización de los expedientes para ver de conseguir la prescripción de las infracciones e ilícitos.

3º.- Amedrentar a quienes creen en un Estado democrático y de Derecho, atentando contra su patrimonio e integridad física, perturbándoles en sus puestos de trabajo, coartándoles el libre ejercicio profesional..., llegando hasta el extremo de perseguir en los tribunales a los activistas ecologistas, principalmente a quienes se ocupan de los temas jurídicos, acusándoles infundadamente de delitos inexistentes, a la par que se hace dejación de la obligación de perseguir a los verdaderos culpables.

4º Infiltrar y/o allegar en las diferentes administraciones, organismos, colegios profesionales, partidos políticos, asociaciones, etc., a personas afines, que les ayuden a identificar y neutralizar a los discrepantes, encumbrándolos en puestos de responsabilidad y decisión, al objeto de que les allanen el camino en su objetivo de enriquecimiento rápido y desmedido a costa de la destrucción de la provincia.

Pero, aún desarmados los ciudadanos de nuestros derechos, de nuestros legítimos medios para acometer nuestro deber constitucional de defensa y conservación del medio ambiente, aún “desarmado el ejército...”, no está vencido, le asiste la fuerza de la razón.