El programa de divulgación sobre temas de Medio Ambiente, el Escarabajo Verde, emitió el sábado y vuelve a emitir el lunes “El último oasis” en el que se describe a través de entrevistas e imágenes la situación de sobreexplotación del acuífero que alimenta al manantial del río Aguas. El profesor de la UAL Jose María Calaforra, el presidente del GEM, José Rivera, o el coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Marcos Diéguez, son algunos de los invitados al programa.

En dicho documental se expone de forma clara la problemática que atañe al acuífero del Río Aguas y a todas las comunidades humanas y ecosistemas que dependen de su manantial. La sobreexplotación del acuífero para el regadío de más de mil hectáreas de olivar superintensivo está detrás del rápido declinar del caudal del Nacimiento del Río Aguas. Un ecosistema único en Europa, un auténtico oasis en el corazón de un subdesierto, está desapareciendo por las prácticas abusivas de la agricultura industrial de la zona.

Para Ecologistas en Acción, las declaraciones de D. Jose Gabriel López Segura, Secretario General Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en dicho programa, afirmando que la Delegación Territorial poco puede hacer para evitar la implantación de cultivos superintensivos sobre un acuífero con una sobreexplotación ya en 2010 del 330%, faltan a la verdad. De hecho las delegaciones de Medio Ambiente y de Agricultura, dirigidas ambas hasta hace poco por la misma persona, D. José Manuel Ortiz Bono, no sólo no han hecho nada para evitar dicha expansión desmesurada sino que, más bien al contrario, han hecho mucho a favor de que se desarrolle este problema.

Durante los últimos años el campo almeriense ha recibido una ofensiva por parte de grandes intereses especuladores que han visto en el regadío el perfecto sustituto de la construcción. Son grandes fortunas, de empresas constructoras, o de transportes, las que están promoviendo la transformación a regadío de enormes extensiones de terreno forestal, compitiendo con ventaja con explotaciones más pequeñas y afectando inevitablemente al precio de los productos.

Ecologistas en Acción ha realizado varias peticiones de información sobre los procedimientos de transformación y sobre los derechos de agua de la zona pero la información aportada por Medio Ambiente tras meses de espera es claramente insatisfactoria e incompleta. Está por ver si el cambio de titular de la Delegación de Medio Ambiente mejora la transparencia del organismo pero aún está muy lejos de alcanzar los mínimos legalmente exigibles.

La imputación de Ortiz Bono, maestro de profesión, por presunta prevaricación al haber supuestamente permitido la fragmentación de un macroproyecto de olivar para no hacerlo pasar por evaluación de impacto ambiental, es un ejemplo de que las cosas no se han estado haciendo muy bien en la Delegación. Por ello, la petición de poner a plena potencia las desaladoras, realizada por la Consejera de Agricultura Dña. Carmen Ortiz, prima del imputado, carece de sentido si antes no se ha tomado la determinación clara de investigar todas y cada una de las concesiones de aguas de la provincia y de no seguir ampliando la superficie de regadío. No es razonable que aún hoy sigan existiendo, como es el caso, concesiones de más de 66.000 m3/año para superficies de dos hectáreas, concedidas durante la dictadura. Las concesiones que está dando la administración actualmente para invernadero son de 7000 m3/año y hectárea. Además, el escaso funcionamiento de la desalación no se debe a una decisión política sino a la falta de demanda por parte de la agricultura debido al precio. El llevar el agua desalada a Campo de Tabernas tendría un coste tal que haría inviables las producciones agrícolas, por lo que la única solución es reducir la superficie cultivada y reducirla a aquellos usos más sostenibles con el medio ambiente y la sociedad. Tampoco parece razonable el subvencionar el agua desalada para que la sociedad pague el agua de grandes empresas que no producen ni empleo ni valor añadido en la zona.

Las delegaciones de Agricultura y de Medio Ambiente han de llevar un control más riguroso de las concesiones y de los títulos privados de aguas, revisando contadores, profundidad de los sondeos y otros condicionantes de las autorizaciones y en caso de encontrar irregularidades, sancionar de forma ejemplarizante, no como se ha venido haciendo hasta ahora, que suponía en la práctica más barato infringir la norma que respetarla. Esto, además de infracción y posible delito, es competencia desleal para los miles de agricultores que no tienen los recursos de estas grandes empresas.

Documental:

Ciberacción: Firma YA! Frenen el Ecocidio (destrucción) del Río Aguas/ Stop the Ecocide of the Río Aguas