El perito judicial, Pedro Martínez Leal, ha sido denunciado por Ecologistas en Acción de Cantabria por un presunto delito de falso testimonio cometido en el procedimiento contencioso que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Santander, promovido por la empresa COPSESA contra la orden de cierre de la planta de aglomerado asfáltico decretada por el ayuntamiento de Camargo el 18 de febrero de 2014.

Este informe pericial ha servido de justificación a la jueza del Juzgado de lo contencioso nº 3 de Santander, para dictar una sentencia favorable a COPSESA, en contra de todos los informes de las administraciones públicas.

Nos parece una sentencia claramente errónea y por ello vamos a recurrirla ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La decisión municipal de cierre de las instalaciones arrancó en la denuncia que Ecologistas en Acción presentó ante el Ayuntamiento de Camargo en noviembre de 2013, porque en las antiguas instalaciones de Emilio Bolado existía una instalación clandestina de fabricación de aglomerado asfáltico que estaba explotando ilegalmente la empresa COSEPSA sin licencia y sin control ambiental.

Tanto los servicios técnicos municipales, como los técnicos del Gobierno de Cantabria, han emitido informes señalando que las instalaciones puestas en funcionamiento por Emilio Bolado en el año 1980 han sufrido varias modificaciones que demandan una revisión de la licencia inicial, así como una evaluación de impacto ambiental del conjunto de instalaciones que están funcionando en los antiguos terrenos de Emilio Bolado, comprados por la empresa COPSESA.

Para corroborar esto, el propio Emilio Bolado solicitó el 10 de diciembre de 2010, ante el área de Urbanismo del ayuntamiento de Camargo, el acta de Comprobación Ambiental de la planta de asfalto de Igollo. Esta solicitud del empresario, incomprensiblemente, nunca se tramitó.

El perito, Pedro Martínez Leal, emite un informe en el que sorprendentemente, concluye lo contrario que los técnicos municipales, afirmando que la planta asfáltica es básicamente la misma que la autorizada en 1980, a pesar de que las pruebas que acreditan que el modelo actual es distinto, que se ha incrementado la potencia, los elementos, y que lleva 35 años en el mismo sitio, perdiendo su carácter de móvil y provisional.

El perito falta a la verdad cuando afirma que la planta no ha variado su potencia en 35 años. En el año 1986 se duplica la potencia original que figura en la licencia de 1980 al pasar de 162 a 306,5 caballos de vapor, como consta en las diligencias.

La documentación aportada por la Consejería de Industria ha sido omitida por el perito en su informe de forma deliberada. En el Registro Industrial de la Consejería de Industria, al que ha tenido acceso el perito judicial, constan los cambios de modelo de las plantas de aglomerado en años sucesivos. La fecha de fabricación de estas instalaciones es de 1985, 1990, 1993 y 2000 respectivamente, por lo tanto es imposible que estuvieran funcionando en 1980, pues todavía no se habían fabricado.

El perito da credibilidad a dos informes aportados por la empresa COPSESA, firmados por INTRAME e INGEVERIS, que informan falsamente de las instalaciones, frente a la documentación aportada tanto por el ayuntamiento de Camargo como por las Consejerías de Industria y Medio Ambiente.

La empresa COPSESA ha presentado unos informes para evitar que la planta de aglomerado asfáltico tuviera que someterse a evaluación de impacto ambiental, a pesar de que en diferentes momentos, particularmente a la hora de solicitar subvenciones al Ministerio de Industria, la propia empresa expone la situación real de la instalación.

El perito judicial sabe y le consta que la planta de aglomerado asfáltico actual, adquirida por COPSESA, no es la planta autorizada por la licencia de 1980, que era planta asfáltica portátil sobre ruedas y provisional.

A pesar de que ha dispuesto de toda la documentación, ha faltado a la verdad en relación a los datos de potencia, del modelo, la existencia o no de ruedas, los componentes, etc. de la citada planta.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia penal contra el perito judicial por falso testimonio.

No satisface que el ayuntamiento de Camargo tenga la intención de recurrir también la sentencia.