El dinero (16,34 millones) pertenece a los fondos públicos que administra Enresa para la gestión de residuos radiactivos y con un destino marcado en el “6º Plan General de Residuos Radiactivos”. El gasto se efectuó, bien en adjudicaciones directas, mediante convenio o a través de la Fundación Enresa.
En este nuevo escrito a la Fiscalía Anticorrupción, se aportan nuevos documentos que apoyan la denuncia presentada el 18 de diciembre y se presenta un mapa con las obras de carreteras demostrando la nula vinculación de varios tramos licitados con el transporte de los residuos nucleares.
Los principales beneficiarios en obras han sido (por este orden) Construcciones Sarrión S.L. con 3,52 millones de Euros, OHL S.A., con 2,98 millones y Obras Públicas y Regadíos S.A con 2,88 millones.
Del contenido de los convenios nada se sabe, fueron solicitados por escrito por la Plataforma tanto a Enresa, como a la Consejería de Fomento, con resultado negativo.
Tampoco se descartan otras adjudicaciones por parte de la Diputación de Cuenca, caracterizada (como así lo puso de manifiesto “Transparencia Internacional”) por su opacidad, precisamente, en aspectos relacionados con la adjudicación de contratos.
Además de Villar de Cañas, el municipio más beneficiado por estas obras es Fuentelespino de Haro pues mejora sus accesos a la A-3 y la N-420 (carretera de Alcazar) y sin embargo por esos tramos no circularían residuos nucleares. No hay que olvidar que el alcalde de esta localidad es el Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, caracterizado por la encendida defensa del proyecto del ATC.
La Fundación Enresa (ahora desaparecida), también ha aportado, a la “Semana de Música Religiosa de Cuenca” y a entidades deportivas conquenses, pero no consta en la web de Enresa la cuantía de estas aportaciones. Si consta, la mejora de la piscina municipal de Villar de Cañas por valor de 14.000 Euros, dejando bien a las claras las intenciones de Enresa.
Para Marta Pérez (coportavoz de la Plataforma) “La presidencia de Enresa ha empleado buena parte del dinero público que tiene encomendado por ley para la gestión de los residuos radiactivos, a la compra de voluntades, realizando un enorme derroche de dinero público para congratularse con los vecinos y favorecer la posición política de Cospedal y Benjamín Prieto”.
“En esta línea, nos gustaría conocer de dónde sale el dinero de la pretendida plataforma de afectados por la ZEPA, pilotado por la secretaria de Villar de Cañas y el Alcalde y que ha gastado importantes sumas en pagar un bufete de abogados de Madrid. Es legítimo defender intereses particulares, pero no es ético hacerlos pasar por generales, a costa de la ruina de toda una comarca, en especial de agricultores y ganaderos y con apoyo de dinero público.” Ha finalizado Pérez.
Estas acciones se enmarcan en una campaña en las redes denominada «No pago ATC», que incluye la difusión de una serie de imágenes en las redes y la recogida de firmas en el portal Change.org, que ya supera las 1.500. Enlace para firmar
