Presentada queja al Defensor del Pueblo contra el Ayto. de Alcalá de Guadaíra

Alwadi-ira – Ecologistas en Acción -, con fecha 24 de junio de 2014, presentó un escrito solicitando al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la realización de gestiones ante la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Servicio de Calidad del Aire, con el objetivo de conseguir la instalación de una unidad móvil de la “Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía” para la barriada “La Liebre”. Transcurrido año y medio sin que hayamos recibido respuesta, con fecha 25 de noviembre de 2015, le hemos reiterado nuestra petición.

Desde Alwadi-ira-Ecologistas en Acción consideramos que la barriada “La Liebre” es la zona de nuestro pueblo donde las personas soportan un mayor riesgo para la salud, debido a las emisiones contaminantes provenientes de empresas aledañas y de la autovía. En los últimos días los índices de contaminación, en la zona donde se ubica la barriada, se han incrementado notablemente. La capa de polvo, que envuelve casas, coches y personas, tiene su origen en la cementera PORTLAND VALDERRIVAS, S.A., al parecer por la rotura de un filtro. Dichas partículas están afectando a la convivencia normal de los vecinos.

Como dispone el ordenamiento jurídico, todo ciudadano, que se dirige a una entidad local por escrito y plantea una solicitud, formula una petición o entabla un recurso, tiene derecho a recibir una contestación de dicha entidad local, en el sentido que proceda.

El derecho de petición se encuentra regulado en la Constitución, artículo 29, en relación con los artículos 1.1., 9.2, 23, 105 y 125. Derecho de petición que fue desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre. Por otra parte, con carácter general para todas las Administraciones públicas, del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que, a modo de principio informador, sienta la obligación de las Administraciones públicas de resolver cualesquiera procedimientos, también los que incoen los ciudadanos formulando solicitudes.

Alwadi.ira–Ecologistas en Acción, una vez más, tiene que lamentar el tener que recurrir a la Institución del Defensor del Pueblo por falta de diligencia y dejación de funciones de nuestro Ayuntamiento.