[Informe] Un asunto tóxico

Los disruptores endocrinos (EDC) son sustancias que se encuentran en productos de consumo de uso diario, desde plásticos y cosméticos a plaguicidas. Debido a su capacidad de interactuar con el sistema hormonal (endocrino) de los seres vivos, se sospecha que ocasionan graves efectos sobre la salud y el medio ambiente.

La normativa de la UE exige la adopción de medidas y establece plazos claros para su cumplimiento. De acuerdo a estas reglas, si una sustancia se identifica como disruptor endocrino, debe prohibirse. Actualmente las sustancias químicas se evalúan siguiendo los procedimientos de evaluación de riesgos para establecer niveles de exposición seguros. Sin embargo, en el caso de los disruptores endocrinos, puede que sea imposible establecer niveles ’seguros’.

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea estaba encargada de establecer una serie de criterios para definir ’qué es un disruptor endocrino’. El lobby de la industria química se puso en pié de guerra ante la posible prohibición de algunos EDC. Los principales grupos de lobby involucrados fueron los lobbies de la química y de plaguicidas (CEFIC y ECPA), y las corporaciones a la cabeza del lobby fueron BASF y Bayer. Pero encontraron aliados en varios Estados miembro, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo.

Las principales tácticas de lobby empleadas incluyeron intentos de minar y desacreditar la ciencia sobre EDC independiente, mientras promovían los estudios de la industria como la única ’ciencia fiable’; presionar a otras Direcciones Generales en la Comisión para que se enfrentaran a la DG de Medio Ambiente; crear alarma sobre el daño económico que la industria sufriría; retrasar el proceso; y utilizar la negociación entre la UE y EE UU sobre el TTIP de palanca para prevenir cualquier ’barrera comercial’.

A principios de la primavera de 2013, como la DG de Medio Ambiente no cedía a la presión, el lobby corporativo se centró en exigir un estudio de impacto, como táctica dilatoria. La culminación de una presión feroz fue que la propuesta de criterios de identificación de la DG de Medio Ambiente fue rechazada por otras Direcciones Generales en la Comisión. Además, en julio de 2013, la Secretaria General, Catherine Day, ordenó la realización del estudio de impacto tan deseado por la industria.

Con ello, la Comisión incumplía el plazo legal para presentar los criterios científicos, según establece la normativa comunitaria. Como el proceso todavía está en curso, con el estudio de impacto en camino, el mejor escenario posible prevé que los criterios finales para identificar EDC se presenten en 2017.

Este informe cuenta la historia de como una importante iniciativa de salud pública de la UE ha sido bloqueda por grupos de lobby corporativo conjuntamente con protagonistas de la Comisión Europea. Muestra como la industria ha utilizado con éxito las tácticas de lobby. Este informe muestra como algunos funcionarios, a pesar de trabajar en servicios a cargo de la salud pública en la Unión Europea, parece que han servido a los intereses corporativos por encima de los intereses públicos.




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