Tratados de libre comercio

TTIP, CETA, TiSA, TPP…una sopa de siglas para liberalizar (más) el comercio mundial.

Lucía Bárcena Menéndez, Tom KucharzyLuis Rico García-Amado, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 87.

La multitud de tratados que se están negociando a escala planetaria marcan una nueva ofensiva por liberalizar el comercio mundial. Porque más allá de las siglas, estos tratados fomentan un marco legal que permite a las corporaciones transnacionales imponerse al resto, en un sistema cada vez más desigual, que destruye empleo, desplaza al pequeño comercio, daña los ecosistemas y tensa más el conflicto social, abriendo camino a un capitalismo aún más salvaje.

El 7 de octubre pasado una enorme balanza presidía la entrada de la Comisión Europea (CE) en Bruselas. Uno de sus platos albergaba unos sacos de arena en representación de las multinacionales. En el otro había más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea, recogidas a lo largo de un año, en contra de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre EE UU y la UE, y de otros Tratados de Libre Comercio (TLC) como el de la UE y Canadá (CETA) y el que 50 países negocian para liberalizar sus servicios públicos (TiSA). Con esta acción se abría la Semana de Lucha contra los TLC, durante la que se llevaron a cabo actos en todo el planeta, como la multitudinaria manifestación en Berlín que sumo a 250.000 personas.

Una semana más tarde, del 19 al 23 de octubre, se celebró en Miami la 11ª ronda de negociaciones sobre el TTIP, haciendo caso omiso a millones de voces de la ciudadanía global que se resisten a seguir el camino impuesto de las potencias occidentales (EE UU, UE y Japón fundamentalmente) hacia una mayor liberalización comercial. A fecha de hoy, el Tratado Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) entre EE UU, Japón y otros diez países de Asia oriental, Oceanía y América [1], y el CETA se encuentran pendientes de ratificación [2]; mientras que el TTIP y TiSA están aún en proceso de negociación [3].

El foco en el TTIP

Aunque todos los TLC implican consecuencias similares, es precisamente el TTIP el que más atención mediática está recibiendo, resultado en gran parte a la denuncia de los movimientos sociales por el oscurantismo de las negociaciones. La campaña social para “sacar al tratado de la trastienda” ha sido tan efectiva que ha obligado a la CE a modificar su estrategia de poco ruido hacia una ofensiva para publicitar sin descanso los supuestos beneficios del TTIP. Para ello, comenzó tomando medidas para aumentar la transparencia de las negociaciones.

Se ha habilitado una sala de lectura (reading room) para que los/as eurodiputados/as consulten algunos de los textos de las negociaciones. Sin embargo, las ofertas de EE UU en la negociación, los textos consolidados (aquellos que unen las ofertas de ambas potencias) o las actas de las reuniones siguen siendo confidenciales. Y el acceso a la sala de lectura, bajo juramento de confidencialidad y estricta vigilancia, se ha de hacer sin ningún tipo de dispositivo para tomar notas (ni bolígrafos, ni papel, ni cámara de fotos, ni teléfono móvil), lo que convierte las medidas de transparencia en un simple lavado de imagen.

Aparte de estas medidas, cada movimiento de la CE confirma los hechos de que el TTIP va a anteponer los intereses de la elite empresarial a los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía. El 88% de las casi 600 reuniones que la Comisión ha mantenido con los “actores interesados” son con representantes de los grupos de presión de las grandes empresas [4] y en plenas negociaciones del Tratado se está produciendo un trasvase de altos cargos de la UE a multinacionales y viceversa [5]. Además, los textos de la negociación que han sido filtrados, apuntan a que las empresas formarían parte de un cuerpo consultivo (el órgano de cooperación reguladora) cuyo objetivo es revisar el impacto de la legislación europea y estadounidense en el comercio y con ello podrían actuar como colegisladores a la hora de desproteger ambiental y socialmente a la ciudadanía europea [6]. A su vez, en EE UU, tras una votación muy ajustada y con la oposición de parte de la bancada demócrata, se ha otorgado “la vía rápida” (fast track, en inglés) para el TPP y el TTIP, por la cual el Congreso y el Senado de EE UU solo pueden aprobar o rechazar los Tratados, pero no introducir enmiendas, como ya ocurre en la UE con el Parlamento Europeo (PE).

Aun así, las negociaciones están yendo a un ritmo mucho más lento del inicialmente esperado por ambas partes, que estimaban su conclusión para finales de este año, 2015. Ahora reconocen que no se finiquitarán antes de 2017. En este caso, la UE, por la presión de quedarse excluida tras la reciente firma del TPP y la necesidad de presentar algún avance, está tratando de agilizar el proceso, pero encuentra que sus ofertas de liberalización y reformas legislativas no están siendo suficientemente correspondidas por EE UU, que por haber firmado ya un TLC importante y encontrarse en año electoral presenta más cautelas. La CE está presionando para que EE UU derogue la Buy American Act y abra su mercado de contratación pública, que prioriza a las empresas locales, algo en lo que EE UU no parece dispuesto a ceder. Otros puntos, como servicios, agricultura, protección de las inversiones, cooperación reguladora o el capítulo de químicos son también causa de desencuentros.

Con todo, la CE se encuentra en una compleja situación en la que, por un lado, dada la fuerte campaña en contra, no puede ser demasiado evidente en sus propuestas de liberalización, y por el otro intuye que cuanto más tiempo pase, más oposición ciudadana encontrará. Para tratar de legitimar el TTIP han centrado sus esfuerzos en conseguir el apoyo del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Dicho apoyo se consiguió en una polémica votación, que incluyó una serie de artimañas legales por parte del Presidente socialdemócrata Martin Schulz (incluido su aplazamiento hasta asegurar los votos favorables [7]), a cambio de una serie de recomendaciones no vinculantes sobre la reforma del mecanismo Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), la exclusión de los servicios públicos y la protección de datos [8].

La rebaja de la legislación socioambiental en la UE ya es un hecho

Durante la última ronda de negociaciones del TTIP, se filtró el borrador de la propuesta de la UE para el capítulo de Desarrollo Sostenible del Tratado [9]. En el documento no hay más que una serie de buenos propósitos vagamente redactados y no vinculantes en los que no se especifica cómo se va a asegurar su cumplimiento, lo que deja el texto en el más absoluto vacío jurídico. No se incluye ni una mínima evaluación de los posibles impactos socioambientales del TTIP ni ninguna mención a la obligación de las partes de cumplir con los acuerdos ambientales o laborales internacionales, eliminando la posibilidad de que medidas tomadas en favor del medio ambiente (como de lucha contra el cambio climático) puedan quedar por encima de las obligaciones comerciales del tratado.

Con ello, la UE continúa con la estrategia de la Constitución Europea y del Tratado de Lisboa, en donde tras una exquisita retórica ambiental vagamente redactada se detallan todos los aspectos político económicos, de corte claramente neoliberal. Ello ha supuesto que el grado de incumplimiento de la legislación ambiental europea sea muy alto, especialmente cuando hay intereses económicos en el camino, como muestra el reciente caso Volkswagen, que demuestra la total complicidad de la CE en con el gigante automovilístico [10].

Mientras tanto, en el transcurso de las negociaciones, ya se está produciendo una rebaja de la legislación ambiental existente, como ha ocurrido con las 17 nuevas variedades de transgénicos aprobadas [11], la mayor dificultad que van a experimentar los Estados miembros para prohibir dichos cultivos [12] o la dilución de la Directiva de Calidad de Combustibles para que no discrimine a los más contaminantes [13]. Esta perspectiva es más que preocupante al observar las Prioridades de la CE para 2016 que mezclan la finalización de las negociaciones del TTIP con la iniciativa REFIT [14], que pretende revisar una serie de legislaciones europeas, como la directiva REACH, la de pesticidas o la de hábitats, para eliminar costes reguladores. Las políticas de promoción del comercio internacional se han impuesto a las de protección socioambiental.

Todos los derechos para las grandes empresas, ninguna obligación

El debate sobre la inclusión de un capítulo de protección de las inversiones (que permitiría a inversores extranjeros demandar a los Estados a través del ISDS) [15] ejemplifica el trato de favor que otorga la CE a los intereses de la elite empresarial. El creciente rechazo de la ciudadanía europea al ISDS obligó a la Comisión, en otoño de 2014, a realizar una consulta sobre dicho mecanismo, cuya participación, pese a la complejidad del tema, fue la más alta de la historia de la UE. Los resultados arrojaron un 97% de respuestas abogando por la eliminación de tribunales privados de protección de las inversiones.

Lejos de escuchar a la ciudadanía, la Comisión ha presentado una serie de reformas al ISDS para tratar de apaciguar las críticas y justificar el polémico apoyo del grupo socialdemócrata al Tratado en el Parlamento Europeo. En su última propuesta, en septiembre de 2015, la CE aboga por sustituir el ISDS por un Sistema Judicial de Inversiones (Investment Court System en inglés) que incluye la designación de jueces cualificados y un mecanismo de apelación, hasta ahora inexistente. Estos cambios corrigen algunos de los problemas del ISDS, pero dejan sin resolver las pegas fundamentales. Continúa siendo un mecanismo privado que discrimina a las empresas medianas y pequeñas y a la ciudadanía frente a las multinacionales, las únicas con capacidad de hacer uso del sistema de protección de las inversiones. Y sigue siendo un sistema unidireccional, en el que las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no a la inversa.

El mecanismo ISDS contrasta con las pocas obligaciones que contraen los inversores extranjeros en los TLC [16] y la dificultad para juzgar a las empresas multinacionales en casos de violación de los derechos humanos. En junio de 2014, pese a los votos en contra de los representantes de países miembro de la UE y de EE UU, en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se adoptó la decisión de “Establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”. Durante las primeras sesiones, en julio de este año, la UE trató de descarrilar el proceso al deslegitimar el mandato adoptado un año antes y la agenda del grupo de trabajo.

Comercio global para una sociedad cada vez más desigual

La multitud de tratados que se están negociando a escala planetaria marcan una nueva ofensiva por liberalizar el comercio mundial. Porque más allá de las siglas, los TLC, en línea con el paradigma de la OMC, fomentan un marco legal que permite a las corporaciones transnacionales imponerse al resto, en un sistema cada vez más desigual, que destruye empleo, desplaza al pequeño comercio, daña los ecosistemas y tensa más el conflicto social, abriendo camino a un capitalismo aún más salvaje. En esta vía la brecha social ha ido en aumento. Según el informe de Oxfam Internacional Europa para la mayoría, no para las élites [17], una cuarta parte de la población europea vive en condiciones de pobreza, siendo España el cuarto país más desigual. El informe deja en evidencia que las medidas de austeridad y las políticas sociales de la UE no han respondido a las necesidades reales de la población mientras que el número de milmillonarios no ha dejado de aumentar.

Esta desigualdad es fruto del pacto de las elites económicas con las instituciones democráticas, que se revela con el más absoluto descaro en cada nuevo caso de puertas giratorias. Una desigualdad que ya no es solo una desigualdad económica, sino que pasa a ser una desigualdad creciente de poder a todos los niveles, en el que grandes corporaciones e instituciones públicas crean sistemas burocráticos cada vez más inaccesibles y alejados de las necesidades reales de las personas y el medio ambiente.

Una batalla ideológica

Para calmar el conflicto social generado por la desigualdad se hace necesario diseñar unas reglas del juego que legitimen la realidad. Así, se mantiene este sistema caduco, que subsiste y se resiste buscando nuevas formas de existencia sin tener que romper con sus principios básicos. Muchas son las palabras, o metáforas [18], de las cuales se ha apropiado el sistema neoliberal y a las que recurre constantemente para autojustificarse. Se habla de igualdad de oportunidades o de libre mercado. Pero un mínimo análisis muestra que el neoliberalismo va asociado a la disminución de la movilidad social [19] (las opciones que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su condición socioeconómica) y a una amplia y férrea regulación comercial [20], como se demuestra con el mecanismo ISDS.

Además de la cooptación terminológica, el sistema se sirve de una serie de mitos. A modo de mantra, se ha defendido la causalidad entre tratados comerciales y de inversión, inversión extranjera directa (IED), crecimiento y creación de empleos. Sin embargo, un estudio realizado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre el impacto en las economías más desfavorecidas entre 1985-2012 en los países que tenían un Acuerdo Internacional de Inversión (AII) desvela que no existe una relación entre los AII y el incremento en la IED; más bien ha supuesto un obstáculo para el desarrollo de muchos países, en muchos casos teniendo que enfrentarse a inversores en costosos juicios [21]. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), concluyó en una investigación reciente que por cada millón de dólares invertidos (de IED) se crea solamente un puesto de trabajo –en el caso de las actividades extractivas– y dos puestos si la inversión se orienta a manufacturas intensivas en recursos naturales [22].

En un contexto de crisis ecológica, que impide cualquier salida a la situación actual a través de políticas keynesianas de fomento estatal de la producción y del consumo, el TTIP se pone en el centro de un debate ideológico muy relevante, como es el de qué queremos contraponer al modelo de comercio neoliberal globalizado. Aquí, el papel de los movimientos sociales sigue siendo fundamental no solo para visibilizar, denunciar y poner fin a la impunidad de las corporaciones, sino para presentar alternativas al modelo, como pueden ser los mercados de economía social, al modo de la Red Vasca de Economía Social que a día de hoy representa el 8,26% del empleo en Euskadi y que ha sido más capaz de mantenerse frente a la crisis respecto a otros sectores de la economía general [23].

Por suerte, las crisis también son momentos de oportunidad. Cuando el conflicto social y ambiental crece se cuestionan los sistemas de legitimación y las reglas del juego pueden cambiar. Por ello la lucha contra los TLC va más allá de evitar su firma, pues puede abrir las vías de encontrar nuevas formas de organización económica dentro de los límites del planeta, de participación política y democracia directa [24].




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