Encuentro para elaborar una iniciativa ciudadana europea sobre campos electromagnéticos

La Peccem, de la que forma parte Ecologistas en Acción, participa en el Parlamento Europeo en un encuentro para elaborar una iniciativa ciudadana europea (ICE) para la regulación proteccionista de la exposición a los campos electromagnéticos.

El encuentro de Bruselas del 12 de enero, patrocinado por la eurodiputada francesa de los Verdes/ALE Michèle Rivasi, contó con la participación de representantes de organizaciones de 10 países europeos [1] implicadas en la lucha contra contaminación electromagnética, y con la presencia Bernardo Hernández Bataller, en calidad de representante de la sección especializada TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

En una reunión previa por la mañana, las asociaciones valoraron las numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones de 25 países al Manifiesto Europeo de apoyo a una futura ICE por una regulación proteccionista a la exposición a los campos electromagnéticos, en la línea propuesta por la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa sobre "Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente", por parte de científicos, expertos, asociaciones profesionales y organizaciones sociales del ámbito vecinal, ecologista, de consumidores, de madres y padres, de defensa de la salud, de personas afectadas por síndromes de sensibilización central (como la fibromialgia, la sensibilidad química, la electrosensibilidad, la fatiga crónica, etc.). También se presentaron los documentos proteccionistas claves desarrollados durante 2015 (el llamamiento Internacional de alerta de científicos que estudian sobre campos electromagnéticos, el dictamen proteccionista sobre hipersensibilidad electromagnética de la sección TEN del CESE, y las Directrices europeas de actuación en campos electromagnéticos de la Academia europea de Medicina ambiental).

Por la tarde en el Parlamento Europeo, se apostó por elaborar un texto de una ICE que abogue por reducir la exposición a los campos electromagnéticos y aborde el tema de la electrosensibilidad, basándose principalmente en las recomendaciones de la Resolución 1815 del Consejo de Europa de 2011 para realizar los cambios legales y educativos necesarios para minimizar la exposición a los campos electromagnéticos (disminución de los límites de exposición, escuelas con conexión a internet por cable en vez de Wi-Fi, campañas de información y educación sobre los riesgos y mejores prácticas para reducir a exposición) y adoptar medidas apropiadas para proteger a las personas electrosensibles (incluidas las “zonas blancas” sin exposición a campos electromagnéticos). Bernardo Hernández Bataller, en calidad de representante de la sección especializada TEN del CESE, expuso el dictamen aprobado en dicha sección del 7 de enero de 2015 de este órgano consultivo aconsejando el reconocimiento integral de la EHS y la puesta en práctica de las medidas proteccionistas arriba mencionadas, algunas de ellas ya recogidas en el Plan de rescate para las personas afectadas por síndromes de sensibilización central aprobado recientemente en Tarragona. La eurodiputada francesa Michèl Rivasi informó de algunas medidas para reducir la contaminación electromagnética aportadas por la Ley Abeille de 2015 en Francia, como considerar zonas libres de Wi-Fi las guarderías y otras instancias para menores de 3 años, y a nivel judicial, el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como causa de discapacidad funcional.

El grupo de coordinación de la PECCEM, se congratula de abrir de nuevo el debate de una posible Iniciativa Ciudadana Europea por una regulación proteccionista a la exposición a los campos electromagnéticos que inste a los Estados a adoptar las recomendaciones expuestas en la Resolución 1815 de la APCE, actualmente ignoradas sistemáticamente en el estado español a pesar de las resoluciones de los Parlamentos Vasco y Navarro, o las recomendaciones del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia a favor de aplicar dicha resolución, así como de las alertas de científicos, expertos e investigadores de Universidades y centros hospitalarios públicos de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco, Valencia, …) apoyadas por organizaciones sociales en numerosos ámbitos.




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