Leyes para incumplir la ley

La Junta de Castilla y León ha legislado contra el medio ambiente para favorecer intereses económicos privados.

Miguel Ángel Ceballos Ayuso, Ecologistas en Acción de Castilla y León [1]. Revista El Ecologista nº 87.

La Junta de Castilla y León ha usado con profusión un sistema perverso para pasar por encima de las sentencias judiciales desfavorables, tratando al mismo tiempo de impedir a la ciudadanía y a los tribunales ordinarios el control de las decisiones administrativas del Gobierno regional. Así, ha ‘legalizado’ proyectos nítidamente ilícitos mediante leyes específicas para cada uno de ellos. Pero una tras otra, dichas leyes están siendo rechazadas por el Tribunal Constitucional.

Ciudad del Medio Ambiente, Ciudad del Golf, Parque de Ocio de Arlanzón, estación de esquí de San Glorio, Meseta Ski, vertederos de Santovenia de Pisuerga, Fresno de la Ribera, Gomecello… Son algunas iniciativas público-privadas desarrolladas en Castilla y León con el marchamo de “Proyecto Regional”, al amparo de las amplias prerrogativas concedidas al ejecutivo y al legislativo por la Ley Regional de Ordenación del Territorio. Pero desde hace dos años vienen siendo tumbadas sistemáticamente por el Tribunal Constitucional.

Todas tienen en común la vulneración de la legislación ambiental europea, estatal o autonómica, puesta de manifiesto a través de resoluciones judiciales. Y todas responden al interés de una empresa mercantil, promotora privada o concesionaria pública, con estrechos vínculos con el poder político regional. La investigación de las ramificaciones de la trama Gürtel en Castilla y León apunta a la corrupción política como nexo de unión entre ambos términos, aunque de momento solo se ha investigado un caso.

Gürtel por ley

Se trata del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello. Su aprobación como Proyecto Regional por Decreto 65/2004 vino motivada por la oposición del Ayuntamiento de la localidad a albergar en su municipio el vertedero provincial de residuos urbanos. La Consejería de Medio Ambiente había adjudicado su construcción en abril de 2003 por casi 23 millones de euros y una mínima baja del 1,2% a la U.T.E. Sufi, S.A. - Teconsa.

Suspendido el proyecto por Auto de 27 de julio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, por carecer de cobertura legal en el entonces recién anulado Plan Regional de Residuos Urbanos, a iniciativa de la Junta de Castilla y León las Cortes regionales lo declaran Proyecto Regional por Ley 6/2005. El conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional por el Ayuntamiento de Gomecello, pendiente aún de resolución, no paralizó la construcción del vertedero, hoy plenamente operativo.

Años más tarde, la investigación del caso Gürtel ha destapado una comisión ilegal de 384.670 euros, entregada presuntamente por las empresas adjudicatarias de las obras al responsable de la trama Francisco Correa, al extesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas, al exeurodiputado Gerardo Galeote y al exdiputado por Segovia Jesús Merino (60.000 euros cada uno), además de a la entonces Consejera de Medio Ambiente y hoy Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente (144.200 euros), según apuntan informes policiales.

Hasta la fecha, no constan investigaciones por corrupción en los restantes proyectos citados, pero algunos detalles de su génesis se explican mucho mejor con la mediación de incentivos como los presuntamente recibidos por altos cargos del Partido Popular en el caso Gomecello.

Control periódico en el vertedero de Santovenia de Pisuerga.

Vertederos de residuos industriales

Los vertederos de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora) son propiedad de la filial medioambiental de la constructora ACS, el Grupo Urbaser. El primero, destinado a residuos tóxicos y peligrosos y ubicado a las puertas de la ciudad de Valladolid, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de diciembre de 2001, en ejecución de la cual fue clausurado por el Ayuntamiento en mayo de 2002. Dos meses más tarde, la Junta de Castilla y León lo reabre gracias a la Ley 9/2002 para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad, inaugurando así la serie de leyes ad hoc para pasar por encima de las sentencias judiciales desfavorables y apartar a los ciudadanos y a los tribunales ordinarios del control de las decisiones administrativas del Gobierno regional.

El vertedero de Fresno de la Ribera, destinado a residuos no peligrosos y ubicado en las proximidades del río Duero, aguas arriba de la ciudad de Zamora, fue paralizado por Auto de 4 de julio de 2007 del TSJ de Castilla y León, por no estar previsto en el Plan Regional de Residuos Industriales. Tras varios meses de dilación en el cumplimiento de la orden judicial, la Junta de Castilla y León saltó por encima de la misma con la Ley 2/2008 promovida en este caso por el Grupo Parlamentario Popular para evitar una posible impugnación contencioso-administrativa del Proyecto de Ley. Actualmente, la Junta tramita como Proyecto Regional un tercer vertedero de residuos industriales de la constructora ACS, en el municipio vallisoletano de San Martín de Valvení, en un emplazamiento desestimado en 2009 por el propio Gobierno autonómico.

¿Cómo es posible que la misma empresa privada haya visto rescatados dos (quizás tres) proyectos declarados ilegales por los tribunales por la iniciativa legislativa del Gobierno y las Cortes de Castilla y León? ¿Cuál es el interés general que reviste la actividad empresarial de ACS en Castilla y León que no acompaña a la docena de proyectos de tratamiento de residuos industriales fallidos en los últimos años en la Comunidad? Sin indicios objetivos de delito, la corrupción política aporta no obstante una explicación plausible a tan llamativo trato de favor.

Ciudad del Golf

Sabido es que la gestión de la basura es un campo abonado para la corrupción, como manifiesta el caso Brugal en la Comunidad Valenciana. Pero la palma se la llevan los proyectos inmobiliarios en espacios naturales privilegiados. Sin desmerecer el esfuerzo de las administraciones locales y autonómicas del litoral mediterráneo, la Junta de Castilla y León ha obtenido un gran protagonismo en este campo a través de tres casos sangrantes: la Ciudad del Golf, la Ciudad del Medio Ambiente y la estación de esquí de San Glorio.

La Ciudad del Golf en las Navas del Marqués (Ávila) es una compleja operación inmobiliaria por la cual el Gobierno regional enajena 210 hectáreas de monte público y otorga el visto bueno ambiental y urbanístico al proyecto de edificar 1.600 viviendas, un complejo hotelero y dos campos de golf promovidos por la sociedad Residencial Aguas Nuevas, S.L., propiedad del constructor murciano Francisco Gómez “El Paloma”. El pinar afectado forma parte de un espacio de la Red Natura 2000 y de un Área Crítica para la Cigüeña negra, especie en peligro de extinción, lo que no fue óbice para que la Junta instara y aprobara la operación.

Anulada en firme por sentencia de 29 de septiembre de 2006 del TSJ de Castilla y León, la subsiguiente tala de arbolado deriva en un procedimiento penal en el que en abril de 2014 resultaron absueltos el todavía director general de Medio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, y su antecesor en el cargo, Mariano Torre, junto a otros tres funcionarios públicos.

Con el argumento de “que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones [no formaban parte del órgano decisorio] sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica”, la sentencia cierra el caso sin que haya sido enjuiciada ninguna de las autoridades que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, como el alcalde y el secretario de Las Navas del Marqués, el ex-delegado de la Junta en Ávila o la entonces consejera de Medio Ambiente y hoy todavía senadora María Jesús Ruiz.

De hecho, la solicitud de imputación de esta última, realizada por fiscal y juez instructor a la Sala de lo Penal del TSJ de Castilla y León tras dos años de investigaciones, fue desestimada en apenas una semana por su Presidente, José Luis Concepción, destacado miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y garantía de tranquilidad para los políticos regionales aforados que pudieran verse envueltos en procesos penales. A pesar de ello, es precisamente la investigación de las presuntas responsabilidades penales la que ha seguramente ha evitado que la Ciudad del Golf haya sido impuesta por Ley.

Cúpula de la Ciudad del Medio Ambiente.

La Ciudad del Medio Ambiente y la estación de esquí de San Glorio

La Ciudad del Medio Ambiente de Garray (Soria) conlleva la urbanización de 560 hectáreas del soto de Garray, un paraje natural urbanísticamente protegido en la zona inundable del río Duero, a los pies de Numancia y desconectado de la ciudad de Soria. Se trata de un complejo inmobiliario con 800 viviendas, centro hípico, hoteles, torres institucionales, complejo deportivo y polígono industrial. Una miniciudad financiada con 100 millones de euros de los presupuestos de la Junta de Castilla y León a beneficio de las empresas constructoras Isolux Corsan, Vías y Zarzuela, adjudicatarias de las obras principales de urbanización y edificación.

Anticipándose a los problemas judiciales, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto por Ley 6/2007, lo que no ha impedido que las obras de urbanización y la llamada “Cúpula de la Energía” hayan recibido resoluciones judiciales contrarias por afectar a áreas de elevado valor natural o incumplir las condiciones de edificación. La crisis económica provoca que en abril de 2013 se suspendan las obras, pasando el proyecto a engrosar la lista de cadáveres inmobiliarios heredados de la década dorada del ladrillo en España.

La estación de esquí de San Glorio es otro proyecto inmobiliario megalómano nucleado en una estación alpina a localizar en el puerto de San Glorio, entre Cantabria, León y Palencia, acompañada de 6.000 plazas hoteleras, mil viviendas secundarias, dos centros comerciales, dos palacios de deportes, dos clubs náuticos, cuatro campos de golf, un centro hípico y otro de 4x4. Se trata de un espacio natural sobresaliente, incluido en los parques naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, integrados en la Red Natura 2000, y en el ámbito de los planes de recuperación de dos especies en peligro de extinción como el oso pardo y el urogallo.

El proyecto es promovido por la sociedad Tres Provincias, S.A., participada por Eulen como accionista mayoritario, y desde el principio topa con la barrera de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas prohíbe las estaciones de esquí alpino. Tras resultar anulada judicialmente por el TSJ la primera tentativa de modificación del PORN, esta finalmente se realiza por Ley 5/2010, como primer paso al que han seguido la aprobación por Ley de las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central y el inicio de la tramitación como Proyecto Regional de estación de esquí.

Más leyes a la carta

Entre los restantes Proyectos Regionales aprobados por la Junta en los últimos años, merece la pena citar el Parque de Ocio de Arlanzón, aprobado por Decreto 56/2008 y también anulado por el TSJ de Castilla y León. Auspiciado por la Diputación Provincial de Burgos, preveía la edificación de un hotel, un campo de golf y 640 viviendas en 190 hectáreas de terrenos parcialmente catalogados como Monte de Utilidad Pública. Al frente de la propuesta aparece Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado a 7 años de prisión por el caso de la construcción en Burgos y actualmente propietario del grupo de comunicación Promecal, que junto al grupo Edigrup del imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri copan las cabeceras en prensa y las televisiones regionales, evidenciando el estrecho vínculo entre corrupción y control de la información.

Obras de Meseta Ski.

Finalmente, el último y más esperpéntico episodio de todos es el del Complejo de Ocio y Aventura “Meseta Ski”, promovido por la Diputación Provincial de Valladolid en Tordesillas y concedido de nuevo a Isolux Corsán. Financiado con las plusvalías de la venta especulativa de suelo público en el Plan Parcial Villa del Prado de Valladolid, su presupuesto de ejecución se ha disparado de 3 a 12 millones de euros a causa de las tres paralizaciones que ha sufrido el proyecto desde su inicio en 2006.

Y es que las obras de esta estación de esquí sintético, iniciadas sin licencias ni declaración de impacto ambiental, han sido objeto de 13 resoluciones judiciales contrarias. Un incendio quemó en 1999 el cerro de San Juan donde se ubica, y las leyes estatales de Montes y de Suelo prohíben su recalificación hasta 2029, algo que era plenamente conocido por Diputación y Junta de Castilla y León, a pesar de lo cual decidieron dilapidar el dinero de todos en una obra inútil y legalmente imposible. Por Ley 6/2010 las Cortes de Castilla y León intentan una vez más salvar los compromisos de los políticos populares vallisoletanos.

Unas razones injustificables

La principal virtualidad de la aprobación por ley de un proyecto singular es que este no puede ser impugnado más que ante el Tribunal Constitucional. Y esto solo lo puede hacerse por un número limitado de instituciones (Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados o Senadores, Defensor del Pueblo y Comunidades Autónomas). Quedan apartados de la fiscalización de las actuaciones administrativas la ciudadanía y las organizaciones sociales, y resultan inejecutables las sentencias judiciales previas sobre la ilegalidad de dichos proyectos. Se pulverizan así derechos fundamentales como la igualdad ante la Ley, la tutela judicial efectiva o la participación, vulnerando a menudo la normativa europea y estatal de medio ambiente.

Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, una década después de iniciarse la serie de leyes ad hoc. Si en julio de 2013 el Alto Tribunal tumbaba la Ley del vertedero de Santovenia de Pisuerga, en diciembre del mismo año hacía lo propio con la de la Ciudad del Medio Ambiente, en ambos casos a instancias del PSOE, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En octubre de 2014 le llegó el turno a la Ley de Meseta Ski, recurrida por el anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y anulada por conculcar la legislación básica del Estado. Y en abril de este año ha caído la Ley del PORN de Fuentes Carrionas, también por lesionar el derecho constitucional a la tutela judicial, respondiendo a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Castilla y León.

A la espera de las sentencias sobre las leyes de los vertederos de Gomecello y Fresno de la Ribera, y anulados o derogados los mecanismos legales que permitían aprobar por Ley estos Proyectos Regionales, queda restaurar los daños ambientales y sociales de esta berlusconización de la política en Castilla y León, en la que cuantiosos fondos públicos se han dilapidado, mediando quizás comisiones a autoridades y partidos. Solo unas decididas acciones investigadoras de las instancias judiciales o de los medios de comunicación podrían reparar los abusos de unos responsables políticos y empresariales plenamente en activo, disfrutando de una total impunidad. Pero, ¿quién las llevará a cabo, con todo tan bien atado?


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