Paralización inmediata de las cacerías de lobo

Venimos asistiendo los últimos días a un cúmulo de despropósitos desde las administraciones provincial y regional. La Diputación de Salamanca nos sorprendía hoy con la aprobación de una moción presentada por el PSOE de declarar Salamanca como provincia “libre de lobos” y el pasado 29 de enero era la Junta de Castilla y León a través de su consejería de medio ambiente la que se desmarcaba con la autorización de dos cacerías para abatir dos lobos en Ávila y dos en Salamanca.

Ambas cuestiones son claramente ilegales ya que atentan contra varias normativas y leyes que pasamos a enumerar:

  • El Convenio de Berna, ratificado en España en 1986, incluye al lobo entre las especies de fauna protegida
  • La Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, cataloga al lobo como Especie de Interés Comunitario, lo que implica necesariamente su conservación y distingue dentro de la Península dos zonas, al norte y al sur del Duero. En el caso de Salamanca, al sur, define a los lobos como especies animales de interés comunitario que requieren protección estricta.
  • La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que traspone a la legislación española la Directiva 92/43/CEE Hábitats y que por tanto, cataloga al lobo de la misma manera.

Por todo esto desde Ecologistas en Acción de Salamanca consideramos que ambas administraciones están incurriendo en faltas graves a la legalidad estatal y europea sin haber tomado previamente en consideración la infinidad de propuestas que se han hecho desde los movimientos ecologistas y que suponen la salvaguarda de la ganadería extensiva (tan importante para la conservación de los ecosistemas) y a la vez la salvaguarda del predador más importante de nuestros ecosistemas ibéricos y que Portugal tiene estrictamente protegido, el Canis lupus signatus o lobo ibérico.

Exigimos pues que se paralicen de inmediato las cacerías ilegales y de no ser así nos reservamos el derecho y la obligación, por velar por el interés general y el cumplimiento de la legislación vigente, de interponer denuncias ante las instituciones europeas.

Entendiendo que el lobo es una especie emblemática protegida al sur del Duero y que es perfectamente compatible con la ganadería extensiva y que además beneficia las economías de muchos lugares, como así lo demuestran ejemplos tan cercanos como en la comarca vecina de Zamora, el objetivo debería ser pues el de minimizar los ataques y los posteriores daños a través de medidas preventivas que se ha demostrado eficaces en otros territorios y en otros países que también tienen ganaderías que viven al aire libre.

Entre las responsabilidades ignoradas de la Junta de Castilla y León está la de fomentar y facilitar esas medidas de seguridad y los ganaderos de exigirlas e implementarlas como haría cualquiera con su propia empresa o negocio; estudios demográficos, análisis genéticos para descartar ataques de manadas de perros asilvestrados (que son muy abundantes), control de los perros en el medio rural, que la compensación sea rápida y eficaz en caso de daños.

El gobierno regional y el provincial son, por su inacción a la hora de abordar este conflicto durante años, los responsables de esta situación de crispación generada y que están intentando resolver autorizando cacerías y exterminios ilegales.

¿Alguien podría imaginar que desde la Diputación de Huelva se declarara a esta provincia "Zona Libre de Linces" o desde el Principado de Asturias "Zona Libre de Osos"? Pues el lobo ibérico convive en nuestros montes porque también son sus montes y así debemos entender su protección y la protección de las personas que viven en el territorio rural es obligaciones de las administraciones.

Que cumplan pues con sus compromisos para con la ganadería y para con el lobo ibérico.




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