La inundación de la desaladora del caso Acuamed podría haberse evitado

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Informe Daños por inundaciones en la desaladora del Bajo Almanzora

La desaladora del Bajo Almanzora (Almería) fue construida en la confluencia de dos ramblas, la del Almanzora y la de Canalejas, probablemente ocupando una parte del cauce de una de ellas, por lo que su inundación, que tuvo lugar en septiembre de 2012, era totalmente previsible y podría haberse evitado.

Esta conclusión se desprende del informe elaborado recientemente por Ecologistas en Acción, en el que se incluyen fotografías aéreas actuales y de antes de haberse construido la planta, donde puede apreciarse claramente que la misma se construyó en un área de muy alto riesgo de inundación. Asimismo, se aporta una fotografía de octubre de 1973, en la que se ve correr la rambla del Almanzora con gran cantidad de agua. De hecho, según dice el informe, si en 2012 se hubiese producido una avenida similar a la de 1973, los daños generados en la desaladora hubiesen sido mucho mayores.

La desaladora del Bajo Almanzora fue promovida por Acuamed, que encargó su construcción a una UTE liderada por FCC. En septiembre de 2012, después de unas lluvias torrenciales, se produjo una avenida que inundó la planta y la dejó inservible, produciendo unos daños de entre 10 y 15 millones de euros. Se produjo entonces un conflicto para ver quién financiaba las reparaciones y, finalmente, altos cargos del Ministerio y Acuamed, con la opinión en contra de técnicos y funcionarios, decidieron compensar económicamente a FCC. Dicho pago ha generado el inicio de una investigación por parte de la Audiencia Nacional que, de momento, ha llevado a algunos altos cargos de Acuamed a prisión.

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción se considera que la principal responsabilidad de la ubicación de la planta en zona inundable, causa inicial de todo el escándalo de Acuamed (Operación Frontino), recae sobre la Junta de Andalucía, al ser la autoridad competente en temas de agua y dominio público hidráulico en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde se encuentra situada la desaladora. También advierten posibles responsabilidades en el Ministerio, Ayuntamiento y FCC.

Ecologistas en Acción entiende que podrían haberse cometido delitos al permitir la ubicación de la desaladora en zona de muy alto riesgo de inundación, por lo que ha remitido el informe a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, así como a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.




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