Exigen ejecutar cierre de ARIMESA

Ecologistas en Acción ha presentado un escrito en el que exige al Ayuntamiento de Santomera que haga efectiva la sentencia de 4 de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia (Recurso Ordinario 31/2010), ratificada por la Sentencia 25/2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 29 de enero de 2015, y que confirma la sanción impuesta por resolución de Junta de Gobierno Local de 24 de julio de 2009, por la cual se establece la clausura definitiva y total de las instalaciones y maquinaria que ARIMESA posee en el paraje del Zacacho en Santomera, así como la suspensión de cualquier tipo de actividad industrial minero o de cualquier otro orden existente en la misma, mientras no disponga de la necesaria licencia de actividad, la cual a día de hoy no posee.

Ecologistas en Acción lleva años denunciando la actividad ilegal de ARIMESA en Santomera, mercantil propiedad de Pedro García-Balibrea Martínez, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, y que lleva décadas funcionando sin licencia.

El cierre debe ser inminente, incluso aunque se estuviera tramitando una licencia, ya que la literalidad de la sanción establece el cierre total de todas las instalaciones ilegales y cese total de las actividades sin licencia por parte de ARIMESA, en tanto no se disponga de licencia otorgada, circunstancia que no existe en este momento.
Por otro lado, Ecologistas en Acción recuerda que ninguna licencia, en trámite o futura, podría amparar la totalidad de las instalaciones que a día de hoy se encuentran en funcionamiento en El Zacacho, lo cual supone otro argumento más a favor del cierre total hasta tener licencia de actividad.

La organización ecologista recuerda al Ayuntamiento que no puede continuar en la indefinición de dejar hacer en la cantera, puesto que está obligado a ejecutar sus propias resoluciones, y máxime cuando éstas han sido confirmadas con carácter firme por la Administración de Justicia. Si el Ayuntamiento sigue dejando hacer, no sólo es cómplice de la ilegalidad que se está cometiendo, sino que será también responsable de los perjuicios que esté causando esta actividad ilegal.

Por eso Ecologistas en Acción exige al Ayuntamiento que proceda al cierre, cuando ya ha pasado más de un año desde que la sentencia del TSJ deviniera firme, y más de 6 años desde que se adoptó el acuerdo de clausura definitiva y total de las instalaciones y maquinaria de ARIMESA sitas en el paraje del Zacacho y la suspensión de cualquier tipo de actividad industrial minero o de cualquier otro orden existente en la misma hasta tanto no se obtenga la correspondiente licencia de actividad.




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