6.000 cazadores amilanan a 660.000 jienenses no cazadores

El uso por cazadores de los espacios públicos, afectará gravemente a ciclistas, senderistas, montañeros y usuarios en general de espacios hasta la fecha “públicos y protegidos” y pone en serio peligro a la fauna que en ellos se cobija.

Recorrer espacios tan gratos de visitar como La Cañada de las Hazadillas, El Monte del Neveral, Jabalcuz o muchos espacios como las riberas de nuestros ríos, se convertirá a partir de ahora en una aventura de tintes amenazantes para todo el que no lleve un arma de fuego, eso es lo que se refleja en las declaraciones publicadas en el 31 de marzo de 2016, por el Diario JAEN y emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en el que se puede leer el siguiente texto: “El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén, Juan Eugenio Ortega, mantuvo una reunión de trabajo con los presidentes andaluz y jiennense de la Federación de Caza, José María Mancheño y Pedro López, respectivamente, para analizar el uso de las riberas de los ríos por las sociedades cinegéticas y el precio por el aprovechamiento de los cotos en los montes públicos” además de “El acuerdo permitirá que las entidades jiennenses tengan derecho al disfrute de las zonas de dominio público en los márgenes del Guadalquivir y sus afluentes, como precisó el responsable de Medio Ambiente”.

Es una “desagradable” sorpresa ver como 6.000 cazadores aplauden una decisión tomada entre bastidores y a hurtadillas, detrás del telón, sin pies ni cabeza y que beneficia a un pequeño sector de población. La provincia de Jaén tiene aproximadamente 666.000 habitantes y esta medida se otorga para 6.000 habitantes.

En términos reales esta medida supone poner en manos de cazadores la gestión de espacios naturales públicos hasta la fecha tutelados por Agentes de Medio Ambiente o protegidos por sus altos valores ecológicos. Esto significa para las personas no cazadoras, no poder disfrutar con seguridad de estos espacios naturales y públicos. Familias con niños, ciclistas, clubes de escalada, asociaciones de senderismo, asociaciones culturales y ecologistas, practicantes de deportes en la naturaleza, en general, y un largo etcétera de personas a las que no le es posible llegar a los medios de comunicación, en definitiva una minoría quiere callar a la mayoría.

Por otro lado, es un ataque directo a la fauna silvestre que estos espacios albergan y sirven de refugio, frente a los espacios reservados para la caza, que son la mayoría del territorio provincial, repartido entre el olivar y gran parte de las fincas privadas de monte.

Es especialmente destacable que los ríos y sus riberas, son además del único refugio seguro para gran parte de la fauna protegida, elementos que sirven como verdaderas autopistas de paso de ésta, según comentan importantes ecólogos y expertos en la materia y que según la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre, de la Junta de Andalucía, en su artículo 18 define como corredores ecológicos que garantizan la biodiversidad.

Poner a las sociedades cinegéticas como gestoras de estos “tesoros naturales” es algo que únicamente puede decir alguien que desconoce absolutamente el tema o que defiende a ultranza los intereses de un sector. Es como dice el refrán popular: “poner a la zorra a guardar las gallinas”.

Por último una reflexión para el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén, Juan Eugenio Ortega. Las medidas que se está llevando a cabo, desde la Delegación, no son las más apropiadas para un medio ambiente sostenible. Su afición de cazador es claramente de apoyo a la caza y desde Ecologistas en Acción Jaén, consideramos que en una Delegación de Medio Ambiente se tiene la obligación de velar por los intereses generales y no por los particulares de un sector minoritario, por lo que una persona con claros intereses personales para el grupo al que representa, no debiera ocupar ese cargo público en la Delegación de Medio Ambiente, porque instaurar esa medida incumple manifiestamente lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.