Queja al Defensor del Pueblo por opacidad en el procedimiento de las tierras raras

La Plataforma Si a la Tierra Viva, en la que participa Ecologistas en Acción, presenta queja ante el Defensor del Pueblo por la opacidad y falta de garantías en los trámites administrativos de “tierras raras”.

La postura presentada por las diferentes administraciones local, regional y Confederación del Guadiana supone un funcionamiento anormal de la Administración

Los 10 proyectos de investigación minera que afectan a más de 27.000 hectáreas de la provincia de Ciudad Real, fueron declarados exentos de Estudio de Impacto Ambiental, y ello por ser la tramitación troceada inteligentemente por los promotores, pues si se hubiera realizado de forma conjunta, no hubiera podido ser eximida debido a la magnitud cuantitativa de las hectáreas afectada y al movimiento de tierras producido. Además se han producido numerosos incumplimientos por las empresas mineras, respecto a autorizaciones preceptivas, pero hábilmente omitidas a fin de evitar los necesarios controles.

Uno de los proyectos, que afecta a los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad, pretende gastar una cantidad de agua de hasta 500.000 m³ al año en una zona caracterizada por un clima seco, donde el agua es uno de los bienes más preciados. Además esta zona en la que se quieren comenzar los primeros trabajos de explotación, cuenta con unos valores ambientales extraordinarios, dando cabida a el lince ibérico y el águila imperial. Además de contar con un medio socioeconómico asentado en la agricultura, ganadería e industria transformadora y que se puede ver gravemente amenazado por este tipo de actividad extractiva.

La Plataforma ha tenido que presentar varias denuncias, y espera ahora al resultado de los expedientes sancionadores por falta de licencias urbanísticas y de actividad, pues se realizaba el cribado para la obtención el mineral radiactivo (monacita) en pleno casco urbano, sin la más mínima consideración para el vecindario de Torrenueva.

Se han presentado también denuncias a la CH Guadiana por realizar catas en zonas de cauce público y por vertido ilegal al alcantarillado público de aguas residuales derivadas de la actividad sin licencia ni autorización administrativa, en fechas 26 de enero, 8 de febrero y 14 de marzo. A día de hoy no se ha obtenido respuesta.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no ha entregado los expedientes medioambientales que se encuentran solicitados desde el día 17 de febrero por esta Plataforma. La retención de los mismos impide la defensa de nuestros intereses.

Para ello solicita al Defensor del Pueblo:

  • Primero, que se realice un informe de control de la legalidad de los proyectos mineros que afectan a la comarca, sus efectos sobre los espacios protegidos de hábitat de especies en extinción, la delimitación de competencias y funciones, dada la concurrencia de diversos organismos privados y públicos, así como la confluencia de intereses muy diversos, debiendo declarar la priorizaron de estos.
  • Segundo, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se realice el informe de control, y ello a fin de no causar perjuicios e indefensiones irreparables a los ciudadanos de la comarca
  • Tercero, realice las gestiones oportunas para que en cumplimiento de la ley y garantía de nuestros derechos nos sea facilitado acceso a expedientes medioambientales, y copia para análisis detallado en relación con los proyectos mineros de investigación y de explotación, para proceder a la defensa de nuestros intereses como interesados.

La Plataforma espera la respuesta de la Defensora del pueblo, utilizando esta forma para alentar a que se pare esta amenaza, aunque no dudan en seguir utilizando la presión social para hacerse escuchar. Está convocada una manifestación para el día 21 de mayo en el epicentro de la mina, la localidad de Torrenueva.




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