En el día de hoy, los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han ratificado el «Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura», firmado el pasado 14 de marzo en el Palacio de Congresos de Badajoz por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, y los secretarios generales de CCOO y UGT en Extremadura, Julián Carretero y Francisco Capilla, respectivamente.

Ecologistas en Acción de Extremadura ha rehusado asistir a la firma de este Pacto, lo cual consideramos que supondría asumir de manera implícita el contenido del mismo, que incluye seguir apostando de manera decisiva por la implantación del AVE en nuestra región. Pacto que, además, fue elaborado sin el consenso (y sin siquiera consulta) del resto de agentes económicos y sociales de nuestra región con implicaciones en este asunto, e igualmente, de espaldas a la ciudadanía que no se siente representada en los sindicatos mayoritarios ni en la patronal, y que defiende una visión diferente de lo que debe ser una buena política de transportes para Extremadura. Como decíamos, por mucho que el Gobierno haya tratado de convencernos de que esto supone un hito de consenso social y que ahora la prioridad es la mejora del tren convencional, lo cierto es que ni lo uno, ni lo otro: el pacto contempla como objetivo prioritario, tal y como viene expresado en los puntos 1, 2, 4 y 5 del mismo, la continuidad en el apoyo a la instalación de la línea de Alta Velocidad.

Por otro lado, el pacto adolece de una carencia absoluta de análisis de viabilidad económica y social de sus planteamientos, pues no hay concreción presupuestaria y financiera para acometer los objetivos anunciados. Pero además, creemos firmemente que no es posible conjugar el apoyo a la mejora del tren convencional con el fomento y mantenimiento de la alta velocidad. En primer lugar, si consideramos comparativamente los presupuestos manejados por ADIF entre el dinero invertido en mantenimiento de líneas convencionales y el invertido en las líneas de trenes de alta velocidad (TAV), a nivel estatal, vemos dónde se pretende seguir poniendo el acento: 287 millones de euros al año para las primeras, frente a 3.679 millones que se lleva el AVE de presupuesto anual (datos de 2016). Está claro que es una simple cuestión de números y que la Alta Velocidad detrae recursos económicos públicos de los trenes Regionales, Cercanías y Larga Distancia, que son los utilizados por la inmensa mayoría de los/as usuarios/as.

Como ya es sabido, nuestra organización se ha mostrado firmemente contraria a la instalación de líneas de Alta Velocidad pues, aparte de las medioambientales, entendemos que existen razones sociales e incluso económicas que lo hacen absolutamente innecesario, e incluso perjudicial para nuestra región. Para ello nos basamos, entre otras, en las conclusiones de estudios de viabilidad económica realizados por organismos independientes, como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). De hecho, varios estudios han demostrado que los TAV sólo son rentables en el transporte de viajeros/as cuando conectan dos núcleos de población muy densos y no existe otro sistema de transporte más eficaz y económico para los/as viajeros/as. Por tanto, la negativa del Tribunal de Cuentas de Portugal a continuar la línea hasta Lisboa, hace que este proyecto carezca de todo sentido desde el punto de vista de la rentabilidad económica y la conectividad de pasajeros.

A ello se unen cuestiones como la ausencia de un análisis económico, social y ambiental de la opción de mejora de la Red ferroviaria existente, la cual, con ligeras modificaciones mucho menos perjudiciales para el ambiente y para el bolsillo de los/as contribuyentes, conseguiría que los talgos alcanzaran velocidades de hasta 220 km/h, consiguiendo tiempos muy competitivos comparados con el AVE, cuya velocidad media es de 222 km/h. Además, los TAV constituyen un medio de transporte que no favorece la cohesión social del territorio, sino que promueve un modelo de desarrollo territorial desvertebrado, siendo elitista e inaccesible económicamente para el común de los ciudadanos. Igualmente, desequilibran el territorio desde el punto de vista ambiental, dificultando la conectividad ecológica en la cual se sustenta en gran parte la biodiversidad de nuestra región, a lo que hay que sumar las gravísimas afecciones sobre el medio ambiente y el paisaje que supone su construcción. De esta manera lo expresamos en un escrito dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), dentro del período de consultas e información pública del Proyecto para la prolongación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa hasta la frontera portuguesa, a principios del presente año, donde exponíamos argumentadamente todas las razones que nos llevan a rechazar el paso del AVE por Extremadura.

Por todos los motivos expuestos, Ecologistas en Acción de Extremadura se ve obligada a no suscribir el Pacto por el Ferrocarril, pues algunas de sus propuestas entran francamente en contradicción con nuestro planteamiento de lo que debe ser un modelo de transporte sostenible y ecológicamente respetuoso. Consideramos, asimismo, que no es posible apoyar parcialmente el Pacto, pues éste ha sido presentado por la propia Junta como un todo indisoluble sin dar opción al debate sobre los diferentes puntos que conforman los objetivos del mismo.

Por todo ello, nuestra asociación insta a la Administración extremeña a abrir vías de comunicación con el resto de organizaciones, colectivos ciudadanos, plataformas y asociaciones que trabajan por el tren en Extremadura, más allá de sindicatos mayoritarios y patronal, pues entendemos que éste es un tema que trasciende la cuestión económica y laboral. En la Mesa Redonda de Infraestructuras de Transporte y Ferrocarril organizada por Ecologistas en Acción el pasado sábado en Badajoz, en la que contamos con la participación de diferentes organizaciones con puntos de vista distintos, pudimos constatar que existen sensibilidades y opiniones muy diversas sobre este tema entre la ciudadanía extremeña. Creemos que solamente contando con todos los agentes implicados, y escuchando todas las voces, podrá llegarse a un verdadero consenso social en este asunto de tanta relevancia para los/as extremeños/as.