Cobre las Cruces: 10 años de ataques al medio ambiente

Novedades judiciales tras la sentencia por infracciones urbanísticas por construcciones ilegales y sobre el juicio oral por delitos medioambientales y contra el dominio público contra tres altos cargos de la mina Cobre las Cruces.

Sentencia por infracciones urbanísticas por construcciones ilegales.

Con fecha 20 de abril de 2016 el Juzgado nº14 de lo contencioso administrativo de Sevilla ha dictado sentencia confirmando casi en su totalidad el Decreto de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Gerena nº 34/2013, de fecha 17 de mayo de 2013, recaído en expediente sancionador seguido contra “Cobre Las Cruces” por el que se impone a la entidad recurrente sanciones de multa por un importe total de 206.996,97 euros, por 23 infracciones urbanísticas en las instalaciones del Complejo minero hidrometalúrgico “Las Cruces”, anulando dicha infracción solo en cuanto a cuatro de las 19 sanciones impuestas por importe de 3.000 euros cada una de ellas, por las actuaciones infractoras referidas a los edificios 18, 21 y 28, y balsa BNC-3, que se consideran prescritas, debiendo por tanto reducirse el importe total de la multa en 12.000 euros, manteniendo la resolución en el resto de sus extremos, y quedando la sanción establecida en 194.996,97 €.

Juicio oral por delitos medioambientales y contra el dominio público contra tres altos cargos de Cobre Las Cruces.

Por otra parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, mediante Auto de 9 de mayo de 2016 ha fijado fechas para el juicio oral contra tres altos directivos de Cobre Las Cruces, su anterior Consejero Delegado, Francois Fleury, su anterior Director de Mina, William Thomas, y la todavía Directora de Medio Ambiente, Paz Cosmen, por un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente.

Se fijan los interrogatorios de los tres acusados para el 18 de septiembre de 2017, y declaraciones testificales y periciales para los días posteriores entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2017.

Por tanto, el juicio se celebrará 9 años después de que en septiembre de 2008 la Fiscalía elevara al Juzgado nº19 de Sevilla la denuncia presentada por Ecologistas en Acción.

Para la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, están suficientemente demostrados esos delitos por los hechos producidos durante la construcción de la mina de Las Cruces, entre abril de 2007 y mayo de 2008, con inyección de arsénico en el acuífero que atraviesa la mina, detracción ilegal de aguas subterráneas y construcción de un número importante de balsas ilegales. En aquella época, la población de Gerena aún bebía agua de pozos de ese acuífero.

La petición del Ministerio Fiscal se concreta, para cada acusado, en 4 años de prisión, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión y multa de 9.000 € por el delito contra el medio ambiente y 1 año y 6 meses de prisión y 2.700 € de multa por el delito de daños al dominio público. Además se solicita una responsabilidad civil solidaria para los tres acusados de 322.381,6 € y se cifra en 285.069,42 € los costes de restauración ambiental por los daños provocados.

Las investigaciones empezaron en la primavera de 2007 cuando Ecologistas en Acción trasladó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pruebas sobre la presencia masiva de balsas ilegales de aguas fuertemente contaminadas por todo el recinto minero de Las Cruces, durante la fase de construcción de la corta minera. A partir de las denuncias de Ecologistas en Acción, la CHG pudo comprobar durante un año como CLC incumplía de manera radical todas las condiciones de la autorización del llamado Sistema de Drenaje Reinyección (SDR), que en teoría debía servir para proteger el acuífero que atraviesa la mina. En vez de protegerlo, CLC estaba maltratando el acuífero, provocando detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado y además había instalado más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico al acuífero. En mayo de 2008, después de desobedecer durante un año todas las advertencias de los técnicos, la CHG decidió suspender la autorización del SDR y paralizar la construcción de la mina hasta que se pudiera garantizar la protección del acuífero. Entonces, Ecologistas en Acción presentó 7 denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que tras realizar sus Diligencias de Investigación decidió en septiembre de 2008 elevar querella al Juzgado por presuntos delitos medioambientales.

La instrucción de las Diligencias Previas en el Juzgado nº19, desde septiembre de 2008 hasta mayo de 2012, concluyó con la imputación de tres altos directivos de CLC, que ha conseguido retrasar durante cuatro años el curso de este procedimiento, mediante recursos y peticiones dilatorias.

Ecologistas en Acción muestra una vez más su satisfacción por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido realizado por el Juzgado nº19 y la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción del procedimiento, analizando con rigor las múltiples diligencias solicitadas por Ecologistas en Acción, estimándolas o rechazándolas de manera razonada, y recabando numerosos informes a diferentes organismos técnicos.

En contraste, las administraciones públicas, tanto la CHG como la autoridades medioambientales y mineras de la Junta de Andalucía autorizaron la reapertura de la mina en 2009 (anulada posteriormente por el TSJA) modificando las autorizaciones al capricho de CLC, incumpliendo las legislaciones medioambientales y en materia de aguas y permitiendo durante todos estos años a CLC seguir extrayendo ilegalmente más un millón de m3 anuales de aguas subterráneas.