Debido a estos fallos, un grupo de cinco inspectores inició una inspección reactiva y emitieron una nota el 27 de enero de 2016. Ante esta nota, la Dirección General de Seguridad convocó una reunión con los directivos de Almaraz antes de reunirse con sus inspectores y tener información de primera mano. Estas piezas dejaron de mantenerse en 1997, cosa que los directivos de la central comunicaron directamente a la Dirección General de Seguridad (DGS) del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ocultándola a la inspección reactiva. La DGS prohíbe a los inspectores incluir este hecho en el acta por no haberse obtenido durante la inspección, a lo que los inspectores reaccionan pidiendo volver a la planta para completar su inspección y añadir los nuevos hallazgos. La DGS se lo niega, protegiendo los intereses de la central.
A pesar de existir una causa común de los fallos de las bombas, el CSN no requiere un informe de suceso notificable, como es preceptivo. Finalmente, se permite a las dos unidades de Almaraz seguir funcionando sin parar para revisar a fondo las bombas, basándose en un informe emitido por la empresa francesa AREVA. La misma que fue motivo de escándalo en Francia por haber falsificado más de 500 protocolos de seguridad.
Para Ecologistas en Acción estos sucesos muestran claramente la nula cultura de seguridad de los explotadores de la central nuclear de Almaraz y la falta de rigor del CSN para exigírsela, lo que provoca que la central funcione con niveles de seguridad degradados.
Ante esta situación, el Parlamento portugués aprobó por unanimidad el 29 de abril pedir al Gobierno español el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Almaraz debería pararse al menos para reparar las bombas y debería cerrar definitivamente en 2020, cuando expire su permiso de explotación.