Apoyo a la Plataforma Stop Uranio

Se trata de un intento de amedrentamiento, por parte de la poderosa empresa, a una organización ciudadana que lucha contra un proyecto que ocasionaría un destrozo medioambiental irreversible.

El Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y el bloguero Jesús Cruz, activista de esa Plataforma, han sido citados en el Juzgado de Ciudad Rodrigo este miércoles 22 de junio a las 10h. de la mañana a un acto de conciliación con la empresa Berkeley Minera de España S.A. La empresa les pide 500.000 € para no interponer una querella por injurias y calumnias. La empresa Berkeley argumenta que les ha hecho perder ese dinero al manifestarse en contra de la apertura de una mina de uranio a cielo abierto en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca).

Ecologistas en Acción de Extremadura opina que nos encontramos ante un caso de intento de amedrentamiento, por parte de una empresa poderosa, contra una organización ciudadana que lucha contra un proyecto que ocasionaría un destrozo medioambiental irreversible en un espacio natural de la provincia salmantina. Además, de salirse con la suya, este caso sentaría un precedente extremadamente peligroso en nuestro país, que podría tener repercusiones imprevisibles para las organizaciones que defienden el medio ambiente contra la depredación de los recursos naturales por parte de las multinacionales.

La empresa Berkeley Minera España S.A. tiene intención de abrir una mina a cielo abierto en la provincia de Salamanca (España) cerca de la frontera de Portugal, en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. Para ello tiene concedido el permiso de explotación por la Junta de Castilla y León. Además, el Ministerio de Industria ha dado la autorización previa para la planta de concentrado de mineral de uranio que Berkeley Minera de España S.A. quiere ubicar en la zona de Retortillo.

La empresa provee de materia prima a la Centrales Nucleares de todo el Estado, que son una industria innecesaria, obsoleta, peligrosa y contaminante. En Europa sólo hay minas de uranio en la República Checa y Rumanía, habiéndose clausurado todas las minas de uranio en Europa occidental. Países como Francia, Portugal o España han abandonado esta actividad minera por su alto impacto ambiental y escasa rentabilidad.

Los habitantes de esta zona se oponen a la mina por los efectos negativos que esta actividad va a suponer para la Comarca:

  • La existencia de una mina a cielo abierto a pocos kilómetros de algunos pueblos supondrá molestias y peligros para las personas que viven en esa comarca: explosiones con expulsión de polvo para la atmósfera (efecto negativo del gas radón), así como trasiego continuo de camiones y maquinaria diversa. También hay que contar con los efectos negativos que para el Medio Ambiente tienen este tipo de explotaciones: se formará un cráter de varias hectáreas de extensión y más de un centenar de metros de profundidad, con la consiguiente pérdida de la masa forestal, desviaciones de los cursos de agua, etc.
  • No hay que olvidar que se trata de una mina de uranio, y así, el Consejo de Seguridad Nuclear exige que los residuos que se producen sean considerados como radioactivos (información ocultada a los ayuntamientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes). Estos residuos, calificados como radioactivos de primera categoría por el CSN, serán almacenados en la mina de por vida. Sabemos que el peligro radioactivo de la minería de uranio está más que demostrado para la salud de los mineros y de los habitantes de la zona.
  • Quienes están a favor de la mina argumentan que creará empleo en la zona, pero la misma empresa minera reconoce que, de los 200 trabajadores que contará la mina, sólo el 10 % serán personal no cualificado que puede proceder de los habitantes de los municipios cercanos a la mina. Además sólo serán contratados por un periodo de 9 años.

Lo que no dice la empresa son los empleos que destruirá. Hay 65 personas trabajando en los Baños de Retortillo que ven peligrar su puesto de trabajo, pues una actividad minera tan cercana es incompatible con los valores que promueven los balnearios. La actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada. Hay serios riesgos de que la ganadería se contamine con una radioactividad excesiva y que los productos cárnicos derivados no puedan superar los controles sanitarios pertinentes. El turismo también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la actividad minera.

La instalación minera cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Esta declaración está recurrida en instancias europeas, pues la mina se asienta al lado del río Yeltes, cuyas márgenes han sido declaradas como espacios ZEC y ZEPA según el reciente DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.

En esa D.I.A. se recoge que el proyecto tiene “coincidencia con la zona de importancia para la cigüeña negra”, señalando la existencia de un nido de esa especie a 350 m. de la cinta transportadora que se pretende construir para traspasar el mineral de Santidad a la zona de Retortillo, donde se va a asentar la Planta de Tratamiento de uranio. También se cita que se pueden ver afectadas especies «En Peligro de Extinción» y «Vulnerables» como el Milano real, la Cigüeña negra, el Alimoche, Murciélago grande de herradura o Murciélago de cueva. Otra especie amenazada con el proyecto es la Sarda salmantina, pequeño pez que habita en la zona del río Yeltes donde irían a parar los vertidos de la mina.

La empresa pretende el cambio del uso del suelo para poder explotar la mina. Este cambio de uso todavía no ha sido aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, que en noviembre del año pasado devolvió el expediente a los ayuntamientos para que valoraran de nuevo la petición de Berkeley. El ayuntamiento de Villavieja pone pegas al proyecto en base a que el Consejo de Seguridad Nuclear considera los residuos de la mina como radioactivos de primera categoría y sin embargo la empresa ocultó este dato a los Ayuntamientos. El Ayuntamiento de Retortillo, tampoco ha tramitado ese cambio de uso.

La Confederación Hidrográfica del Duero también ha concedido el uso del agua del río Yeltes para la mina, pero tiene pendiente la autorización de los vertidos al mismo río, habiendo alegado la mayor parte de los Ayuntamientos de la zona en la fase de información pública a que fue sometido el proyecto a finales del mes de junio de 2015.

Según los datos que se tienen, la empresa minera ha repartido dádivas entre los municipios afectados (se firmaron convenios con los Ayuntamientos, por los que se dieron miles de euros a cuenta de futuros permisos) y se ha rodeado de “lobbistas” (el caso del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela) para conseguir el beneplácito de las distintas administraciones. Presume ante futuros inversores de la escasa y envejecida población que habita en la Comarca, personas con nula capacidad de movilización para oponerse a este proyecto minero impensable en otras partes de España o de Europa.

En definitiva, Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia el acoso judicial que están sufriendo los/as representantes de la Plataforma Stop Uranio, por el simple hecho de defender un derecho ciudadano como es la conservación de la naturaleza y el disfrute de un medio ambiente sano. Además, se muestra convencida de que este proyecto no beneficia en nada a la comarca donde pretende asentarse, sino que, más bien al contrario, dañaría irreversiblemente los recursos económicos y medioambientales de la zona. Un proyecto que pretende cambiar la faz de una zona de alto valor ecológico (se arrancarían 25.000 árboles, casi todos encinas de lento crecimiento), aunque haya serias dudas sobre la rentabilidad del mismo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la comarca.




Visitantes conectados: 508