Vertidos al Tajo, un caso muy grave que exige explicaciones por parte del Ministerio

Las revelaciones de eldiario.es sobre el sobreseimiento de una sanción de casi 600.000 euros al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por el vertido de aguas contaminadas procedente de la depuradora municipal son de extrema gravedad.

Según los datos publicados, la depuradora carecía desde 2012 de autorización de vertido por infracciones previas cuando entre septiembre y noviembre de 2014 dio lugar a un nuevo vertido que contaminó gravemente el río Tajo. La Confederación del Tajo estimó en tres millones los litros de agua “con una carga alta contaminante” que se vertieron al arroyo Cañares y de aquí al Tajo.

Probados los hechos por los análisis e informes técnicos del área de calidad de aguas de la Confederación del Tajo, y verificada también tanto la falta de autorización de vertido como la reincidencia, se resolvió sancionar por infracción muy grave al ayuntamiento como titular de la depuradora, lo que conllevaba una multa de 454.000 euros y una indemnización por daños en el dominio público hidráulico de 136.000 euros. Algo perfectamente razonable dados los hechos y que habla bien, al menos en esta ocasión, del ánimo de la Confederación de perseguir y sancionar la contaminación en el Tajo.

Pero la sanción fue recurrida ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige la Sra. Tejerina, y un caso a todas luces claro y bien documentado empezó a girar de sentido. El ayuntamiento consiguió primero que se le rebajara la multa a 50.000 euros y luego que se anulara totalmente la sanción. Para ello el Ministerio esgrimió un informe de la Abogacía del Estado según el cual no se podía determinar si la responsabilidad por el vertido era del propio ayuntamiento o de la empresa gestora de la planta, esto es, de Aqualia perteneciente al grupo FCC.

Al parecer la Abogacía del Estado y el propio Ministerio desconocían que el Tribunal Supremo ya ha emitido varias sentencias en casos similares y en ellas determina con total claridad que la responsabilidad del vertido en una depuradora municipal es del titular de la misma, es decir, del ayuntamiento. Por ejemplo, hay un fallo de la sección 4 de lo contencioso-administrativo de este tribunal de fecha 28 de marzo de 2014 contra el recurso de casación 448/2012 del ayuntamiento de Tarancón en el que se señala que la prestación del servicio por un tercero no priva al titular de su competencia ni le desvincula de sus obligaciones.

Entonces ¿Por qué el Ministerio y la Abogacía del Estado eximieron al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán de sus obligaciones y no les obliga a reparar el daño causado al río Tajo? A ésta y a otras cuestiones tan o más comprometidas debe responder ahora el Ministerio que dirige la Sra. Tejerina y el equipo de gobierno del ayuntamiento.

Ecologistas en Acción prepara ya una batería de escritos a dirigir a la Ministra, a la Confederación del Tajo y al ayuntamiento de La Puebla de Montalbán para que se aclaren todas las circunstancias. En primer lugar, las que tienen que ver con la resolución del expediente sancionador que parece tan turbio como las propias aguas del Tajo. Y, en segundo lugar, para que se dejen de producir vertidos contaminantes al río, solucionando de una vez los problemas que hay en La Puebla de Montalbán y que afectan a la gestión de la depuradora.

Mientras se preparan y llegan esos escritos y se contestan no estaría de más que las administraciones empezaran a dar explicaciones y a actuar.

El Ministerio, con su Ministra en funciones a la cabeza, debe explicar porque se obviaron las sentencias del Tribunal Supremo que imputan la responsabilidad de los vertidos de depuradoras municipales a los ayuntamientos. Ya que no se entiende que quienes deben tener el más alto conocimiento jurídico en materia de calidad de aguas pasaran por alto nada menos que los dictados del Tribunal Supremo.

El ayuntamiento de La Puebla de Montalbán debe explicar porque funciona tan mal la depuradora municipal y resuelva de una vez los problemas graves de vertidos que hay en su municipio. Aparte de por su responsabilidad en el caso, el equipo de gobierno debe ser consciente del daño que su actuación está provocando no sólo en el río sino en las justas reivindicaciones de mejora de su calidad frente a las extracciones del trasvase Tajo-Segura y a los vertidos procedentes de Madrid.