Al mediodía de ayer viernes, en el sur de la provincia de Soria se ha podido apreciar la llegada de nubes de tonalidades oscuras procedentes de la provincia de Guadalajara. La posible llegada de la nube tóxica del incendio de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches se ha visto ratificada por las mediciones de la estación de calidad del aire del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la localidad de Campisábalos (Guadalajara), situada en el límite entre las provincias de Guadalajara y Soria, en la Sierra de Pela.

Esta estación de fondo regional, que habitualmente registra niveles de contaminación bajos, a las 4 de la tarde de ayer ofrecía una medición de contaminación por partículas PM10 muy superior a lo esperable, coincidiendo con una predición de viento del sur: 65 microgramos de partículas por metro cúbico de aire (μg/m3), mientras que a la misma hora la estación de la ciudad de Guadalajara ofrecía una medición de 46 μg/m3, ambas muy por encima de todas las estaciones de control de la contaminación del entorno.

El incremento de la contaminación por partículas PM10 en Campisábalos comenzó a las 12 de la mañana, cuando se alcanzó una concentración de 27 μg/m3, coincidiendo con un pequeño pico de dióxido de azufre, indicativo del paso de la nube tóxica hacia Soria. A las 14 horas el nivel de PM10 se mantenía en 28 μg/m3 para ascender a 34 μg/m3 a las 15 horas y a los citados 65 μg/m3 a las 4 de la tarde.

Sorprendentemente, Campisábalos era de las pocas estaciones de la Península Ibérica que a esa hora superaba los 50 μg/m3, a pesar de que según un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la localidad con el aire más limpio de España, y la tercera del mundo. Sirva como comparación que en la ciudad de Soria se registraban a esa hora 7 μg/m3, por lo que aparentemente no estaba afectada por la contaminación de esa columna de humo.

A las 6 de la tarde la contaminación por partículas ya había bajado en Campisábalos a 38 μg/m3, recuperando niveles normales a la hora siguiente, inferiores a 20 μg/m3. No obstante, durante esta madrugada se han vuelto a superar niveles de 30 μg/m3, indicativos de que continúa la dispersión de la contaminación del incendio de Chiloeches hacia Castilla y León.

La expresión PM10 se refiere a las partículas “gruesas” de menos de 10 micras de diámetro, cuya medición es interesante porque presentan una mayor capacidad de acceso a las vías respiratorias y por lo tanto mayor afección a la salud humana. Si estás partículas “gruesas” han llegado a 80 kilómetros del incendio de Chiloeches, es probable que otras partículas más pequeñas y sustancias tóxicas gaseosas como el cancerígeno benceno hayan llegado más lejos.

Que tales concentraciones de contaminantes superen o no los niveles establecidos por la normativa o los recomendados por la OMS, sólo lo sabremos si se ubican medidores teniendo en cuenta la meteorología que condiciona la dispersión de la contaminación. Por tal motivo, Asden-Ecologistas en Acción de Soria se ha dirigido a la Junta de Castilla y León, y más en concreto a sus Servicios centrales de Extinción de Incendios, que son los únicos que están operativos fuera del horario de oficinas, para que desplacen estaciones móviles de medición de la contaminación al sur de la provincia de Soria.

Con el objeto de tener bien informada a la población se deberían coordinar todas las administraciones implicadas (Juntas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, Ministerio) e instalar ya una amplia red de medidores que proporcionen una aproximación o modelo geográfico de la contaminación, que permita fijar medidas preventivas para la población y también estudiar en un futuro inmediato sus efectos ambientales.

En Castilla y León existen actualmente tres plantas comerciales de tratamiento de residuos industriales peligrosos como la incendiada en Chiloeches: Indureco en Venta de Baños (Palencia), Distiller en Ólvega (Soria) y Cetransa en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Las tres han sufrido incidentes serios en el pasado (la de Indureco directamente ardió en 2006) y han recibido pronunciamientos judiciales contrarios que ponen en tela de juicio su seguridad. Se trata además de instalaciones que reciben un intenso tráfico de residuos de toda España, consolidando el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos tóxicos del Estado.