Se reconoce la electrosensibilidad como causa de incapacidad para trabajar

Mientras la electrohipersensibilidad (EHS) es reconocida como causa de incapacidad para trabajar en ámbitos “con wifi, telefonía inalámbrica y antenas de telefonía móvil”; el gobierno central en funciones acaba de aprobar una normativa laboral que, en la línea solicitada por los lobbies de las telecomunicaciones, consolida los elevados límites de contaminación electromagnética sin incidir en las alternativas tecnológicas que la reducen.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconoció recientemente a un ingeniero de telecomunicaciones de la multinacional Erickson una incapacidad permanente total para trabajar en entornos de contaminación electromagnética [1]. Sentencia ejemplar [2] que deja en evidencia la ausencia de Zonas Blancas y visibiliza unos límites de exposición desfasados que no tienen en cuenta los bioefectos recogidos por la biografía médica, en contradicción, entre otros, con las alertas de la Agencia Europea del Medio Ambiente desde 2007 [3], las Resoluciones del Parlamento europeo en 2008-2009 [4] y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –APCE- en 2011 [5], así como con el Dictamen de la sección TEN del Comité Económico y Social Europeo del 2015 [6] y los posicionamientos autonómicos y municipales a favor de aplicar la resolución 1815 de la APCE y/o el reconocimiento de la EHS [7] desde 2011 hasta la actualidad.

El TSJM sigue los pasos judiciales ya iniciados tanto en el Estado español [8] como en otros países comunitarios y extracomunitarios [9], en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo en 2009 que “pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren” [10]; y en línea con los posicionamientos de numerosas asociaciones profesionales del ámbito de la salud y el medio ambiente [11], y numerosos llamamientos internacionales [12].

Unos quince días después de emitirse esta sentencia, y en sentido contrario, se aprueba el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos [13]. Si los límites de exposición a la contaminación electromagnética permitidos a la población general [14] son cuestionados por atender solo a los efectos térmicos y no a los bioefectos, este Real Decreto permite límites de exposición aún mayores en el puesto de trabajo, doblando e incluso multiplicando por 5 los valores requeridos para la población general. Esta norma de salud laboral aunque reconoce la existencia de los bioefectos (sin informar de que estos se dan en límites mucho menores que los límites de exposición permitidos en la población general), no contempla los efectos a largo plazo ni establece las indicaciones concretas de como minimizar tecnológicamente la exposición, indicaciones, que por otro lado ya está dando agencias sanitarias y asociaciones profesionales [15].

Estas medidas contrastan con las llamadas a la prevención desde el ámbito sindical, especialmente en el ámbito escolar, reivindicando el “fomento de la conexión a Internet por cable, para evitar los problemas de salud derivados de las conexiones wifi, y favorecer la integración en la comunidad escolar de las personas con hipersensibilidad electromagnética” [16], como ya se aplica en las escuelas infantiles en Francia [17] y en las guarderías municipales de Hospitalet [18].

Desde la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), en la que participa Ecologistas en Acción, y Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la salud, co-impulsores del Manifiesto Europeo por una regulación de la exposición a los campos electromagnéticos que proteja realmente la salud, seguimos solicitando [19] a las distintas administraciones medidas de protección reales ante la contaminación electromagnética en todos los ámbitos de la vida y especialmente a la población infantojuvenil, en la línea de la resolución 1815 de la APCE, así como el reconocimiento y atención integral de la EHS, en línea con el Dictamen de la sección TEN del CESE de enero de 2015.




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