Ley Turística de las Islas Verdes: la mayor chapuza legislativa del Parlamento de Canarias

La Centinela-Ecologistas en Acción, la Asamblea Ecologista de La Palma y la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias califican de chapuza legislativa la aprobación de las modificaciones de la Ley de ordenación de la actividad turística de La Gomera, El Hierro y La Palma.

Las modificaciones introducidas en la Ley 6/2002 de ordenación de la actividad turística de La Gomera, El Hierro y La Palma es la mayor chapuza legislativa que ha salido del Parlamento de Canarias en toda su historia, y esto lo saben hasta quienes las han aprobado. Viciada desde sus inicios, hay que recordar que la iniciativa legislativa promovida desde el Cabildo de La Palma surge como respuesta a las exigencias de conocidos empresarios dedicados a la especulación inmobiliaria y a los reveses judiciales del Plan Especial de Ordenación Turística de La Palma. Con estos mimbres, la mayoría parlamentaria ha hecho un cesto que rezuma irregularidades por todos lados, en su tramitación y en su contenido, emborronando los motivos y el articulado de la Ley con arbitrariedades y contradicciones, y perpetrando la desobediencia a una sentencia firme al dar categoría de “interés estratégico” y apariencia de legalidad a actuaciones declaradas nulas por el Tribunal Supremo.

La aprobación de las modificaciones de esta Ley también ha servido al Gobierno de Canarias como experimento para comprobar las tragaderas del Parlamento y chequear la salud del pacto y sus posibles alternativas cara al debate sobre la Ley del suelo. En este sentido, es triste ver a un Partido Socialista Canario noqueado y sin identidad que, salvo honrosas excepciones, se deja arrastrar de la mano de Coalición Canaria hacia las posiciones del neoliberalismo más feroz que ha conocido la política en estas islas, protagonizado por el presidente Clavijo y su consejera de política territorial, y jaleado por el Partido Popular y la patronal inmobiliaria.

El resultado de todo esto, contrariamente a lo que se hartan de decir desde el Cabildo de La Palma, no va a ser el inmediato desarrollo turístico de la isla sino, nuevamente, la parálisis, ya que si antes había inseguridad jurídica, ahora tenemos inseguridad jurídica al cuadrado, ya que todo plan o actuación que se ampare en esta Ley puede caer por la inconstitucionalidad de la propia Ley. Con un problema añadido: la aprobación exprés de un proyecto de los llamados de “interés estratégico” generaría a sus promotores unos derechos adquiridos que habría que indemnizar con dinero público en el caso más que probable de que los tribunales confirmen su nulidad.

Nuevamente el Cabildo de La Palma huye hacia adelante, vende humo y genera expectativas que no se van a cumplir, en vez de abandonar las políticas que favorecen la especulación y por fin tomarse en serio la actividad turística, una actividad que en estas islas debe caminar por vías diferenciadas, basada en la riqueza natural y cultural propias y no en imposturas trasnochadas como los campos de golf, en la rehabilitación urbana y paisajística y no en la extensión del urbanismo por el suelo rústico, que sustente el desarrollo de la agricultura y no que le arrebate sus recursos como el suelo y el agua.

Creemos, en definitiva, que la actividad turística debe contribuir al reparto de la riqueza y no a la consolidación del modelo de desigualdad que hace que en Canarias se bata simultáneamente el record de llegada de turistas y el de precarización del empleo, el de beneficios empresariales, y el de la pobreza. Es ese modelo injusto e insolidario el que ha presidido la aprobación de las modificaciones en la Ley 6/2002.