Nuevo intento de poner en marcha la mina de Salave

El manifiesto, con el título “La minería metálica: un nuevo horizonte para la minería asturiana” pretende dar respuesta a la mala imagen que para una parte importante de la sociedad suponen las actividades ligadas a la minería, en este caso la minería metálica (oro, plata cobre y fluorita) al tiempo que se intenta volver a abrir la puerta al proyecto minero de Salave.

Con un desayuno informativo en Uviéu, y la permanente presencia en el ambiente de los problemas de percepción social y de aceptación de estas actividades por las comunidades afectadas, todos los ponentes insistieron en la necesidad de una mejor información y comunicación para combatir esta atmósfera, creada, según palabras de Juan José Cerezuela, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalurgia-CONFEDEM, por los “apóstoles del pánico” que hacen que la protección sobre los “nidos de lagartijas” supere la de quienes ostentan los derechos de exploración minera, derechos, que serían “en muchos casos conculcados".

Indica que esta situación tiene mucho que ver con una Ley de minas “obsoleta y preconstitucional” que no tiene en cuenta la nueva distribución territorial.

Por su parte Isaac Pola, director general de Minería y Energía del Principado de Asturias, además de relatar todo lo que supone desde el punto de vista de la actividad, la minería metálica, en Asturies, y de “bendecir el manifiesto” insistió en la necesidad de mejorar la información y comunicación, para contrarrestar las posiciones de oposición, las cuales, en algunos casos, estarían ligadas a “intereses no confesables”.

Desde Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, compartimos esa visión de la Ley de minas, preconstitucional y obsoleta, que desde luego ha de ser modificada, pero está claro que en la dirección contraria, no para seguir apartando a las Comunidades Autónomas o locales, en algunos casos más proclives a la defensa de la ciudadanía, más cuanto más cercana, sino para que su gran poder, que hace que todo lo que se encuentre tenga derecho a ser extraído, sea igualada por una legislación ambiental del mismo nivel.

Mientras el sector plantea claramente sus posiciones, y habla de “responsabilidad social corporativa” conocemos las sentencia contra la mina de Cobre Las Cruces, que la condena a 300.000 € de multa por contaminación y extracción ilegal de aguas subterráneas, y que también a más de un año de cárcel y a un año de inhabilitación especial a los tres acusados, directivos de la empresa minera, de sendos delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público. Todo porque, según informaban los técnicos de la Confederación “el espíritu y letra de la autorización de la mina se estaba incumpliendo en todos sus flancos”.

Está claro que todo esto supone el inicio de un nuevo intento de poner en marcha el proyecto minero de Salave, paralizado por el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, mientras que seguimos estamos pendiente de los resultados de los expediente abierto contra la mina de oro de Boinás (Belmonte de Miranda) multada en anteriores ocasiones y a la que, según indica el representante del estado en el Observatorio de la Sostenibilidad del Principado de Asturies, tenía revocada su nueva Autorización Ambiental por no cumplir los condicionados que se le habían impuesto en la misma, por lo que, según informa el Director General de Calidad al ser revocada esta autorización sigue vigente la anterior, una AAI y una autorización de vertido que no contempla el selenio ni otros elementos contaminantes, motivo por el cual se les está sancionando.




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