La legislación extremeña, permisiva con la corta de encinas y otros árboles

Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regulan los aprovechamientos forestales en Extremadura, ya que entiende que este decreto y su modificación fomentan la permisividad para la corta de arbolado sin control.

Nuestra organización ha podido comprobar en estos años que el citado “Decreto de aprovechamientos forestales”, hoy objeto de modificación, ha supuesto una desregulación con respecto a la vigilancia que la Administración con competencias en el ámbito forestal y ambiental extremeño debe realizar principalmente sobre la corta de arbolado autóctono, provocándose un uso y abuso desmesurado por parte de otros gestores públicos y particulares. Desgraciadamente, esta modificación no viene a resolver esta situación, sino que incide en desregular la capacidad de control de la Administración regional sobre el medio forestal, que se ejerce a través de sus ojos en el campo, que son los Agentes del Medio Natural. Y es que una cosa es facilitar al resto de Administraciones y particulares las actividades relacionadas con el medio forestal, y otra es dejar la tala de arbolado a la libre interpretación de éstos.

Las cortas “a matarrasa” de Quercus sp. u otros árboles en caminos, carreteras provinciales, locales y autonómicas, riberas, etcétera, ha sido la nota predominante en estos años, sin una previa supervisión de los Agentes del Medio Natural que, de hecho, son los que conocen los verdaderos valores que hay que preservar en el terreno, y que en la mayoría de los casos se han encontrado sin la posibilidad de supervisar que la actividad que se pretende realizar sea compatible con la preservación de los valores ambientales o paisajísticos. Si esto sigue así, casos como el de Majadas de Tiétar, donde el pasado mes de septiembre se talaron 400 encinas en una finca privada, algunas de ellas centenarias, dejarán de ser puntuales para convertirse en algo habitual.

Por ello, Ecologistas en Acción de Extremadura considera que dicho decreto debe modificarse para devolver a los Agentes del Medio Natural el control supervisado de los trabajos forestales, exigiendo la obligatoria notificación previa de los trabajos, a diferencia de lo que se pretende con la modificación planteada, en la que se considera suficiente la presentación de una “declaración responsable”, la cual no conlleva un control previo de las actividades forestales a realizar, entre ellas la corta de árboles.

En este sentido, nuestra organización reclama que los trabajos que realicen otros organismos públicos y particulares sean obligatoriamente supervisados y notificados, para que los agentes puedan ejercer su labor supervisora con todas las garantías de prevención necesarias. De tal manera, los trabajos que realicen los diferentes organismos públicos en sus ámbitos respectivos de gestión, deben quedar sujetos a “Declaración Responsable Supervisada” por los Agentes del Medio Natural y con obligación de comunicar el inicio de los trabajos previos.

Todo ello en un contexto en que la presencia de especies arbóreas-arbustivas evolucionadas, como el rebollo, el quejigo o los madroños, es cada vez más escasa en determinadas zonas donde se produce una excesiva explotación agrícola-ganadera. Además, se debe tener en cuenta que las actuales circunstancias de cambio climático inciden en agravar el problema, sobre todo en el centro-sur de la provincia de Badajoz, por lo que se deben incrementar aún más los esfuerzos por proteger estas especies en dichas zonas, sobre la base de su rareza.

Finalmente, Ecologistas en Acción solicita en estas alegaciones que se modifique dicho decreto para que todos los desbroces de matorral deban ser notificados y/o autorizados por la Administración, así como supervisados por los Agentes del Medio Natural, independientemente de su superficie y o pendiente, de manera que el inicio de los trabajos sea comunicado previamente al agente de zona. Actualmente, esto sólo es obligatorio para las superficies de más de 50 hectáreas, por lo que en ocasiones se recurre a la picaresca y, a la hora de plantear los trabajos, se subdividen las fincas grandes en parcelas más pequeñas para evadir la obligación de comunicación previa. Además, la falta de comunicación fomenta que aumenten los casos en los que no se cumple con los requisitos de protección de la biodiversidad, o de protección del dominio público (riberas, vías pecuarias, etc.).




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