Denuncian al Diputado Bernabé por presunta prevaricación

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente diversos actos administrativos y hechos presuntamente cometidos por el Diputado Francisco Bernabé durante su etapa como Consejero de Ordenación del Territorio.

Las actuaciones habrían tenido la presunta intención de favorecer los intereses de la mercantil Áridos del Mediterráneo, SA (ARIMESA), para legalizar la cantera ilegal del Zacacho, que tiene una orden firme de cierre, sin ejecutar, desde enero de 2015.

Una cantera que lleva más de 40 años en la ilegalidad:

  • ARIMESA ha sido denunciada durante años por Ecologistas en Acción debido a su situación irregular y al impacto ambiental en la Sierra de Orihuela-Santomera.
  • La cantera del Zacacho lleva más de 40 años funcionando sin licencia municipal para la actividad extractiva, tal y como recoge la Sentencia 373/2008, de 30 de abril, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia.
  • Esta sentencia motivó que el Ayuntamiento de Santomera decretara en 2009 el cierre de la cantera, acto recurrido por la mercantil. Dicho recurso fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Murcia, en su sentencia de 4 de noviembre de 2013, que fue finalmente ratificada por la sentencia 25/2015, de 29 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, siendo firme y sin posibilidad de recurso.
  • Uno de los factores que la organización considera clave en el periplo de esta cantera ilegal, es que ARIMESA pertenece a Pedro García-Balibrea, Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia y Presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, cuya influencia en el Gobierno Regional es evidente.

Un exConsejero que podría haber prevaricado

En la denuncia, la organización señala que el exConsejero de Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé Pérez, el Jefe del Servicio Jurídico y el Subdirector General de Ordenación del Territorio participaron en la subsanación del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera, a través de la Orden de junio de 2015, ignorando total y absolutamente los trámites legales establecidos para permitir la legalización y ampliación de la actividad de la cantera ilegal del Zacacho.

De hecho, ARIMESA no sólo no acata el decreto de cierre, sino que tendría la pretensión de ampliar su explotación ilegal hasta cubrir casi 100 hectáreas, obviando la mencionada sentencia firme de 2015.

Pero además, recuerda la organización ecologista, esa ampliación afectaría a la sierra de Orihuela-Santomera, clasificada en el PGMO como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, por sus importantes valores ambientales.

Para los ecologistas, la Consejería de Ordenación del Territorio dictó una Orden que podría considerarse presuntamente como prevaricadora, al modificar el PGMO de Santomera sin contar con el correspondiente trámite administrativo y ambiental y, lo más grave, sin el conocimiento y la participación necesaria del Ayuntamiento de Santomera.

Actuaciones administrativas insólitas.

Ecologistas en Acción recuerda que la Consejería de Ordenación del Territorio dictaminó la obligación de garantizar la ausencia de impacto negativo sobre el medio ambiente, pero la negativa de ARIMESA a someterse a dicho trámite, y la connivencia del Gobierno Regional para evitarlo, ha llevado al más absoluto esperpento, llegando a incorporarse informes desconectados de determinados departamentos de la administración regional, con el aparente objetivo de intentar exonerar a la mercantil de su obligación legal de someter la actividad a una Evaluación de Impacto.

En esta categoría destaca otro hecho inconcebible, también remitido al Fiscal, que es un reciente informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA), de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que declara abiertamente la ausencia de impacto de dicha cantera sobre la fauna, sin justificación técnica que avale tal afirmación, y que se emite en contestación a una inaudita consulta realizada por la mercantil al departamento de Juan Madrigal de Torres.

Una valiosa sierra amenazada.

La Sierra de Orihuela esta protegida como LIC (ES5213026 "Sierra de Orihuela") y como ZEPA (ES0000461 "Sierras del Sur de Alicante") en su parte Alicantina, pero curiosamente no continúa ese nivel de protección en la parte murciana, a pesar de que los valores ambientales no desaparecen tras el límite administrativo.

Entre sus valores cabe señalar que alberga una buena comunidad de rapaces rupícolas, destacando una pareja de Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus), una de las rapaces más amenazadas de europa [1].

De hecho Ecologistas en Acción advierte que la cantera del Zacacho se encuentra abrazada por un Área Potencial de expansión del Águila Perdicera, decretada recientemente por el Plan de Recuperación [2] de esta especie catalogada en Peligro de Extinción [3], junto al LIC y ZEPA del lado alicantino de la Sierra de Orihuela-Santomera, así como al LIC ES6200033 Cueva de Las Yeseras, que alberga una de las mejores colonias de Quiropteros de la Región de Murcia.

También están presentes el Halcón peregrino (Falco peregrinus), el Búho Real (Bubo bubo) y el Águila Real (Aquila chrysaetos).

Por otro lado, es importante la presencia de hábitats de interés comunitario (Categoría 1 "MUY RAROS Y PRIORITARIOS" por la Directiva Hábitats [4]) y de especies de flora protegida, como Rabogato rosado (Sideritis glauca), Ajo de flor negra (Allium melananthum), Cardo amarillo de roca (Centaurea saxicola) y Commicarpus africanus, todas ellas catalogadas como “Especie Vulnerable” en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia [5].

Resulta evidente que en la Sierra de Orihuela-Santomera, no se puede ejercer actividades que deterioren esos importantes valores ambientales.

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera los hechos denunciados como muy graves y esperan que se depuren responsabilidades judiciales, ya que supone un claro intento de sortear de forma presuntamente fraudulenta una legislación ambiental concebida precisamente para garantizar que los intereses privados no acaben con el valioso patrimonio natural que debemos preservar.




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