Intento de reclasificación ilegal de terrenos protegidos en Motril

Políticos y funcionarios municipales podrían vulnerar, a sabiendas, la legislación urbanística, ambiental y las leyes de transparencia.

Tras el anuncio de convocatoria de un pleno municipal en el Ayuntamiento de Motril para el próximo 28 de octubre se esconde una de las operaciones urbanísticas más oscuras de los últimos años. Se trata de reclasificar 22.000 metros cuadrados de suelo protegido para cultivo tradicional de chirimoyos, para que el grupo inversor almeriense Godoy Durán, pueda rentabilizar la compra de terrenos que pactó hace años a precio de terreno urbano.

La operación de reclasificación está dirigida por el arquitecto Ángel Gijón.

Pero las administraciones públicas deben velar por el estricto cumplimiento de las leyes, con independencia de la prisa que un grupo inversor tenga para satisfacer sus intereses especulativos, muy alejados del interés general de protección del medio ambiente al que se deben esas administraciones públicas.

Los terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola, Cultivo Tradicional, según el PGOU vigente en Motril, que fue redactado bajo la dirección de Marife Montero Pleite, cuando dirigía como arquitecta municipal el Servicio de Urbanismo de Motril, actualmente Viceconsejera de Presidencia y Administración Local. Por eso y porque como Viceconsejera tiene competencias en materia de transparencia, desde Ecologistas en Acción hemos dirigido comunicación indicándole los graves incumplimientos de la Ley de Transparencia Publica de Andalucía y del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica que se está produciendo en la tramitación de este pelotazo urbanístico, por parte de la alcaldesa del PSOE de Motril, Flor Almón.

Se trata de una operación en la que se mueve mucho dinero y que por ese motivo, hay que analizarla con luz y taquígrafos. Es necesario conocer quiénes son los actuales propietarios de los terrenos a reclasificar, y las relaciones de estos, si las hubiere, con las personas funcionarias o autoridades políticas que vayan a tomar decisiones sobre esa reclasificación. En caso de que existan esas relaciones, esas personas tienen la obligación de abstenerse de intervenir, tal como obligan las leyes, …, y la decencia.

Y para evitar la oscuridad que habitualmente ampara posibles negociaciones prohibidas a personas funcionarias y autoridades, se debe aplicar con todo rigor las leyes de transparencia, salvo que precisamente lo que se pretenda es primar los intereses particulares frente a la protección ambiental de cultivos tradicionales.

Las expectativas de reclasificación a Suelo Urbanizable con Uso Terciario Comercial para instalar grandes centros comerciales, no deberían condicionar las decisiones e informes de funcionarios públicos del Servicio de Urbanismo de Motril, dirigido actualmente por el arquitecto Juan Fernando Pérez Estévez. Los intereses empresariales o políticos no deberían tampoco condicionar los informes de la Secretaría General del Ayuntamiento de Motril, que en el ejercicio de sus funciones tiene que garantizar el estricto cumplimiento de las leyes urbanísticas, ambientales y de transparencia. Y por supuesto, tampoco deberían estar condicionadas las decisiones de ninguno de los grupos políticos del pleno municipal.

Las leyes de transparencia establecen la obligación de publicar en la web municipal o portal de transparencia todos los documentos que sean sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Y sin embargo, esto no se ha cumplido en este caso, a pesar de que Ecologistas en Acción lo ha reclamado reiteradamente desde julio. Nunca se han publicado en sede electrónica los documentos de esta operación urbanística. Y nunca se ha iniciado una verdadera Evaluación Ambiental Estratégica establecida por la legislación europea, la Directiva 2001/42/CE, sino que lo que se ha hecho es usar la misma tramitación ambiental fraudulenta que provocó en octubre de 2015 la anulación del PGOU de Marbella, mediante tres Sentencias del Tribunal Supremo.

El resultado es que se ha hurtado la verdadera participación ciudadana exigida por la legislación europea, donde la ciudadanía tiene derecho a conocer y opinar sobre diferentes alternativas que no estén previamente decididas, incluida la alternativa de conservar los cultivos tradicionales y desechar o reubicar el pretendido desarrollo comercial, que además puede generar el hundimiento de un gran número de pequeños comercios locales, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.


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