El fracking amenaza a Guadalajara y Soria

Rechazo al proyecto Cronos de fractura hidráulica.

Julio Martínez. Revista Ecologista nº 90.

En 2013, el BOE publicó el permiso para el proyecto Cronos de ‘fracking’ que afecta a las provincias de Guadalajara y Soria. Desde entonces, la contestación social de distintos colectivos ecologistas y sociales no ha parado.

La fractura hidráulica cuenta cada vez con menos apoyos. Sus defensores insisten que esta técnica asegura la independencia energética del Estado español. Pero sus detractores resaltan las afecciones ambientales que tendría el fracking. Seísmos, contaminación de las aguas, emisiones de gases a la atmósfera, ocupación excesiva del territorio, escasa productividad… Éstas son algunas de las razones que esgrimen para intentar parar este tipo de explotaciones.

Actualmente, el proyecto Cronos es uno de los que existen en España de fractura hidráulica. Se trata de una iniciativa de 96.961,2 hectáreas, de las cuales unas 17.500 están en la provincia de Guadalajara y, el resto, en Soria. El Real Decreto 317/2013, de 26 de abril, es el que otorgó el actual permiso de investigación a la empresa Frontera Energy Corporation SL.

A pesar de lo temprano del proceso, ya se está hablando de las afecciones ambientales que tendrá esta iniciativa. Entre ellas, el peligro de contaminación del acuífero que surte a las cabeceras de los ríos Tajuña y Dulce. Además, hay varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 afectados por el mencionado proyecto, y que tienen la calificación de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Recurso contra el permiso

Ecologistas en Acción de Guadalajara interpuso un recurso de reposición a la concesión del permiso de investigación. Uno de los argumentos que se emplearon fue la vulneración del ordenamiento jurídico, al no existir una adecuada evaluación de las repercusiones de la fractura hidráulica en zonas de alto valor ambiental. “Se ha aprobado el programa de trabajos de investigación Cronos sin que la Administración se haya asegurado de que este permiso no causaba impactos directa o indirectamente a las zonas incluidas en la Red Natura 2000” señalan los grupos ambientalistas

Además, desde Ecologistas en Acción se denuncia la conculcación del principio de precaución en materia ambiental. Este precepto exige que: “Ante la falta de certeza científica sobre la posibilidad de sufrir un daño sobre la naturaleza, se deben adoptar las medidas de protección necesarias, previamente a que se produzca el deterioro del entorno”. Por eso el recurso plantea que los problemas ecológicos y sanitarios hay que preverlos de antemano e impedir que lleguen a producirse, ya que muchos de ellos pueden ser irreparables a posteriori.

Además, no existe informe de impacto medioambiental y también se incumple la protección del dominio público hidráulico y de calidad de las aguas. “No sabemos qué efectos tienen los aditivos químicos que se introducen para la fracturación hidráulica, algunos de ellos altamente peligrosos y otros, simplemente, desconocidos”, continúa el recurso. Por eso se pedía la anulación del permiso de investigación del proyecto Cronos.

Pero la petición fue denegada por el Gobierno en septiembre de 2013. La Administración argumentó que se trataba de una concesión que cumplía la normativa. En abril de este año, el Tribunal Supremo volvía a respaldar la concesión del permiso en una sentencia contraria a la mencionada petición de anulabilidad.

Sin embargo, desde el Ministerio de Industria se establecían una serie de medidas de protección medioambiental para las actuaciones que se desprendieran del proyecto Cronos. Entre ellas, la presencia de un técnico ambiental que asesorara a la concesionaria en aspectos como la elección del trazado de las pistas forestales, la tala, poda y desbroces; la gestión del agua subterránea y superficial; la correcta gestión de los residuos o n la restauración medioambiental.

Además, se pedía evitar utilizar cargas explosivas, minimizar la ocupación de terrenos, proteger y potenciar la vegetación circundante o gestionar convenientemente el agua empleada para estas actividades. También se exigió un programa de restauración edáfica, geomorfológica y vegetal de las zonas afectadas por las investigaciones.

La disconformidad crece

Pero estas decisiones no fueron suficientes para los afectados. Por ello, se creó en 2013 la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara que publicó un manifiesto en el que se señalaba que la fractura hidráulica “supone un grave riesgo para la salud humana y el medio ambiente”.

El manifiesto mantiene que existe una gran preocupación por “las nefastas consecuencias para las cuencas fluviales del Ebro y del Tajo, para la comarca y para la provincia”, firman un grupo de alcaldes y concejales de ayuntamientos de la zona, asociaciones, colectivos y vecinos que se reunieron en Alcolea del Pinar (Guadalajara) para constituir la plataforma.

Una postura que es compartida en Soria. Desde la Asociación Desarrollo Verde también muestran reparos a esta técnica. Su presidente, Marcos Martínez Luna, denuncia algunas de las afecciones que podría tener esta técnica para Soria, entre ellas la contaminación atmosférica y de acuíferos y el incremento de la sismicidad.

La frontera regional

A pesar de ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado dificultar el fracking. “Viendo que no se puede prohibir la fractura hidráulica, puesto que es una competencia del Ministerio, planteamos generar una ley para establecer medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente”, aseguró el exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González –en el cargo hasta el 13 de septiembre–. Sin embargo, la Junta llevó a cabo todo el desarrollo legal.

La norma se encuentra en proceso de aprobación pero en el cuarto borrador ya se pueden observar algunas de las decisiones que se implementarán. Por ejemplo, el Ejecutivo autonómico se atribuye la facultad de elaborar un plan estratégico regional “para prevenir, gestionar y reducir los impactos y los riesgos para la salud pública y el medio ambiente derivados de esta técnica [por el fracking] en su territorio” (art. 3.1).

También plantea la zonificación de la región, para establecer áreas especialmente vulnerables y en las que la fractura hidráulica quede restringida (art. 3.3.b).

Según el recién dimitido consejero “se quiere garantizar que el fracking no provoque ningún tipo de afección al entorno”, concluye. Pero no ocurre lo mismo en Castilla y León, la otra comunidad afectada por el proyecto Cronos.

“El problema es que este proyecto depende de dos comunidades autónomas y mientras que ambas no legislen en contra de la mencionada técnica, persistirá el problema”, explica Javier Ruiz, portavoz de la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara. “Porque da igual que se limite aquí [Guadalajara] pero se mantenga allí [Soria]. Si se contamina la provincia de al lado, nos están contaminando también”, concluye.




Visitantes conectados: 407