Con motivo del primer aniversario de la rotura de una presa de la empresa minera Samarco en elmunicipio de Mariana (Minas Gereis, Brasil), el día 5 de noviembre de 2015, la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y poner fin a la Impunidad, de la forma parte Ecologistas en Acción, expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas. Para las organizaciones de la campaña, este suceso se trata de un crimen social, ambiental y económico perpetrado por la empresa minera Samarco, propiedad de las multinacionales Vale y la británica BHP Billinton.

Saludamos y mostramos nuestro apoyo a las organizaciones y movimientos sociales que desde el 31 de octubre marchan desde la localidad de Regencia (en Espíritu Santo, Brasil) donde el barro tóxico liberado por la el complejo minero de Samarco llegó a través del Rio Doce al Océano Atlántico. Las aguas residuales de la actividad minera, transportadas por la riada de lodo y minerales, contaminaron y destruyeron la vida a su paso, en lo que supone la peor catástrofe de la historia de este tipo de incidentes. El caso es similar al desastre ecológico que la empresa sueca Boliden causó con un vertido de residuos tóxicos en el Parque Nacional de Doñana en 1998. También parecido a la catástrofe química más grave de la historia de Hungría en 2010 por la rotura de una balsa con residuos obtenidos del proceso de producción de aluminio que se cobró, por lo menos, diez víctimas mortales y 120 heridos.

En Europa tenemos una gran responsabilidad en el crimen de Samarco porque el 21% de la producción de hierro se exporta a este continente. La Unión Europea es responsable de políticas económicas y comerciales que expanden el negocio de la minería y permiten la importación de recursos naturales cuya extracción está violando sistemáticamente los Derechos Humanos. De manera adicional, se firman tratados de comercio e inversión para blindar la impunidad de los crímenes de las empresas trasnacionales como Vale y BHP Billiton.

Situaciones como la vivida por la población que circunda el Río Doce son la cruda muestra de lo que venimos denunciando desde el inicio de la Campaña Global: que la actividad de las empresas se produce a expensas de la vida de los pueblos y sus comunidades, violando sus derechos humanos sin importar el país en donde operen. Mariana, como otros crímenes de empresas transnacionales en muchos países del mundo, desenmascara la “responsabilidad social corporativa” y evidencia el engaño detrás de la lógica de la regulación voluntaria.

Luchamos de manera conjunta por la justicia y compensación a todas las personas afectadas, casoa caso, pero también para acabar con el poder económico y político extremo de las empresas trasnancionales que manipulan nuestras democracias, en particular a la justicia.

La movilización por un tratado internacional sobre derechos humanos y empresas trasnacionales es parte de este proceso de lucha. Es la forma en la que la lucha en Mariana se solidariza con los mineros de Marikana (África), con pueblos Indígenas de Dakota del Norte (EE UU), con las trabajadoras de Rana Plaza (Bangladesh), con las poblaciones afectadas por la Chevron Texaco en Ecuador, y las comunidades que resisten al espolio social y ambiental en Honduras.

¡Globalicemos la lucha por la soberanía de los pueblos!