El obstruccionismo de la Dirección General de Medio Ambiente

Ecologistas en Acción denunció ante el Seprona, a principios de este año, los vertidos procedentes de una almazara situada en el Polígono Industrial ExpacioMérida, propiedad de la empresa “Consorcio Oleícola Extremeño, S.A.”, consistentes en un líquido negruzco que, tras los análisis pertinentes del Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Extremadura, demostró contener unos altos niveles de fenoles y un índice desmesuradamente alto de DQO (demanda química de oxígeno), lo que era síntoma evidente de que se trataba de alpechín. Los vertidos afectaban a cauces públicos, por lo que también se pusieron los hechos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pues suponían una amenaza al medio acuático, aparte de afectar a una explotación ganadera particular. Además, la empresa era reincidente, pues ya se había producido otro vertido unos meses antes, y su actuación fue catalogada por los propios técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente como INTENCIONADA, pues se descubrió una tubería semi-oculta que partía de la fábrica y que desaguaba los deshechos en el citado cauce de agua.

En aquel momento la Organización denunció, no sólo los vertidos, sino la permisividad del Director General de Medio Ambiente, que desoyó los informes de los técnicos que pedían la clausura de la actividad hasta que se acometieran las medidas correctoras necesarias y, sobre todo, hasta que se emitiera el acta de puesta en marcha de la citada actividad, ya que la empresa estaba funcionando sin tener ni siquiera esa autorización. Por esta razón, Ecologistas en Acción de Extremadura presentó denuncia contra el Director General de Medio Ambiente por un supuesto delito de prevaricación administrativa, al haber, supuestamente, dictado una resolución a sabiendas de su ilegalidad e injusticia, como era autorizar la continuidad de la actividad.

Desde entonces, la Asociación viene haciendo un seguimiento permanente de la actividad que desarrolla esta empresa contaminante, y ha realizado continuas peticiones de información medioambiental para ver el cumplimiento de la autorización ambiental que tenía concedida. Sin embargo, ante la petición de una determinada documentación relacionada con ese expediente y que podía ser bastante reveladora, la Dirección General de Medio Ambiente ya no permitió ver el expediente sin una petición por escrito y razonada.

Lo que en principio nuestra Organización suponía que sólo era una traba para ver ese expediente en concreto, se ha convertido en la nueva forma de actuar de la Dirección General de Medio Ambiente, al menos con esta Asociación. Ante las peticiones de expedientes que no estén sometidos a información pública, no se le permite examinarlos para poder solicitar y obtener copias de la documentación. Tampoco se están respetando los plazos reglamentarios de un mes para entregar las copias que viene solicitando.

Recientemente, Ecologistas en Acción de Extremadura ha recibido una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente en la que se le insta a solicitar por escrito la vista de cualquier expediente, cuando la legislación, tanto estatal como autonómica, permite tomar vista de un expediente a cualquier interesado y a cualquier asociación ecologista aun sin que ese expediente esté sometido a información pública, al tratarse de intereses generales, que pueden afectar al medio ambiente y a la salud de las personas.

Todo ello contraviene la ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Igualmente esta negativa a facilitar la información ambiental, poniendo trabas burocráticas a una asociación conservacionista, conculca el Convenio Europeo de Aarhus, donde se establece la obligación de todas las administraciones públicas de facilitar toda la información medioambiental que soliciten las asociaciones ecologistas.

Es evidente que esta actuación de la Dirección General de Medio Ambiente se debe a una "vendetta" por la denuncia que esta Asociación ecologista ha presentado contra el Director General por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

La actuación de la Dirección General de Medio Ambiente, sin ningún precedente hasta el momento, está obstaculizando de manera significativa la labor de las asociaciones ecologistas y conservacionistas en la labor de control y vigilancia medioambiental, que son los fines que el ordenamiento jurídico les tiene encomendados.

Sin embargo, nuestra organización, a pesar de estas trabas, seguirá cumpliendo con su papel de fiscalizador medioambiental y seguirá denunciando aquellas irregularidades administrativas que puedan provocar daños ecológicos, como el que provocó indiciariamente la empresa Consorcio Oleica Extremeño, S.L.