La Junta de CyL lleva años archivando denuncias relativas al medio natural

Hoy en el pleno de las Cortes de CyL el Consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, deberá responder en relación a la no tramitación de denuncias, a la falta de cobro de las mismas, y en su caso a la escasa cuantía económica de las sanciones.

La experiencia de las ONG que comunican a la Junta de CyL, a sus Agentes o a la Guardia Civil, hechos que pueden ser constitutivos de infracciones ambientales, es que archivan las denuncias, no son rigurosos en respectar el derecho de ser parte interesada, y cuando las tramitan: siempre las califican como infracciones leves y las gradúan con la mínima sanción. Esto mismo se puede apreciar en la tabla (ver más abajo) de infracciones ambientales del año 2013 en la provincia de Soria y en Castilla y León, en lo que respecta a la Junta de CyL. Si tuviéramos los datos de la Confederación del Duero y del Ebro, los datos serían similares.

Esta forma de actuar de la Junta de CyL, y de otras administraciones, tiene como efecto que el contaminar, deteriorar el medioambiente y la salud humana, así como infringir la ley sea más barato que el cumplirla. Y a su vez que tengamos que pagar entre todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, la restauración y recuperación del medioambiente dañado por los infractores. De tal forma que el poco dinero que hay para medioambiente se vaya a solucionar las agresiones de unos pocos, que actúan de forma ilegal, impune y con el beneplácito de la administración, o mejor dicho de los políticos y autoridades (cargos políticos al fin y al cabo).

A estos costes económicos hay que sumar los sueldos de tales políticos, y también la del todo engranaje administrativo que interviene en un expediente sancionador con el supuesto fin último de hacer cumplir la ley y preservar la salud ambiental. En Soria estimamos que al menos en cuestiones de temas sancionadores dedican todo su tiempo o parte del mismo los siguientes empleados públicos: unos 150 Agentes de la autoridad (Agentes y celadores medioambientales, SEPRONA, etc), 2 letrados instructores, 6 técnicos superiores, 10 administrativos, y se utilizan al menos 100 vehículos todo terreno. En resumen miles de horas laborales de puestos cualificados y de recursos públicos, etc.

Este esfuerzo público, que estimamos entre 1,5 y 3 millones de Euros (sólo en la provincia de Soria, para el ámbito regional habría que multiplicar los dato por 9) sirvió en el año 2013 para se interpusieran 1208 denuncias en materia de medio natural en lo que respecta a las competencias de la Junta de CyL en Soria, con un coste unitario de 1241 euros/denuncia emitida. Y lo recaudado realmente fue 19021,8 €. Es decir 15,7 Euros/denuncia emitida.

Con estos índices de ineficiencia es comprensible que la administración de CyL sea costosa y no resuelva los problemas ambientales, y sobre todo que no los prevenga.

Según nuestra propia experiencia, y así lo venimos denunciando desde hace años, es que el origen del problema está en los supuestos intereses de los políticos que dirigen la Comunidad Autónoma de Castilla y León por no hacer cumplir la normativa ambiental porque les resta réditos políticos o amigos. Por eso intervienen en los procedimientos administrativos personalmente o indirectamente mediante el recorte de medios, la creación de estructuras administrativas inoperantes y sobre todo mediante la colocación a dedo en puestos decisorios a personas (libre designación, comisiones de servicios o con favores administrativos clientelares) que no hacen denuncias o que no lleguen a tramitarse correctamente, o las archivan o devalúan. Hay mil procedimientos de hacerlo, y darle un falso rigor normativo.

Por supuesto puede haber deficiencias en el personal que realiza las denuncias, y así lo hemos detectado en algunos casos. Sí esa fuera la causa, y con los datos que tiene la propia Junta de CyL, se demuestra que la Consejería está dirigida, jerarquizada y organizada para que no se tramiten las denuncias, ya que no ha adoptado medidas drásticas para evitar y resolver tales errores o deficiencias.

La situación es tan grave y tan arraigada en el tiempo y en la cultura administrativa y política de la Junta de CyL, que es necesaria la adopción de medidas urgentes y drásticas para que el artículo 45 de la Constitución Española (“todos tenemos derechos a un medioambiente saludable….”) sea efectivo y vivamos en una sociedad más justa, que no favorezca al delincuente en detrimento de las personas que respetamos el medioambiente.

Expedientes sancionadores tramitados en el servicio territorial de medioambiente de Soria relativos al año 2013. Fuente: Junta de CyL [1].

MateriaNº denuncias presentadasNº denuncias tramitadas y dictaminadasImporte resoluciones sancionadoras (€)Importe ingresado (€)Eficacia [2] administrativa sancionadora (€) ingreso/denuncia
Materia forestal 859,0 113,0 6392,0 2944,4 3,4
Caza y pesca 116,0 87,0 20813,0 12426,4 107,1
Espacios naturales y especies protegidas 27,0 9,0 1000,0 200,0 7,4
Residuos 206,0 75,0 10352,0 3451,0 16,8
TOTAL 1208,0 284,0 38557,0 19021,8 15,7