Ante el pleno extraordinario sobre calidad del aire en el Ayuntamiento de Madrid, Ecologistas en Acción quiere dejar claro que cumplir la ley, y al mismo tiempo proteger la salud de las personas que viven en la ciudad, no deja más que una posibilidad: ser más estrictos en las medidas planteadas. Ante la pretensión del PP de hacer justo lo contrario, esto es, volver a los niveles de exigencia del protocolo contra la contaminación de la corporación anterior, esta organización ecologista recuerda que durante su aplicación se alcanzaron los peores registros de contaminación por el contaminante que pretendía controlar, el dióxido de nitrógeno.

Ecologistas en Acción lamenta que a estas alturas, tras seis años de incumplimiento persistente de la legislación de calidad del aire, con la amenaza de una multa por parte de la Comisión Europea por el mismo motivo, después de que la propia Comisión rechazara la petición de prórroga presentada por el Gobierno municipal de Ana Botella para seguir vulnerando los límites máximos de contaminación por dióxido de nitrógeno. La Comisión argumentó que las medidas que se prometían eran demasiado timoratas y no reducirían significativamente la contaminación, como así efectivamente ocurrió… después de todas estas evidencias, aún se plantea que se debe reducir la ambición de las pocas medidas que se están tomando para luchar contra la mala calidad del aire.

Más evidencias. El 23 de noviembre de 2016, la Agencia Europea hacía público un estudio en el que cifra el número de muertos prematuros en España por este contaminante, el dióxido de nitrógeno, en 4.280 personas cada año. Una auténtica tragedia consentida. Y Madrid es precisamente una de las conurbaciones españolas donde más problemas se dan con este contaminante.

Madrid supera tanto el valor límite anual para el dióxido de nitrógeno (un valor medio anual que no debe superar los 40 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire) como el valor límite horario, que mide los picos de contaminación, y que marca que una estación no debe superar más de 18 horas al año el nivel de 200 microgramos por metro cúbico.

El 1 de marzo de 2015 entró en vigor el protocolo que ahora se pide resucitar, el aprobado por la corporación de Ana Botella. Pues bien, resulta que ese año hubo un total de 554 superaciones del valor límite horario, y un total de ocho estaciones se situaron por encima de los máximos legales, habiendo estaciones como Barrio del Pilar, con 95 superaciones, que quintuplicaron el límite legal. Y es que este protocolo ponía en marcha las primeras medidas cuando ya se llevaban varios días de superaciones legales del límite que según la Organización Mundial de la Salud nunca se debería alcanzar.

A modo de comparación, a falta de un mes para que concluya 2016, durante lo que va de este año se han producido un total de 116 superaciones del valor límite horario, y son tres estaciones las que están fuera de los límites legales, la peor de ellas Ramón y Cajal, con 30 superaciones. Esto quiere decir que estamos mejor que cuando se aplicaba el protocolo de Botella pero aún estamos por encima de los máximos admisibles y que por lo tanto hay que actuar con más ambición. Y si, como se sabe, el principal contaminador del aire madrileño es el tráfico, la única medida sensata y eficaz es reducirlo, en especial en lo referido a los vehículos más problemáticos, los diésel.

La Directiva Europea que regula los temas de calidad del aire, la 2008/50, al hablar de los planes de actuación a corto plazo, no solo no pone ninguna cortapisa sobre las medidas a aplicar sino que más bien anima a las autoridades competentes a ser decididas (artículo 24 Planes de Acción a corto plazo, punto 2): “Los planes de acción a corto plazo […] podrán, en determinados casos, establecer medidas eficaces para controlar y, si es necesario, suspender actividades que contribuyan a aumentar el riesgo de superación de los valores límite o los valores objetivo o umbrales de alerta respectivos. Esos planes de acción podrán incluir medidas relativas al tráfico de vehículos de motor”.

En definitiva, lo que está planteando el Partido Popular no es sino una insumisión a la ley. Para cumplir esta norma, para garantizar el derecho a respirar aire limpio de madrileños y madrileñas, hay que exigir al Gobierno municipal que sea más ambicioso en sus medidas, no menos.