Acaba el año y toca hacer balance de lo que ha sido 2016. Ecologistas en Acción lo hace, como no podía ser de otra manera, desde la perspectiva ambiental, eje del trabajo que sus más de 300 grupos llevan a cabo. Lamentablemente no es necesario cambiar el titular de años anteriores: no solo no se hace lo suficiente para frenar el deterioro ecológico, sino que se avanza en sentido contrario. A pesar de que el balance global es desolador, también valoramos la existencia de iniciativas que nos permiten albergar esperanzas de que se están dando pasos para cambiar el rumbo.

El gobierno del Partido Popular entra dentro del primer grupo, con políticas que hacen que la brecha de las desigualdades sociales y la crisis ambiental sean cada vez más grandes. Aunque ya no gobierna en mayoría absoluta, sigue yendo a contracorriente de lo que el planeta demanda, incumpliendo compromisos, como poner freno a la pérdida de biodiversidad, o careciendo de objetivos ambiciosos, como las decepcionantes tasas de reciclaje que tiene el Estado español, existiendo alternativas sostenibles para gestionar los residuos. El nombramiento de la ministra Isabel Tejerina, defensora de los transgénicos o de la caza del lobo al sur del Duero, es un claro reflejo de que la perspectiva productivista prima sobre la medioambiental.

Si el año pasado veíamos con ojos críticos el Acuerdo de París, la COP22 en Marrakech solo ha servido para que nos reafirmemos en la idea de que está muy lejos la intención de las/os responsables políticas/os de frenar las consecuencias del cambio climático. Esto es evidente cuando analizamos la política energética que defiende el actual gobierno, apostando por los combustibles fósiles, la energía nuclear y el oligopolio eléctrico.

La Unión Europea tampoco ha sido un escenario amable para las demandas ecologistas. A pesar de que en este ámbito se discuten cuestiones que son clave en la defensa de la naturaleza y la salud, comprobamos que los intereses del mercado compiten con ventaja sobre las políticas que pretenden restaurar el equilibrio ecológico, como la regulación de la sobrepesca, que hoy sigue siendo un objetivo lejano. Con todo, encontramos éxitos que merecemos celebrar, como lo ha sido frenar la modificación de las directivas de aves y de hábitats.

No solo en las instituciones se va en contra del medio ambiente. Este año han sido numerosos los ataques de cazadores y protaurinos y las descalificaciones a propuestas agroecológicas bajo el paraguas de quienes se dicen defensores de la ciencia.

Afortunadamente no todo son ataques contra la naturaleza. En la otra cara de la moneda, debemos destacar el creciente papel que están jugando quienes no quieren seguir por estos derroteros. No solo se denuncia y, en ocasiones, se consiguen paralizar proyectos que amenazan el medio ambiente o la salud, sino que se hacen propuestas que, como las 99 preguntas y respuestas para vivir en mundo justo y sostenible, ayudan a construir un nuevo discurso y al cambio de paradigma.

Gracias a la organización de la sociedad civil, son muchos los temas que han saltado de los despachos a las calles. Gracias a esto, han tomado una dirección distinta a la esperada. Este año, aunque estamos lejos de dar el capítulo del fracking por cerrado, la empresa BNK –una de las principales promotoras de esta técnica en nuestros territorios– ha abandonado sus proyectos y hecho las maletas. También ha sido clave nuestra actuación para informar a la población de las verdaderas consecuencias de los incendios de Seseña y Chiloeches, ante la inacción de las administraciones.

Un tema clave durante este año ha sido la oposición a los tratados de libre comercio, como el TTIP o el CETA, que, a pesar, de algunos avances, no lo están teniendo tan fácil para convertirse en realidad. La regulación de las sustancias tóxicas también ha sido un tema que ha saltado a la opinión pública. Gracias a ello, más de 150 administraciones han prohibido el uso del glifosato y se ha adquirido mayor conciencia sobre sus efectos adversos, que, esperamos, se traduzca en una mejor regulación y prohibición general, a pesar de los intereses de grandes corporaciones como Monsanto (o Bayer). También nuestro trabajo ha conseguido logros importantes en la conservación de espacios, destacando la declaración de muchos tramos de río como reservas naturales fluviales.

Otro de los escenarios en los que podemos decir que se atisba un cambio de rumbo es en la política municipal. La puesta en marcha de medidas contra contaminación atmosférica, la ya mencionada prohibición del glifosato o la prohibición en algunos municipios de los espectáculos con animales nos permiten afirmar que, aunque todavía son insuficientes, se están dando pasos en la buena dirección.

A pesar de que algunos ayuntamientos apuestan por cambiar políticas en materia ambiental, son aun mayoría los que siguen sin atender a esta cuestión. Es por ello que Ecologistas en Acción desarrolla un importante trabajo a nivel jurídico que nos ha traído algunos triunfos en 2016. La condena a Victorino Alonso por la destrucción de la Cueva de Chaves, la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exclusión de especies invasoras, la rotunda sentencia contra la mina de cobre de Las Cruces o la Ciudad del Medio Ambiente de Soria son solo algunos de los ejemplos más destacados de una actividad sostenida por muchas personas organizadas en los grupos locales de Ecologistas en Acción.

En 2017 nos enfrentamos a muchos retos. Es necesario mirar hacia el futuro de forma valiente y huir de las falsas soluciones. La transición (o transiciones) a otro modelo (económico, social y político) que sea justo y sostenible es el reto que tenemos por delante. Las decisiones que debemos tomar sobre la vida y el futuro no pueden tomarse según los dictados del mercado, sino en base al bien común y el freno al deterioro ecológico. Es, desde luego, una tarea enorme, pero no por ello menos necesaria.