Desde el 5 de abril de 2015, en que expiraba el plazo para retirar los residuos enterrados clandestinamente, por Resolución de la Junta (Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental) de enero de 2014, y no habiéndolos desenterrado aún, la Junta viene imponiendo a la mercantil multas coercitivas de 1000 € cada seis meses, otorgando nuevo plazo para su cumplimiento.

El hecho es que, entre varios trámites necesarios para la Resolución de cada multa (notificación, nuevo plazo de tres meses, inspección del lugar, etc.), cada una de ellas viene a sancionar casi 6 meses de incumplimiento. En definitiva, a RMD le sale muy barato hacer caso omiso, unos 2.000 € al año, si tenemos en cuenta que levantar dos metros de tierra en unas cinco hectáreas, y extraer los residuos, decenas de miles de toneladas, distribuidas en gruesas capas y enormes pozos, supondrá una cuantía muy considerable. Pensamos que esta cantidad, por ridícula, no supone presión alguna.

Sin embargo, esta situación no es inocua, pues ya la Universidad de León informaba, en el 2008, que las aguas subterráneas estaban contaminadas por metales pesados, como cobre, cinc y plomo, muy peligrosos para la salud, aguas que pueden estar usándose para riego o consumo directo, con riesgo evidente para la salud humana y medio ambiente en general. Luego, su extracción y saneamiento, es inexcusable cuanto antes. Téngase en cuenta que la práctica totalidad de poblaciones de la zona consumen agua obtenida por sondeos sobre los acuíferos locales.

Tras la solicitud de Ecologistas en Acción, la Junta ha aceptado a esta asociación como parte interesada en la implementación de la citada Resolución. Por ello nos comunica estas sanciones y los movimientos que tengan lugar.

De estas circunstancias, Ecologistas informará a la Comisión Europea, y exigirá rigurosamente la eliminación total de los residuos, incluyendo los grandes pozos ocultos a más profundidad, para que los metales tóxicos dejen de progresar por el terreno y acuíferos.