La Estrategia de recursos mineros de Castilla y León no responde a necesidades reales

Varios colectivos, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción, han presentado observaciones a la estrategia de recursos mineros para Castilla y León para el periodo 2016-2020. Las principales observaciones se han centrado en la ausencia de necesidad de potenciar por parte de la administración regional una actividad tan agresiva para el entorno natural de Castilla y León, como es la minería a cielo abierto.

El documento expuesto a la participación pública contenía afirmaciones tan graves como que la normativa ambiental debe obviarse en los procedimientos mineros, con el fin de poder amparar esta actividad en los espacios naturales protegidos de Castilla y León. Asimismo olvida que el patrimonio geológico y geomorfológico castellano leonés, es, y debe seguir siendo, un elemento del paisaje.

Los proyectos mineros que ya actualmente la Junta intenta que prosperen, como la mina de Uranio en Retortillo (Salamanca), o más recientemente con el proyecto pretendido en la Sierra de Ávila, así como en Otero de Herreros (Segovia), no responden a necesidades nacionales, no existe ningún documento estatal elaborado por expertos multidisciplinares que justifique su necesidad desde los puntos de vista social, laboral, y ambiental, para las necesidades de la población españolas. Sino que, más bien, provienen de intereses empresariales extranjeros con el único fin de obtener más dinero. Por lo tanto, niguno de estos proyectos puede ser conisderado de interés nacional.

No podemos olvidar que la legislación de minas es anterior a la existencia de la constitución y, por lo tanto, es necesaria la elaboración de normativa estatal que establezca los términos en que puede desarrollarse esta actividad en España, fijando la necesidad de elaborar informes justificativos de su necesidad como mencionábamos anteriormente.

A mayores, y entrando si se quiere, en cuestiones técnicas, la Junta debería tener en cuenta las directrices de aplicación de la legislación Natura 2000, así como considerar que tanto los Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, Zonas de Dominio Público Hidraúlico, áreas de montaña y ámbito territorial de los planes de recuperación de especies protegidas, no pueden albergar minas en ningún caso, pues son incompatibles conla finalidad de la conservación de estos espacios. Recuérdese para ello, el artículo 21 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dice de manera literal:

Por eso en la Sierra de Ávila, en otras zonas montañosas de la provincia de Ávila, así como de la Comunidad Autónoma, al constituir corredores ecológicos de primer orden, la minería es incompatible no sólo con la legislación vigente consecuencia de sus valores naturales, sino también con otras actividades económicas como la ganadería, el turismo rural, la apicultura o la elaboración de productos artesanales o con una calidad de vida y la salud como la que se disfruta en muchos ámbitos del medio rural castellano leonés.

La estrategia expuesta a participación también trata de vender la necesidad de más plantas de envasado de agua (negocio al que se dedica Coca Cola, entre otras). Sin embargo, no hacen falta más en Castilla y León, pues la mejor forma de garantizar la pureza de este elemento líquido indispensable para la vida es preservar los valores ecológicos de los manantiales, humedales, lagos, ríos y arroyos de nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de que los ciudadanos tengamos acceso a este preciado bien a un precio razonable y con unas garantías de calidad adecuadas que permitan su consumo. Por ello, debe lograrse que todo agua del grifo cumpla estos requisitos. Su cumplimiento además genera empleo en beneficio de todos, no solo de algunas empresas cuyo fin es el lucro particular aunque sea a costa de destruir valores naturales como ha ocurrido en Segovia o se pretendía hacer en el Valle del Corneja (Ávila).

La Junta pretende introducir también otra actividad profundamente conflictiva, el fracking. Sus graves impactos en agua, suelo, paisaje, vegetación y fauna están conllevando innumerables problemas económicos y sociales en Estados Unidos, y, consecuentemente, que varios países ya estén prohibiéndo la realización de estas explotaciones en sus territorios. En el caso del uranio, su mejor inversión es dejarlo en el subsuelo, pues su uso está fundamentalmente orientado al fomento de la energía nuclear y de la industria armamentística, que pueden poner en riesgo la supervivencia de la humanidad, bien por los accidentes que puede producir (Chernóbil, Fukushima,…) o por su utilización en conflictos bélicos.

Respecto a las turberas, se debería prohibir su extracción minera porque, además de estar presentes sobre todo en áreas de montaña o encharcadizas, la gran mayoría son hábitats de interés comunitario, algunos de ellos incluso prioritarios que están protegidos al amparo de la Directiva 92/43/CEE. En relación al granito, no debe retomarse en ningún caso la actividad de canteras como las localizadas en El Hoyo de Pinares, Hoyocasero, El Losar, Mingorría, Medinilla, Casasola, Martiherrero o La Colilla en Ávila, o en El Espinar y la Lastrilla en Segovia, al encontrarse junto a espacios de la Red Natura 2000.

Respecto a las calizas y mármoles, cualquier explotación que pueda ubicarse en Santo Domingo de Silos o Caleruega (Burgos) debería cerrarse a la mayor brevedad posible y acometer su restauración, a consecuencia de que estos dos municipios cuentan con un patrimonio histórico excepcional, además de estar incluidos en la Red de Senderos de la Ribera Burgalesa. En el caso de los áridos (gravas y otros materiales) hay que indicar que su extracción se realiza casi en exclusividad en zonas de Dominio Público Hidraúlico, alterando la morfología y dinámica fluvial de los ríos, con el consiguiente impacto ambiental asociado. Por ello, su aprovechamiento debería estar fuertemente condicionado, y prohibido en todo caso, en las Zonas de Especial Conservación (ZEC o antiguos LIC) asociadas a masas de agua.

Con la ceguera que produce el tener como único objetivo el favorecer beneficio económico de empresas extranjeras sin importar que nuestra comunidad se convierta en un queso de Gruyere, se ocultan tanto los costes sociales y ambientales como los datos reales de empleo. Tenemos como ejemplo el caso del carbón y la decadencia económica asociada a ella, y a la malversación de los fondos europeos. Un dato vale para exponer la irrelevancia del sector minero y es que solo supone el 0,4% de ocupados en Castilla y León. En el caso de los minerales industriales entre los que se incluyen las arenas feldespáticas supone tan solo el 0,05% habiéndose destruido más de 80 empleos en 8 años (de 2007 a 2014), el equivalente al 17% del total. En el caso de la mina de uranio de Salamanca los únicos empleos cualificados serán los que vengan desde fuera, y el resto serán para conducir camiones, con la contrapartida de haber destruido la dehesa salmantina.




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