Las organizaciones sociales presentan una propuesta para desarrollar el bono social eléctrico que, con las limitaciones legales actuales, proteja a los hogares en situación de vulnerabilidad. Consideran así mismo que es necesario superar el marco legal vigente para que la protección sea efectiva tanto en el ámbito eléctrico como en consumos de gas y otros combustibles y proponen la elaboración de una Ley contra la Pobreza Energética.
Ante la necesidad de desarrollar el RDL 7/2016 que se aprobó en diciembre, sobre financiación del bono social eléctrico y medidas de protección a los consumidores vulnerables, las entidades quieren asegurarse que éste sea lo más garantista posible, y alertan también de las lagunas aún pendientes.
La pobreza energética afecta actualmente en España al menos al 11 % de la población, y es sin duda uno de los temas más urgentes de la agenda política actual. El Estado español tiene además, desde 2009, una tarea pendiente: la definición de consumidor vulnerable y la concreción y ampliación de las distintas formas para protegerlos (entre ellas un bono social que se adecua a la realidad actual de la problemática), tal y como recogen las directivas europeas en materia del mercado de la electricidad y el gas en la UE y en los distintos Estados miembro.
El documento se ha presentado a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, con el ánimo de que sea tenida en cuenta en la elaboración del Reglamento o que, en un plazo máximo de 3 meses, debe desarrollar el Real Decreto-Ley 7/2016. La propuesta define los consumidores que las organizaciones consideran en situación de vulnerabilidad y de vulnerabilidad severa, en función de la renta y ciertas circunstancias agravantes, a quienes se protege frente a la interrupción de suministro y frente a los cambios indiscriminados en la contratación, ambas prácticas habituales de las grandes eléctricas que desde la sociedad civil son consideradas como abusivas e inadmisibles.
Las organizaciones sociales consideran que el RDL 7/2016 es totalmente insuficiente, porque no da una respuesta integral al drama que la pobreza energética significa a día de hoy para muchas familias, llega tarde, y sólo atiende al consumo de electricidad. Además, abre la puerta a proteger sólo a una parte de la población afectada. Sin embargo, ante este escenario, plantean que el reglamento pendiente sea lo más garantista posible, aportando propuestas concretas en varias cuestiones clave, y urgen a elaborar una Ley que mejore notablemente la protección de los consumidores vulnerables y atienda a todos los suministros energéticos y también de agua potable.
La propuesta establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. De esta forma, las empresas suministradoras tendrán la obligación de solicitar un informe a Servicios Sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. Este principio, planteado en la ley 24/2015 de Cataluña, ha permitido parar más de 30.000 cortes. Las organizaciones alertan también que el reglamento debe proteger más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por Servicios Sociales porque, por ejemplo en Cataluña, el 80 % de los casos que gracias a la mecionada ley pueden ser protegidos del corte, no estaban acudiendo a Servicios Sociales.
En cuanto al bono social las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el pasado diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, es decir, a las que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las PYMES. Así pues, se demanda una forma de financiamiento que no sea discriminatoria, desproporcionada e injusta, y que además no se pueda repercutir en la factura, suponiendo un aumento más para los consumidores. El bono social al que aspiran debe poder conseguirse de manera sencilla por parte de las personas usuarias, evitando burocracias desincentivadoras, y debe servir también para dejar de destinar dinero público de las administraciones a parar cortes, pagando recibos que deberían ser bonificados.
Más allá de estas propuestas, es esencial una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas, y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso. Es inadmisible que se prive de estos derechos tan básicos a una parte de la población por motivos de capacidad adquisitiva, cuando estamos hablando de unos servicios que generan beneficios multimillonarios a las empresas que lo controlan. Es urgente garantizar el acceso universal a los suministros básicos, y al hacerlo, no perder la oportunidad de cambiar el insostenible modelo energético actual.
