Urbanismo aberrante e inundaciones

¿Será verdad lo que dice Susana Díaz después de las últimas inundaciones? En Ecologistas en Acción tenemos nuestras dudas.

Después de las últimas inundaciones, nos sorprendemos de que la Presidente de Andalucía, Susana Díaz anuncie “que ahora la Junta de Andalucía va a extremar el rigor para que los ayuntamientos no permitan construcciones en zonas inundables para que no haya riesgo a la población. La Junta ahora mirará con lupa si hay peligro para los ciudadanos antes de aprobar planes de ordenación” según recogen diversas agencias de prensa.

Ahora tiene ocasión de demostrarlo, ya que se encuentra en tramitación el Plan Parcial SUE TH-2 Salobreña, que pretende construir seis hoteles en la zona inundable del delta del Guadalfeo.

Esta zona está considerada como inundable de alto riesgo por la propia administración hidráulica.

En el Informe de Valoración Ambiental del PGOU de Salobreña, emitido por la misma Consejería de Medio Ambiente, se dice textualmente: “El sector Sue.S-TH2 alberga diversos hábitats de interés comunitario, correspondientes a formaciones húmedas de carrizales y juncales colindantes al río Guadalfeo y la ribera marítima con importantes poblaciones de aves acuáticas ...”

A pesar de estos datos objetivos y que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico, prohíbe la construcción en zonas inundables en este tipo de terrenos, se ha permitido que los promotores presenten sus sugerencias que, de no ser tan serias las consecuencias, harían reír a cualquier persona con sentido común:

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En rojo encauzamiento previsto y en verde zona de construcción de seis hoteles de lujo.

En primer lugar proponen ampliar el cauce del río comprendido entre la carretera nacional N-340 hasta el mar, modificando los muros desde los 50 metros de anchura actuales hasta los 200 metros. Ello supondría, de entrada, expropiar a una gran cantidad de propietarios que tiene sus huertas cerca del río y eliminar el embarcadero junto a la playa. ¿Quién pagaría estas obras y las expropiaciones, los promotores o se lo quieren endosar a la administración para que lo paguemos entre todos?

Si se realiza esta actuación habría que tirar el puente que se construyó hace una década cerca de la desembocadura y que no sirve para nada, pero que se pagó con fondos europeos. ¿Quién devolvería el dinero a Europa, los promotores o los ciudadanos?

Además, al ampliar la anchura del cauce del río, el actual puente sobre el río Guadalfeo ya no sirve, habría que hacer uno nuevo más alto y de 200 metros de longitud en sustitución del que hay. ¿Quién va a pagar ese puente, los promotores o la administración que somos todos?

Está claro que después de las declaraciones de la máxima responsable política andaluza esperamos que se aplique la legislación vigente a rajatabla, tal y como parece decidida, y no se permita la aberración de construir en zona inundable, con grave riesgo para bienes y personas, y más si, como se pretende, va a costar el dinero a todos los contribuyentes para que algunos, los de siempre, hagan su negocio.




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